En un acto que marca un hito en la política de restitución de tierras en Colombia, más de 600 familias campesinas del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, recibieron formalmente la adjudicación de 1.254 hectáreas de tierra productiva. La entrega, coordinada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pone fin a una espera que para muchas de estas familias se extendió por más de tres décadas, tiempo durante el cual vivieron en condiciones de vulnerabilidad extrema, despojo y destierro.
El dato más revelador de esta adjudicación no es solo la extensión del terreno ni el número de beneficiarios: es que la gran mayoría de los nuevos propietarios ostentan la condición jurídica de víctimas de desplazamiento forzado, lo que convierte esta entrega en un acto de justicia transicional con profundas implicaciones sociales, económicas y simbólicas para una región históricamente azotada por el conflicto armado y el paramilitarismo.
Contexto y antecedentes
Montelíbano es uno de los municipios más complejos del departamento de Córdoba y del Bajo Cauca colombiano. Durante décadas fue escenario de intensos enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares y fuerza pública, lo que generó uno de los fenómenos de desplazamiento forzado más graves del país. Miles de familias campesinas fueron expulsadas de sus territorios, y sus tierras terminaron en manos de terratenientes, actores armados o simplemente quedaron improductivas tras el abandono masivo.
El marco legal que permite esta clase de adjudicaciones existe desde la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria, reforzado posteriormente por la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la implementación ha sido históricamente lenta, burocrática y, en muchos casos, bloqueada por intereses económicos y amenazas contra reclamantes. La actual administración del presidente Gustavo Petro ha colocado la reforma agraria como uno de los ejes centrales de su mandato, lo que ha impulsado procesos como el de Montelíbano.
La ANT, entidad ejecutora de estas adjudicaciones, ha intensificado su trabajo en departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre y el Caribe colombiano en general, donde la concentración de la tierra históricamente ha alcanzado niveles de desigualdad extrema. Córdoba, en particular, tiene uno de los índices Gini de tierras más elevados del país, lo que refleja una distribución profundamente inequitativa del suelo productivo.
Los puntos clave
- Más de 600 familias campesinas de Montelíbano, Córdoba, recibieron formalmente la adjudicación de 1.254 hectáreas de tierra, poniendo fin a una espera de más de treinta años para muchas de ellas.
- La mayoría de los beneficiarios tienen reconocimiento jurídico como víctimas de desplazamiento forzado, lo que enmarca la entrega dentro de los procesos de justicia transicional y reparación integral.
- La Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue la entidad responsable de coordinar y ejecutar la adjudicación, en el marco de la política de reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro.
- Córdoba es uno de los departamentos con mayor concentración histórica de la propiedad rural en Colombia, con un índice Gini de tierras que refleja una desigualdad estructural de décadas.
- La entrega de tierras no solo tiene un valor económico sino también simbólico: representa el reconocimiento del Estado colombiano de una deuda histórica con comunidades campesinas víctimas del conflicto armado.
¿Qué significa esto?
La adjudicación de estas 1.254 hectáreas no es un gesto cosmético: tiene consecuencias concretas sobre la vida de cientos de familias que ahora cuentan con un activo productivo, un arraigo territorial y una garantía de no repetición del despojo. Para quienes vivieron el desplazamiento forzado, el regreso a la tierra propia es también un proceso de reconstrucción identitaria. Sin embargo, el reto real comienza ahora: acceder a crédito rural, asistencia técnica, mercados formales e infraestructura productiva será determinante para que estas familias puedan hacer de esa tierra una fuente sostenible de vida y no simplemente un título en papel.
El impacto también se mide en términos de soberanía alimentaria. Montelíbano y la región del San Jorge tienen condiciones agroecológicas favorables para cultivos de pancoger, ganadería menor y otros sistemas productivos campesinos. Si el Estado acompaña esta adjudicación con inversión real en proyectos productivos, la región puede avanzar hacia una mayor autonomía alimentaria y reducir la dependencia de cadenas de abastecimiento externas que históricamente han excluido al campesinado. El fracaso o el éxito de este proceso dependerá en gran medida de la institucionalidad que lo acompañe en los próximos años.
Perspectiva para América Latina
La disputa por la tierra en Colombia resuena con fuerza en toda América Latina, donde la concentración de la propiedad rural sigue siendo uno de los principales factores de desigualdad, migración interna y conflicto social. Países como Brasil, Guatemala, Honduras y Perú enfrentan tensiones similares entre comunidades campesinas e indígenas que reclaman territorios históricamente despojados y poderes económicos que defienden el statu quo. El caso colombiano es observado con atención en la región, no solo por la escala del conflicto armado que generó el desplazamiento, sino por los mecanismos institucionales que se han desarrollado para reparar ese daño. La Ley de Víctimas de 2011 y los avances del Acuerdo de Paz de 2016 son referentes que organizaciones campesinas y movimientos sociales de otros países latinoamericanos estudian como posibles modelos.
Para la comunidad hispanohablante global, este proceso también interpela sobre un debate más amplio: el derecho a la tierra como derecho humano fundamental. En un mundo donde la agroindustria y los fondos de inversión extranjeros acaparan cada vez más territorio productivo, la redistribución de tierras a pequeños campesinos representa una apuesta política y ética por modelos de desarrollo más justos e inclusivos.
En las próximas semanas y meses, la atención deberá centrarse en si el Estado colombiano garantiza el acompañamiento integral a estas 600 familias: protección frente a eventuales amenazas de actores armados que aún operan en la región, acceso efectivo a servicios rurales y apoyo técnico para hacer productiva la tierra adjudicada. La entrega de los títulos es el comienzo, no el final, de un proceso que definirá si Colombia es capaz de transformar su promesa de paz territorial en realidad concreta para los campesinos más vulnerables del país.
