Noventa y nueve combatientes —hombres, mujeres y adolescentes— entregaron sus armas y uniformes en el departamento de Putumayo, en uno de los gestos de desmovilización más significativos registrados en Colombia en los últimos años. Las imágenes, calificadas de inéditas, muestran a exintegrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) cambiando sus camuflados por camisetas blancas, símbolo de su voluntad de reintegrarse a la vida civil y abandonar el conflicto armado.
El acto fue respaldado por el alto comisionado para la Paz, Armando Novoa, quien subrayó que este hecho demuestra que ‘es posible construir la paz y la convivencia en los territorios a través del diálogo’. Los uniformes militares serán destruidos por el Ministerio de Defensa, como parte del protocolo oficial que sella el compromiso de no retorno a las armas. Para una región como Putumayo, históricamente azotada por la violencia guerrillera, el narcotráfico y la disputa territorial, este paso representa un respiro significativo.
Contexto y antecedentes
La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano es una estructura armada que agrupa a disidencias y grupos insurgentes de orientación bolivariana que operan principalmente en la frontera colombo-ecuatoriana y en departamentos como Putumayo, Nariño y Caquetá. Este territorio ha sido durante décadas un corredor estratégico para el tráfico de drogas, la extorsión y el reclutamiento forzado, lo que ha mantenido a sus comunidades atrapadas entre la presencia del Estado y la de los grupos armados ilegales.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha apostado por la llamada ‘paz total’, una política que busca negociar de forma simultánea con distintos actores armados al margen de la ley. Esta estrategia ha generado resultados mixtos: mientras algunos procesos han avanzado con ciertas estructuras de las disidencias de las FARC y el ELN, otros han enfrentado rupturas y acusaciones de incumplimiento. La dejación de armas en Putumayo se inserta en este marco político como uno de los logros concretos que el gobierno puede mostrar en medio de un proceso que no ha estado exento de críticas.
El antecedente más cercano es el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que aunque representó un hito histórico, no logró desmovilizar a todos los grupos. Surgieron disidencias que rechazaron los términos pactados, y otras estructuras armadas llenaron los vacíos de poder dejados en territorios como Putumayo. Es precisamente en ese contexto donde la CNEB cobró relevancia operativa en los últimos años.
Los puntos clave
- 99 personas desmovilizadas: El grupo incluye hombres, mujeres y adolescentes, lo que evidencia el impacto del reclutamiento de menores en las filas de grupos armados ilegales.
- Cambio simbólico de uniforme: La sustitución del camuflado por camisetas blancas fue documentada visualmente como acto formal de renuncia a la lucha armada y compromiso con la reinserción social.
- Destrucción de uniformes: El Ministerio de Defensa se hará cargo de la destrucción del material militar entregado, siguiendo protocolos que buscan evitar su reutilización por otros grupos.
- Respaldo institucional: El alto comisionado para la Paz, Armando Novoa, participó en el acto y calificó el hecho como ‘un paso importantísimo’ en la dirección correcta del proceso de paz total.
- Ubicación estratégica: Putumayo es uno de los departamentos con mayor presencia histórica de grupos armados ilegales y con altos índices de cultivos de coca, lo que hace aún más relevante cualquier avance en materia de desmovilización.
¿Qué significa esto?
Más allá del simbolismo, la desmovilización de 99 combatientes tiene consecuencias concretas en el territorio. Significa que casi un centenar de personas —incluyendo menores de edad— tendrán acceso a programas de reintegración que, en teoría, les ofrecerán educación, apoyo psicosocial y opciones económicas lícitas. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la dejación de armas sino en lo que viene después: la garantía de no repetición, la oferta real del Estado en zonas históricamente abandonadas y la protección de estas personas frente a posibles represalias de las estructuras armadas que aún operan en la región.
Para las comunidades de Putumayo, cada combatiente que abandona las armas es también un potencial vecino, un ciudadano que debe reaprender a convivir en sociedad y que la sociedad misma debe estar dispuesta a recibir. El proceso de reintegración en Colombia tiene precedentes exitosos pero también fracasos documentados, especialmente cuando el Estado no logra sostener sus compromisos en el largo plazo. El éxito de este acto dependerá, en gran medida, de la voluntad política y los recursos que se destinen a dar seguimiento real a cada una de estas 99 personas.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano sigue siendo una referencia obligada para América Latina en materia de resolución de conflictos armados internos. Países como Venezuela, Ecuador, Perú y México observan con atención el modelo de ‘paz total’ impulsado por Petro, no solo porque los grupos armados colombianos tienen tentáculos transfronterizos —la CNEB opera en zonas limítrofes con Ecuador—, sino porque la experiencia colombiana ofrece lecciones sobre qué funciona y qué no en procesos de negociación con actores violentos. Para Ecuador, en particular, la desmovilización en Putumayo puede significar una reducción de la presión en su frontera norte, donde la violencia derivada del conflicto colombiano ha golpeado con fuerza en los últimos años.
En términos más amplios, este hecho recuerda a la región que la paz no es un destino sino un proceso continuo que requiere instituciones sólidas, voluntad política sostenida y, sobre todo, atención real a las causas estructurales que empujan a jóvenes a engrosar las filas de grupos armados: la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal de territorios enteros.
Lo que hay que seguir de cerca en las próximas semanas es el inicio efectivo de los programas de reintegración para estos 99 excombatientes, la respuesta de otras estructuras de la CNEB ante este acuerdo y si el gobierno logra mantener las condiciones de seguridad en Putumayo que permitan que este gesto de paz no quede reducido a un acto simbólico sin consecuencias duraderas sobre el terreno.
