El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado a conocer un documento adicional que amplía de forma significativa el alcance del polémico acuerdo entre el presidente Donald Trump y la agencia tributaria federal, el IRS. El escrito, de apenas una página, prohíbe al organismo fiscal continuar o iniciar cualquier tipo de auditoría o inspección contra Trump, su familia y sus empresas.
Un escrito que va más allá del acuerdo original
El nuevo documento fue publicado discretamente el martes, apenas un día después de que se divulgara un acuerdo separado de nueve páginas vinculado a la demanda de 10.000 millones de dólares que Trump interpuso en enero contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de la renta.
Según el texto del anexo, el IRS queda ‘para siempre impedido y excluido’ de iniciar o proseguir cualquier tipo de reclamación, recurso o inspección contra el mandatario, así como contra personas ‘relacionadas o vinculadas’ con él y los fideicomisos y empresas asociados. La renuncia abarca todas las declaraciones fiscales presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo.
El documento fue firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien curiosamente no figuraba entre los firmantes del acuerdo original. Ese texto llevaba las rúbricas del fiscal general adjunto Stanley Woodward, del comisionado del IRS Frank Bisignano y del abogado de Trump Daniel Epstein.
Preguntas sin respuesta desde el Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia no explicó por qué la renuncia no se incorporó al texto original ni por qué las firmas difieren entre ambos documentos. En un comunicado, la institución se limitó a señalar que ‘como es habitual en los acuerdos, ambas partes han firmado renuncias a diversas reclamaciones que se presentaron o podrían haberse presentado’.
‘Tendría poco sentido resolver varias reclamaciones importantes si cualquiera de las partes pudiera, acto seguido, tratar de iniciar nuevas reclamaciones adversas que podrían haberse planteado anteriormente’, añadía la declaración. También precisó que el acuerdo ‘se refiere únicamente a auditorías ya existentes, no a las futuras’.
El polémico ‘Anti-Weaponization Fund’
La controversia no se limita al nuevo escrito. Antes de su publicación, la propia demanda ya había generado un fuerte debate, dado que Trump litigaba de facto contra un organismo federal que, en última instancia, depende del poder ejecutivo que él mismo encabeza.
Aunque el IRS opera con cierto grado de independencia dentro del Departamento del Tesoro, los críticos advierten que el caso estableció una dinámica sin precedentes: un presidente en ejercicio enfrentado judicialmente a una agencia supervisada por su propia administración.
La tensión se agudizó aún más tras conocerse que el acuerdo incluye la creación de un ‘Anti-Weaponization Fund’ dotado con 1.776 millones de dólares financiados con dinero público. Según el Departamento de Justicia, el fondo está destinado a compensar a personas que consideren haber sido objeto de investigaciones o procesamientos con motivación política.
El Partido Demócrata y diversas organizaciones de ética pública han cuestionado con dureza tanto la estructura como la supervisión del fondo, señalando que sus normas de gobernanza permanecen poco claras. Blanche defendió la legalidad del acuerdo durante una comparecencia ante el Congreso celebrada el mismo martes.
Un debate sobre la independencia institucional
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la autonomía de los organismos fiscales en Estados Unidos. Para muchos analistas, la combinación del blindaje ante auditorías y la creación de un fondo millonario financiado con recursos públicos representa una concentración de poder sin antecedentes claros en la historia reciente del país.
La controversia está lejos de cerrarse. Legisladores de la oposición anunciaron que continuarán exigiendo explicaciones sobre el origen de los fondos, los criterios de acceso al fondo antiarmamentización y el verdadero alcance de las restricciones impuestas al IRS.
