El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en protagonista de una de las jornadas judiciales más intensas de los últimos años en España. El martes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentaron antes de las ocho de la mañana en su domicilio para notificarle su imputación formal en el denominado caso Plus Ultra.
Los delitos que le atribuye el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, son de gran gravedad: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Todo ello en el marco de la operación bautizada como ‘Tíbet’.
Registros simultáneos en Madrid
Al mismo tiempo que se le comunicaba la imputación, los agentes llevaron a cabo registros en dos ubicaciones clave. La primera fue su despacho profesional en la calle Ferraz de Madrid. La segunda, las oficinas de Whathefav S.L., la agencia de comunicación que dirigen sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, también investigada en la causa.
La actuación coordinada de la UDEF truncó además un viaje que el expresidente tenía planificado para ese mismo día. Según fuentes próximas al caso citadas por ‘El Confidencial’, Zapatero tenía reservado un billete de Air Europa con salida desde el aeropuerto de Barajas a las 16:10 con destino a Santo Domingo. Desde allí, habría tomado un avión privado rumbo a Caracas, con llegada prevista a las 21:50 hora local.
El desplazamiento, descrito como de carácter privado y sin reflejo en ninguna agenda oficial, habría sido planificado con urgencia tras las informaciones publicadas la semana anterior que ya situaban a Zapatero en el centro de las pesquisas policiales.
Sin restricciones de movimiento, por ahora
Por el momento, la imputación no conlleva ninguna medida cautelar. El expresidente conserva su pasaporte y puede abandonar España libremente. Sin embargo, esa situación podría cambiar el próximo 2 de junio, fecha en la que el juez Calama ha citado a Zapatero a declarar ante la Audiencia Nacional.
Casi dos millones en presuntas comisiones ilegales
El auto de imputación, que se extiende a lo largo de 88 páginas, concluye de forma indiciaria que el entorno del expresidente habría percibido presuntas comisiones ilegales por un importe cercano a los dos millones de euros. Ese dinero habría sido posteriormente blanqueado a través de lo que la resolución judicial describe como ‘mercantiles fantasma’, facturas ficticias y testaferros.
En el centro del esquema aparece la figura de Julio Martínez Martínez, descrito en el auto como amigo de Zapatero y exasesor de Plus Ultra. Su empresa, Análisis Relevante S.L., habría abonado al expresidente unos 450.000 euros bajo el concepto de supuestas ‘asesorías globales’.
Esa misma sociedad también habría transferido 239.755 euros a Whathefav, la agencia de sus hijas, a través de contratos de asesoría que el juez califica como mera justificación documental para encubrir los pagos.
Otra pieza del engranaje investigado es Summer Wind S.L., una agente de carga que operaba con Plus Ultra y que el magistrado describe como sociedad instrumental para triangular pagos. Según el auto, esta empresa recibió ingresos de la aerolínea por cerca de cuatro millones de euros y realizó pagos por 213.202 euros a Afitta S.L., otra firma vinculada a Julio Martínez Martínez.
Influencia ante la aviación venezolana
La investigación va más allá del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó para Plus Ultra en 2021. El auto desvela una segunda línea de actuación: la supuesta intervención ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para garantizar las autorizaciones de vuelo de la compañía durante la pandemia.
Por esa intermediación, Julio Martínez Martínez habría cobrado al menos 458.000 euros. El juez recoge incluso un intercambio de mensajes entre este empresario y el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del INAC venezolano, que data de julio de 2021 y que refuerza la tesis de una red de influencias organizada a ambos lados del Atlántico.
El caso promete ser uno de los procesos judiciales más seguidos de la legislatura, con el expresidente obligado a responder ante la justicia en pocas semanas.
