Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente de Gobierno tendrá que sentarse ante la justicia como imputado. José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio en el marco de lo que se conoce como el ‘caso Plus Ultra’, una trama que mezcla una aerolínea, dinero venezolano y presuntas comisiones millonarias.
Un hito judicial sin precedentes
Aunque el también expresidente Mariano Rajoy declaró en su día ante los tribunales por el ‘caso Gürtel’, lo hizo en calidad de testigo. Zapatero, en cambio, comparecerá como investigado, lo que lo convierte en el primer exjefe del Ejecutivo español en enfrentar esta situación desde la restauración de la democracia.
Las acusaciones que pesan sobre él incluyen tráfico de influencias y delitos vinculados al presunto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ha ordenado, además, el registro del despacho personal de Zapatero y de la sede de una empresa propiedad de sus hijas.
Qué papel jugó Zapatero con Venezuela
Tras dejar la presidencia del Gobierno español en 2011, Rodríguez Zapatero mantuvo una intensa actividad diplomática informal con Venezuela. Participó en varios intentos de mediación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, lo que lo colocó en el centro de una red de relaciones políticas y económicas con aquel país.
El juez estima que existía ‘una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias’ cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas, principalmente en favor de la aerolínea Plus Ultra. Las supuestas comisiones irregulares que habrían recibido Zapatero y personas de su entorno se cifran en 1,95 millones de euros.
El expresidente, por su parte, ha defendido públicamente su inocencia a través de un vídeo en el que aseguró haber actuado siempre con ‘absoluto respeto a la legalidad’.
Qué es la aerolínea Plus Ultra
Plus Ultra es una compañía aérea española fundada en 2011 bajo la presidencia de Julio Martínez Sola, con personal proveniente de la extinta Air Madrid. La aerolínea opera principalmente rutas hacia América Latina, conectando destinos como Bogotá, Lima, Cartagena de Indias y Buenos Aires con España.
Se trata de una empresa de tamaño modesto, con una cuota de mercado reducida en comparación con otras aerolíneas nacionales, pero especializada en rutas de larga distancia hacia Latinoamérica.
El polémico rescate durante la pandemia
El origen del escándalo judicial se remonta a la pandemia de la covid-19. El sector turístico español fue uno de los más golpeados por la crisis sanitaria, y el Gobierno de Pedro Sánchez articuló un plan de rescate para varias compañías aéreas que supuso un desembolso total de 839 millones de euros.
Las principales beneficiarias fueron Air Europa, Air Nostrum y Volotea, todas ellas consideradas estratégicas para la economía y la conectividad del país. Sin embargo, la inclusión de Plus Ultra en esa lista levantó ampollas desde el primer momento.
La aerolínea recibió 53 millones de euros, una cifra que sus críticos consideraron desproporcionada dado su escaso peso en el mercado. La justificación oficial apuntó a su papel en rutas nicho hacia Latinoamérica y al daño que su desaparición habría causado a la competencia en el turismo de larga distancia.
Querellas, archivo y nuevo giro judicial
Los partidos de derechas PP y Vox, junto a la organización Manos Limpias, presentaron querellas por posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias relacionados con ese rescate. Sin embargo, en 2023 la causa fue archivada tras concluir la Fiscalía y la Abogacía del Estado que no existían pruebas suficientes de delito.
La jueza encargada del caso argumentó en su momento que ‘no aparece debidamente justificada la comisión de un delito’ y que se había aplicado correctamente la normativa de emergencia económica aprobada durante la pandemia.
No obstante, el asunto tomó un nuevo rumbo en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional que reabrieron la investigación y acabaron apuntando directamente a Zapatero como imputado, llevando el caso a su momento más delicado hasta la fecha.
