Una tormenta se desató en redes sociales colombianas luego de que varios ciudadanos comenzaran a reportar presuntos defectos de calidad en los nuevos pasaportes emitidos por la Imprenta Nacional de Colombia, documento que el gobierno de Gustavo Petro impulsó como una apuesta de soberanía tecnológica al retirarle el contrato a la empresa privada Thomas Greg & Sons. Las imágenes viralizadas en plataformas como X mostraban libretas con acabados que algunos usuarios compararon con ‘cuadernos de segunda’, generando alarma entre quienes tramitan o esperan recibir este documento esencial para viajar.
La Imprenta Nacional salió rápidamente a defenderse y aclaró que las fotografías que circularon en redes sociales corresponden a pasaportes diplomáticos, un modelo diferente al pasaporte ordinario que se entrega a la ciudadanía, y que hasta la fecha no registra ninguna queja formal presentada por usuarios ante la entidad. Sin embargo, la controversia no se apaga fácilmente: desde el 1 de abril de 2026, cuando arrancó oficialmente el proceso de personalización de las nuevas libretas, ya se han conocido reportes de problemas en ciudades como Pasto, lo que prende las alertas sobre una transición que el gobierno presentó como un hito de autonomía estatal.
Contexto y antecedentes
El nuevo pasaporte colombiano es el resultado de una decisión política de alto calado tomada por el gobierno Petro: terminar el histórico contrato con Thomas Greg & Sons, la empresa que durante décadas tuvo a su cargo la impresión y personalización del documento de viaje de los colombianos. La administración argumentó que era necesario recuperar la soberanía sobre un trámite tan sensible como la identidad de los ciudadanos, y encargó a la Imprenta Nacional —una entidad pública— la personalización de las libretas producidas por IN Group.
El proceso, sin embargo, no ha sido sencillo. Thomas Greg & Sons mantiene aún la personalización en puntos estratégicos como Bogotá y Nueva York, donde el volumen de solicitudes es elevado, mientras el modelo de la Imprenta Nacional termina de consolidarse. Esta convivencia de dos sistemas paralelos genera confusión entre los usuarios y complica el control de calidad unificado. La transición implica no solo infraestructura tecnológica, sino cumplir con los estrictos estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula los requisitos técnicos mínimos que debe tener un pasaporte para ser reconocido internacionalmente.
El trasfondo político también es inevitable: cualquier falla visible en el nuevo pasaporte se convierte automáticamente en munición para los críticos del gobierno, quienes señalan que la decisión de estatizar este proceso respondió más a una ideología que a una evaluación técnica rigurosa. La viralización de imágenes —aunque luego resultaran ser de pasaportes diplomáticos— ilustra cuán sensible es el tema para la opinión pública.
Los puntos clave
- Inicio del proceso: Desde el 1 de abril de 2026, la Imprenta Nacional de Colombia asumió oficialmente la personalización de los nuevos pasaportes, comenzando la distribución en ciudades como Pasto.
- Aclaración oficial: La Imprenta Nacional precisó que las imágenes virales que mostraban supuestos defectos corresponden a pasaportes diplomáticos, no al pasaporte ordinario entregado a la ciudadanía en general.
- Sin quejas formales registradas: La entidad afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna reclamación oficial por parte de ciudadanos respecto a la calidad del documento.
- Transición en curso: Thomas Greg & Sons continúa personalizando libretas en puntos de alta demanda como Bogotá y Nueva York, lo que implica que dos sistemas operan en paralelo durante el período de transición.
- Estándares internacionales en juego: Los nuevos pasaportes deben cumplir con los protocolos técnicos de la OACI para garantizar su validez y reconocimiento en todos los países del mundo.
¿Qué significa esto?
Más allá del debate en redes sociales, lo que está en juego es la credibilidad de una apuesta institucional del gobierno colombiano. Un pasaporte con problemas de calidad no es solo un inconveniente estético: puede generar rechazos en controles migratorios internacionales, retrasos en viajes y, en el peor de los casos, impactar la reputación del documento colombiano ante autoridades extranjeras. El hecho de que la controversia haya surgido apenas semanas después del inicio de la personalización revela que la transición requiere monitoreo riguroso y comunicación proactiva hacia los ciudadanos.
Para los colombianos que deben renovar su pasaporte con urgencia —por razones laborales, familiares o migratorias—, la incertidumbre sobre la calidad del nuevo documento genera una presión adicional. La Imprenta Nacional tiene ahora la responsabilidad de demostrar con hechos, y no solo con comunicados, que el pasaporte que emite cumple todos los estándares. La existencia de protocolos de contingencia y garantías al ciudadano será fundamental para restaurar la confianza en el proceso.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano resuena en toda la región porque varios países latinoamericanos han debatido en años recientes si la producción de documentos de identidad y pasaportes debe estar en manos del Estado o de empresas privadas especializadas. Argentina, México y Venezuela tienen modelos estatales, mientras otros países mantienen esquemas mixtos o privados. La experiencia de Colombia se convierte así en un laboratorio de observación: si la transición resulta exitosa, podría alentar a otros gobiernos a recuperar la gestión directa de sus documentos; si fracasa, reforzará los argumentos de quienes defienden la tercerización a empresas con tecnología probada.
Además, en un contexto en que la migración latinoamericana hacia Europa y Estados Unidos es creciente, la validez y confiabilidad del pasaporte colombiano tiene repercusiones directas para cientos de miles de personas que dependen de él para regularizar su situación migratoria o ejercer su derecho a la movilidad internacional.
La situación exige seguimiento puntual en las próximas semanas: habrá que observar si aumentan las quejas formales de ciudadanos, cómo responde la Imprenta Nacional ante eventuales fallas documentadas y cuándo concluye definitivamente la participación de Thomas Greg & Sons en el proceso. El gobierno Petro tiene en este expediente una prueba concreta de su capacidad para gestionar servicios públicos de alta complejidad técnica.
