A diez días de la primera vuelta presidencial en Colombia, programada para el 31 de mayo de 2026, el Registrador Nacional Hernán Penagos salió al frente de las dudas ciudadanas sobre la integridad del proceso electoral con una declaración categórica: ‘Los riesgos no están en la Registraduría’. La afirmación, hecha en entrevista con el programa Vélez por la Mañana, busca desactivar una narrativa de desconfianza que se ha instalado en sectores de la opinión pública colombiana, especialmente en torno al software de consolidación de resultados que será utilizado el día de los comicios.
La declaración cobra especial relevancia en un contexto de alta polarización política, donde doce candidatos se disputan la presidencia y donde voces externas —incluida la del senador estadounidense Bernie Moreno, quien advirtió sobre posibles riesgos en las elecciones colombianas y hasta mencionó la posibilidad de una intervención militar si el país ‘toma el camino equivocado’— han añadido presión sobre la organización electoral. En ese escenario, la Registraduría enfrenta el desafío de garantizar no solo un proceso limpio, sino también la percepción pública de que ese proceso lo es.
Contexto y antecedentes
Colombia celebra elecciones presidenciales en un momento de particular tensión institucional. El país llega a estos comicios con una ciudadanía fragmentada, debates encendidos sobre el rumbo económico y social, y una desconfianza histórica hacia las instituciones electorales que se ha profundizado en los últimos años a nivel continental. La Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar y certificar los resultados electorales, ha estado en el centro de varios cuestionamientos, especialmente relacionados con el software que procesa y consolida los votos durante el preconteo.
El preconteo electoral es un mecanismo de información preliminar —no oficial— que la Registraduría transmite en tiempo real durante la noche de las elecciones, con base en las actas que van llegando desde los puestos de votación. En ediciones anteriores, errores en la transmisión de datos generaron alarmas y alimentaron teorías sobre posibles manipulaciones. Ante ello, la entidad realizó un simulacro nacional de escrutinios previo a la jornada del 31 de mayo, con resultados que la propia Registraduría calificó como positivos y que buscaban validar públicamente el funcionamiento del sistema.
Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también ha estado en el radar informativo: su Sala Plena cerró recientemente la investigación que pedía anular la candidatura de Abelardo de la Espriella, dejando en firme su aspiración presidencial. Este tipo de decisiones institucionales en vísperas electorales refuerza la importancia de que los órganos del Estado actúen con transparencia y den señales claras de imparcialidad.
Los puntos clave
- El Registrador Nacional Hernán Penagos afirmó que los riesgos para la integridad electoral no se originan dentro de la Registraduría, desviando el foco hacia actores externos o dinámicas ajenas a la entidad.
- La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo de 2026, con doce candidatos en competencia y los primeros boletines de resultados previstos a partir de las 4:30 de la tarde.
- El simulacro nacional de escrutinios, realizado previamente, arrojó un balance positivo según la Registraduría, aunque los cuestionamientos sobre el software de consolidación persisten en sectores de la opinión pública.
- El senador estadounidense Bernie Moreno generó controversia al advertir sobre riesgos electorales en Colombia y mencionar la posibilidad de una intervención militar, declaraciones que añaden presión internacional al proceso.
- El lunes previo a la votación iniciaron las elecciones en el exterior, con colombianos residentes fuera del país ejerciendo su derecho al voto como parte del cronograma oficial.
¿Qué significa esto?
Las palabras del Registrador revelan una estrategia comunicacional deliberada: en lugar de defender punto por punto cada aspecto técnico del sistema, Penagos opta por trasladar la responsabilidad de los posibles riesgos hacia afuera de la entidad. Esta postura, si bien puede ser técnicamente válida, tiene un efecto doble: por un lado, intenta tranquilizar a los votantes sobre la solidez del aparato electoral; por otro, puede interpretarse como una evasión de la responsabilidad institucional ante una ciudadanía que exige respuestas concretas. La clave estará en si, el día de las elecciones, el sistema responde sin contratiempos y los resultados son aceptados por los actores políticos.
El impacto de estas declaraciones va más allá de lo técnico: afecta directamente la participación electoral. Estudios en varios países de América Latina han demostrado que la desconfianza en los sistemas de conteo es uno de los principales factores que desincentivan el voto. Si una porción significativa del electorado colombiano percibe que el proceso puede estar manipulado —independientemente de si eso es cierto o no—, el abstencionismo podría aumentar, afectando la legitimidad del presidente que resulte elegido y, con ello, su capacidad de gobernar.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Colombia resuena en toda América Latina, una región donde la desconfianza en los procesos electorales ha alimentado crisis de gobernabilidad en países como Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador en años recientes. La disputa entre la narrativa institucional —que defiende la transparencia del sistema— y los cuestionamientos ciudadanos sobre el software electoral es un fenómeno regional: desde el controvertido proceso boliviano de 2019 hasta las polémicas sobre el TREP en distintos países, la tecnología electoral se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la confianza democrática. Colombia, como uno de los referentes democráticos de la región a pesar de sus complejidades, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que instituciones sólidas pueden resistir tanto las presiones internas como las injerencias externas.
La advertencia del senador Bernie Moreno desde Estados Unidos —con su referencia a una posible intervención militar— refleja además una tendencia preocupante de actores externos que buscan influir en la narrativa electoral de países latinoamericanos, un patrón que ya se ha visto en otros contextos regionales y que merece seguimiento crítico por parte de la prensa y la sociedad civil.
Con la jornada electoral del 31 de mayo a la vuelta de la esquina, Colombia entra en su recta final con la institucionalidad bajo la lupa. Lo que hay que seguir de cerca es no solo el resultado de las urnas, sino la forma en que la Registraduría comunica los datos en tiempo real, la rapidez con que entrega los boletines oficiales y, sobre todo, si los candidatos y sus bases aceptan los resultados o escalan una narrativa de fraude que, como ha ocurrido en otros países, puede tener consecuencias mucho más graves que cualquier falla técnica del software.
