Colombia podría enfrentarse a uno de sus peores episodios de desabastecimiento energético en décadas. La probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue de forma anticipada entre mayo y julio ha escalado al 82%, según reportes recientes, y el gremio de los servicios públicos, Andesco, ha encendido todas las alarmas: el sistema eléctrico nacional acumula cinco vulnerabilidades críticas que, de no atenderse con urgencia, podrían derivar en cortes masivos de energía para millones de colombianos.
Camilo Sánchez Ortega, presidente ejecutivo de Andesco, ha liderado el llamado de atención ante el Gobierno Nacional. El informe de XM —el administrador del sistema interconectado colombiano— advierte sin rodeos que ‘la atención de la demanda podría ponerse en riesgo’, una frase que en el lenguaje técnico del sector equivale a decir que el país no tiene garantizado el suministro continuo de electricidad en los próximos meses.
Contexto y antecedentes
Colombia depende de manera estructural de la generación hidroeléctrica, que representa cerca del 70% de su capacidad instalada. Este modelo, altamente eficiente en épocas de lluvias, se convierte en un talón de Aquiles cuando los embalses bajan sus niveles por sequías prolongadas. El Niño de 2015-2016 dejó una lección amarga: el país estuvo al borde del racionamiento y tuvo que implementar medidas de ahorro de emergencia. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han prometido diversificar la matriz energética, pero el avance ha sido lento frente a la magnitud del desafío.
A ese rezago estructural se suma la escasez de gas natural, combustible clave para las plantas termoeléctricas que deben compensar cuando las hidroeléctricas no alcanzan. La regasificadora de Cartagena —una de las infraestructuras críticas para importar gas licuado— saldrá de operación varios días en julio, precisamente en el período de mayor riesgo. Esta decisión, inusual en su timing, ha generado preocupación en el sector porque reduce aún más el margen de maniobra del sistema.
El panorama se agrava por el robo de combustibles, una problemática que Ecopetrol ha reconocido incluso ante autoridades de Estados Unidos, señalando que ‘puede impactar su reputación’ y, más importante, la cadena de suministro energético del país. Por su parte, el presidente de Cerro Matoso alertó que la suspensión del contrato de gas con Canacol pone en riesgo la viabilidad de sus operaciones, lo que ilustra cómo la crisis energética ya está golpeando a la industria.
Los puntos clave
- La probabilidad de El Niño anticipado es del 82% para el trimestre mayo-julio, según los reportes manejados por el sector energético colombiano.
- La dependencia hídrica es el riesgo central: con embalses bajo presión y lluvias insuficientes, las hidroeléctricas no podrían cubrir la demanda nacional por sí solas.
- La escasez de gas natural amenaza el respaldo termoeléctrico, y la salida temporal de la regasificadora de Cartagena en julio agrava aún más la situación en el peor momento del año.
- La demanda de energía ha crecido a niveles históricos, impulsada por la recuperación económica, la expansión industrial y el aumento del consumo residencial, presionando un sistema que no ha crecido al mismo ritmo.
- Andesco ha presentado solicitudes urgentes al Gobierno Nacional para activar mecanismos de contingencia, importación de energía y medidas de ahorro antes de que la crisis sea inevitable.
¿Qué significa esto?
Un racionamiento eléctrico en Colombia no sería simplemente un inconveniente doméstico. Tendría efectos en cascada sobre la economía: las industrias verían interrumpida su producción, el comercio se paralizaría en los horarios de corte, y los hogares más vulnerables —aquellos que no tienen alternativas— sufrirían el impacto más directo. Las ciudades intermedias y las zonas rurales históricamente son las primeras en enfrentar los cortes, lo que profundiza las desigualdades ya existentes en el acceso a servicios básicos.
El impacto también es político. Un racionamiento eléctrico en el segundo semestre de 2026 llegaría en un momento de alta sensibilidad institucional para el gobierno de Gustavo Petro, cuya gestión energética ya enfrenta cuestionamientos por la transición hacia energías renovables y las tensiones con el sector privado. La ciudadanía colombiana tiene memoria histórica del ‘apagón’ de los años noventa, cuando los cortes llegaron a nueve horas diarias, y cualquier señal de repetición generaría una reacción política y social intensa.
Perspectiva para América Latina
La crisis energética colombiana no es un fenómeno aislado: refleja una vulnerabilidad compartida por gran parte de América Latina, donde países como Ecuador, Venezuela, Brasil y Centroamérica también han sufrido episodios de racionamiento vinculados a la dependencia hídrica y al cambio climático. El Niño, en sus diferentes intensidades, es un factor regional que afecta de manera sincronizada a múltiples economías, lo que limita la posibilidad de importar energía desde países vecinos en momentos de crisis simultánea.
Para la región, el caso colombiano es además una advertencia sobre los riesgos de postergar la diversificación energética. Las energías solar y eólica han avanzado, pero siguen representando una fracción menor de la generación total en la mayoría de países latinoamericanos. La transición energética no es solo una agenda ambiental: es una necesidad de seguridad nacional que los eventos climáticos extremos hacen cada vez más urgente.
Lo que viene en las próximas semanas será determinante. Las autoridades energéticas colombianas, XM y el Ministerio de Minas deberán activar protocolos de contingencia, acelerar contratos de respaldo y coordinar con los grandes consumidores industriales para gestionar la demanda. La temporada seca avanza, los embalses no esperan, y el margen para actuar se estrecha con cada día que pasa sin decisiones concretas.
