La empresa de energía eléctrica Afinia, que opera en la región Caribe de Colombia, atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia. Su gerente, Ricardo Arango, lo admite sin rodeos: ‘la situación es muy compleja’. La compañía no solo enfrenta dificultades para sostener su operación financieramente, sino que evalúa alternativas extremas como atraer inversionistas externos o escindir —es decir, separar formalmente— su mercado más problemático para poder mantenerse a flote.
Afinia es la operadora de energía que heredó los activos de Electricaribe en el Caribe colombiano, una zona históricamente golpeada por el robo de energía, la baja cultura de pago, la pobreza estructural y la deficiente infraestructura. Desde su creación, la empresa ha sido una carga financiera difícil de sostener, y hoy el gerente Arango reconoce que sin cambios profundos —tanto internos como de política pública— el modelo no es viable a largo plazo.
Contexto y antecedentes
El problema energético del Caribe colombiano no es nuevo. Electricaribe, la empresa española del grupo Gas Natural Fenosa que prestó el servicio durante años, fue intervenida por el Estado en 2016 precisamente por su incapacidad de garantizar un servicio digno y por sus graves desequilibrios financieros. Tras años de transición e incertidumbre, el Grupo EPM —una de las empresas públicas más sólidas de Colombia— asumió la operación bajo la figura de Afinia en 2020, con la promesa de transformar el servicio en una región donde los apagones eran cotidianos.
Sin embargo, los problemas estructurales persistieron. La región Caribe concentra algunos de los índices más altos de pérdidas no técnicas de energía del país, eufemismo que incluye tanto fallas en la red como hurto sistemático del fluido eléctrico. A esto se suma una cartera de deudas difícil de recuperar y una infraestructura que requiere inversiones millonarias para modernizarse. Afinia opera en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y La Guajira, territorios con altos niveles de informalidad y donde el cobro efectivo de las facturas enfrenta barreras sociales y económicas enormes.
El gerente Arango ha señalado que la exposición de Afinia en bolsa es uno de los factores que complica la situación, junto con la necesidad urgente de nuevas fuentes de financiamiento. La empresa ha realizado inversiones en infraestructura para mejorar la calidad del servicio, pero estas no logran compensar el desequilibrio entre los costos operativos y los ingresos reales que la empresa puede recuperar del mercado.
Los puntos clave
- Búsqueda de inversionistas: Afinia evalúa activamente la entrada de capital privado como una de las alternativas para estabilizar su operación y financiar las inversiones necesarias en infraestructura.
- Posible escisión del mercado más crítico: La empresa contempla separar formalmente la operación de las zonas con mayor déficit financiero, lo que requeriría autorización del Gobierno nacional para concretarse.
- Pérdidas no técnicas y robo de energía: El hurto de electricidad y las pérdidas en la red siguen siendo los factores que más erosionan la viabilidad económica del negocio en el Caribe.
- Necesidad de política pública estructural: El gerente Arango insiste en que sin medidas de fondo por parte del Estado colombiano, ninguna empresa puede operar de forma sostenible en este mercado.
- Riesgo ante el fenómeno de El Niño: La situación se agrava en un contexto nacional donde expertos como los de XM advierten sobre riesgos en el suministro eléctrico ante la llegada de una temporada seca severa.
¿Qué significa esto?
La eventual escisión o la entrada de inversionistas en Afinia tendría consecuencias directas para más de cuatro millones de usuarios en la Costa Caribe colombiana. Si el proceso no se maneja con rigor regulatorio, existe el riesgo de que las zonas menos rentables queden desatendidas o que las tarifas suban para compensar las pérdidas, golpeando a una población que ya enfrenta serias dificultades económicas. La pregunta de fondo es si el modelo de empresa privada o mixta es suficiente para resolver lo que es, en esencia, un problema social y de exclusión histórica.
Para el sistema energético nacional, la fragilidad de Afinia también representa un riesgo sistémico. En un escenario de El Niño con embalses bajos —como alertan los operadores del mercado eléctrico—, tener una distribuidora en crisis financiera en una región tan poblada puede traducirse en apagones prolongados, tensión social y un impacto económico que va mucho más allá de las facturas sin pagar. La situación exige una respuesta coordinada entre la empresa, el regulador y el Gobierno, no soluciones parciales.
Perspectiva para América Latina
El caso de Afinia es un espejo de un dilema que se repite en varios países latinoamericanos: ¿cómo prestar servicios públicos esenciales en territorios con alta pobreza, informalidad y debilidad institucional sin que la operación se vuelva inviable? Países como Argentina, Ecuador y Honduras han enfrentado crisis similares en sus sistemas eléctricos, donde la combinación de subsidios mal focalizados, pérdidas técnicas elevadas y marcos regulatorios débiles termina hundiendo a las empresas distribuidoras. La diferencia está en cómo cada Estado decide intervenir: con rescates, con privatizaciones o con reformas estructurales que atacan las causas reales del problema.
Para la región, la experiencia colombiana en el Caribe ofrece lecciones valiosas sobre los límites del mercado cuando se enfrenta a la desigualdad estructural. La energía eléctrica no es un bien cualquiera: es un derecho que condiciona el acceso a la educación, la salud y el desarrollo económico. Cuando una empresa distribuidora colapsa, no son los accionistas los que más sufren, sino los hogares más vulnerables que quedan a oscuras.
La situación de Afinia seguirá siendo uno de los temas más sensibles de la agenda energética colombiana en los próximos meses. La decisión sobre si escindir operaciones o permitir la entrada de nuevos socios deberá contar con el aval del Gobierno y la supervisión de los entes reguladores. Lo que está claro es que el statu quo ya no es una opción: sin cambios profundos, el Caribe colombiano podría volver a vivir la misma crisis que llevó al colapso de Electricaribe hace menos de una década.
