El Gobierno de Colombia está negociando una alianza estratégica con Venezuela para estabilizar los precios de los fertilizantes en el país, un insumo crítico para el sector agropecuario que determina directamente el costo de los alimentos en la mesa de millones de familias. La propuesta, impulsada conjuntamente por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, plantea articular a la empresa Monómeros —de capital venezolano pero con operaciones en Colombia— con una nueva filial conformada por Ecopetrol y Gecelca.
La iniciativa surge en un momento de alta sensibilidad para el agro colombiano: los costos de producción agrícola llevan años presionados al alza, y los fertilizantes representan uno de los rubros más volátiles dentro de esa ecuación. Una estabilización efectiva de estos precios podría tener un efecto dominó positivo sobre la inflación de alimentos y la competitividad del campo colombiano frente a mercados internacionales.
Contexto y antecedentes
Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa petroquímica con planta en Barranquilla que produce fertilizantes nitrogenados y otros insumos agropecuarios. Aunque opera en suelo colombiano, su capital accionario es mayoritariamente venezolano a través de Pequiven, filial de PDVSA. Durante años, su situación fue un foco de tensión diplomática entre Bogotá y Caracas, especialmente durante el gobierno de Iván Duque, cuando la junta directiva fue intervenida en medio de la crisis política venezolana. Con la normalización de relaciones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro desde 2022, la empresa ha recuperado cierta estabilidad operativa, aunque sus niveles de producción siguen siendo inferiores a su capacidad instalada.
Ecopetrol, la principal empresa de hidrocarburos de Colombia, y Gecelca, generadora eléctrica del Caribe colombiano, serían los pilares de la contraparte colombiana en esta alianza. La lógica es clara: los fertilizantes nitrogenados se producen a partir del gas natural, y Colombia cuenta con reservas y capacidad de procesamiento que podrían integrarse verticalmente con la infraestructura ya existente de Monómeros. Unir estas capacidades bajo un esquema conjunto permitiría reducir costos de materia prima y logística, trasladando ese ahorro al precio final que paga el agricultor.
El contexto global también es relevante. Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, los precios internacionales de los fertilizantes —especialmente urea, fosfatos y potasio— se dispararon a niveles históricos, afectando a todos los países importadores de América Latina. Aunque los precios han moderado parcialmente desde entonces, siguen siendo estructuralmente altos respecto a los niveles prepandemia, lo que hace que iniciativas de producción regional cobren especial urgencia.
Los puntos clave
- La alianza propuesta vincularía a Monómeros, empresa de capital venezolano operando en Colombia, con una nueva filial conformada por Ecopetrol y Gecelca para estabilizar el suministro y precio de fertilizantes.
- Los ministerios de Minas y Energía y de Agricultura lideran conjuntamente la negociación, lo que indica que el proyecto tiene respaldo al más alto nivel del Ejecutivo colombiano.
- Los fertilizantes son un insumo estratégico para el agro: su precio afecta directamente los costos de producción de cereales, hortalizas y frutas, con impacto posterior en la inflación de alimentos.
- La iniciativa depende del estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que han mejorado desde 2022 pero siguen siendo frágiles ante la volatilidad política del régimen de Maduro.
- Ecopetrol aportaría acceso al gas natural, materia prima esencial para la producción de fertilizantes nitrogenados, lo que otorgaría a la alianza una ventaja competitiva estructural.
¿Qué significa esto?
Si la alianza prospera, podría representar un cambio estructural en la cadena de suministro de insumos agrícolas en Colombia. Actualmente, una parte importante de los fertilizantes que usa el campo colombiano es importada, lo que expone al sector a la volatilidad del dólar y de los mercados internacionales. Tener una producción nacional fortalecida, con materia prima propia y capacidad instalada rehabilitada, dotaría al gobierno de una herramienta real para intervenir en los precios sin depender exclusivamente de subsidios fiscales, que hoy resultan insostenibles dado que casi cuatro de cada diez pesos del presupuesto ya se destinan al pago de intereses de deuda.
Sin embargo, los riesgos son considerables. La dependencia de un socio como Venezuela implica vulnerabilidades políticas y operativas que no deben subestimarse. Cualquier deterioro en las relaciones bilaterales, un cambio de gobierno en Caracas o una nueva crisis en PDVSA podría paralizar el esquema. Además, la participación de Ecopetrol en una empresa mixta con activos venezolanos generará debate en el Congreso y en los mercados financieros, donde los inversores observan con lupa cualquier decisión que vincule a la petrolera estatal con activos de alto riesgo geopolítico.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano refleja una tensión que comparten varios países de la región: la necesidad de garantizar seguridad alimentaria y precios agrícolas estables en un contexto de alta volatilidad global, frente a la escasez de recursos fiscales para sostener subsidios permanentes. Brasil, Argentina y México han apostado por fortalecer su producción doméstica de fertilizantes con inversión estatal; Colombia exploraría ahora una vía similar, pero con la particularidad de involucrar a un socio externo políticamente complejo. Si el modelo funciona, podría convertirse en un referente para otros países andinos como Ecuador, Perú o Bolivia, que también enfrentan costos crecientes de insumos agrícolas sin capacidad propia de producción.
La integración energética y petroquímica entre vecinos como Colombia y Venezuela tiene, además, una dimensión histórica. Durante décadas, ambos países han tenido recursos complementarios —gas venezolano, infraestructura y capital humano colombiano— sin lograr convertirlos en sinergias productivas sostenibles. Esta propuesta reactiva esa posibilidad, aunque en un contexto político muy diferente al de los años de bonanza chavista.
La propuesta todavía está en fase de negociación y deberá superar obstáculos técnicos, jurídicos y políticos antes de materializarse. Lo que hay que seguir de cerca en las próximas semanas es si el Gobierno presenta al Congreso un marco normativo que respalde la participación de Ecopetrol y Gecelca en esta alianza, y cuál será la respuesta del sector privado agrícola —gremios como la SAC y Fedearroz— ante un esquema en el que el Estado jugaría un rol central en la provisión de insumos estratégicos.
