A menos de dos meses del fin del gobierno de Gustavo Petro, la administración colombiana prepara un gesto simbólico y estratégico: enviar a Estados Unidos un contenedor de café producido por familias campesinas que abandonaron los cultivos de coca gracias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). El embarque, previsto para junio de 2026, busca mostrar que la apuesta por la sustitución voluntaria puede generar economías lícitas sostenibles en territorios históricamente dominados por el narcotráfico.
Sin embargo, el anuncio llega en un momento en que las cifras oficiales evidencian una brecha profunda entre los objetivos declarados y los resultados reales. Con corte a marzo de 2026, la erradicación de cultivos ilícitos apenas alcanzó las 7.000 hectáreas de las 30.000 proyectadas para el período, lo que representa un avance inferior al 25% de la meta. Ese dato pone en perspectiva el alcance real del modelo de ‘paz total’ aplicado al problema de la coca.
Contexto y antecedentes
El PNIS fue creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, con el objetivo de ofrecer a los cultivadores de coca una ruta de salida voluntaria hacia cultivos lícitos, asistencia técnica y proyectos productivos. El café, producto insignia de Colombia en el mundo, fue identificado desde el principio como una alternativa viable en varias regiones, especialmente en departamentos como Putumayo, Caquetá, Nariño y el sur del Meta, zonas con vocación cafetera pero históricamente capturadas por la economía cocalera.
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el presidente Petro apostó por profundizar el enfoque de sustitución voluntaria y reducir la erradicación forzada, argumentando que esta última genera violencia sin resolver las causas estructurales del problema. Gloria Miranda, encargada del PNIS, ha sido la figura central en la implementación de esta política. No obstante, los resultados en materia de reducción de hectáreas sembradas con coca han sido sistemáticamente inferiores a los compromisos adquiridos, lo que ha generado críticas tanto desde sectores de oposición como desde organismos internacionales de control de drogas.
En paralelo, el gobierno Petro enfrentó tensiones adicionales con Washington, históricamente el principal aliado —y financiador— de la lucha antinarcóticos en Colombia. La reducción de la erradicación forzada y los escasos avances en interdicción generaron fricciones diplomáticas que el envío del contenedor de café parece querer suavizar, al menos en el plano simbólico, antes del cambio de mando.
Los puntos clave
- El café como símbolo político: El contenedor que el gobierno enviará a Estados Unidos en junio no es solo una operación comercial; es una demostración de que las familias que participaron en el PNIS pueden integrarse a cadenas de valor internacionales con productos de calidad.
- Meta de erradicación muy lejos de cumplirse: Con apenas 7.000 de las 30.000 hectáreas erradicadas al corte de marzo de 2026, el gobierno Petro cerrará su mandato con uno de los peores registros recientes en reducción de cultivos ilícitos.
- Conflicto interétnico como telón de fondo: El presidente Petro confirmó una reunión entre los pueblos indígenas misak y nasa tras choques que han dejado seis muertos, conflicto que también está vinculado a la disputa por territorios afectados por la expansión cocalera.
- Transición política en ciernes: Con las elecciones presidenciales próximas, los candidatos ya debaten propuestas para frenar la disparada de cultivos de coca, lo que convierte este anuncio en parte de la narrativa del legado político de Petro.
- Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de coca: Según informes recientes de la ONU y de la Casa Blanca, Colombia mantiene los niveles más altos de superficie cultivada con coca en su historia reciente, superando el millón de hectáreas en estimaciones acumuladas.
¿Qué significa esto?
El envío del contenedor de café tiene un valor real pero limitado. Para las familias que participaron efectivamente en el PNIS y lograron consolidar sus proyectos productivos, es un logro concreto y una validación de años de esfuerzo en condiciones adversas. Sin embargo, el contraste con las cifras de erradicación revela que la sustitución voluntaria, tal como fue implementada, no alcanzó la escala ni la velocidad necesarias para transformar estructuralmente el mapa cocalero de Colombia. El modelo demostró funcionar en casos puntuales, pero no como política de Estado con cobertura masiva.
Las consecuencias más inmediatas recaerán sobre el próximo gobierno colombiano, que heredará un territorio con una presencia de cultivos ilícitos en niveles alarmantes, grupos armados fortalecidos financieramente por la coca, y una relación con Estados Unidos que necesita ser recompuesta. La decisión de priorizar la sustitución sobre la erradicación forzada generará un debate de fondo en la próxima administración: ¿se continúa el enfoque social o se regresa a métodos más coercitivos, incluida la aspersión aérea con glifosato?
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano es observado con atención en toda América Latina, especialmente en países que también enfrentan el desafío de reducir cultivos ilícitos sin generar mayor violencia rural ni desplazamiento de poblaciones vulnerables. Bolivia y Perú, los otros dos grandes productores de hoja de coca en la región, han aplicado modelos mixtos con resultados igualmente contradictorios. La experiencia del PNIS aporta lecciones valiosas: la sustitución voluntaria requiere no solo asistencia técnica, sino acceso real a mercados internacionales, infraestructura vial y garantías de seguridad, condiciones que en Colombia siguen siendo deficitarias en las zonas más remotas.
Para la comunidad latinoamericana en general, el debate sobre cómo abordar la economía cocalera conecta directamente con preguntas más amplias sobre desarrollo rural, soberanía de política de drogas y las presiones que ejerce Washington sobre los gobiernos de la región. El café que viaja a Estados Unidos como señal de paz y sustitución exitosa es también una metáfora de las tensiones irresueltas entre el modelo exportador de materias lícitas y la persistente atracción económica de los cultivos ilícitos para miles de familias sin alternativas reales.
En las próximas semanas, el debate se intensificará en Colombia con la campaña electoral, mientras la comunidad internacional seguirá de cerca si el contenedor de café es un hito aislado o el inicio de una tendencia verificable. Lo que está claro es que el próximo gobierno recibirá un problema estructural que no admite soluciones simbólicas: reducir la coca en Colombia exige voluntad política, recursos sostenidos y una estrategia que combine lo social con lo institucional a una escala que ningún gobierno ha logrado sostener hasta ahora.
