Un padre y su hijo fueron secuestrados a plena luz del día en la playa La Bocana de Buenaventura. El video del plagio, difundido en redes sociales, mostró a hombres armados intimidando a las víctimas frente a turistas aterrorizados. Alexánder Valencia, uno de los secuestrados, terminó asesinado. El hecho no fue un episodio aislado: es la expresión más cruda de un territorio que lleva décadas rehén de las bandas criminales y que hoy cuestiona uno de los pilares centrales del gobierno de Gustavo Petro.
Buenaventura, el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico y una de las ciudades con mayor índice de pobreza del país, vive bajo un régimen de terror que las autoridades no han logrado desmantelar. La política de ‘Paz Total’ —la apuesta del gobierno Petro para negociar con grupos armados ilegales— enfrenta su prueba de fuego más dura precisamente en este rincón del Valle del Cauca, donde los asesinatos, los secuestros y el desplazamiento forzado siguen siendo la norma.
Contexto y antecedentes
Buenaventura ha sido históricamente disputada por estructuras criminales que controlan las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Durante años, grupos como ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’ —liderados por alias ‘Optra’ y ‘Mapaya’, respectivamente— se repartieron el territorio a sangre y fuego, generando una de las crisis humanitarias más graves del país. Aunque ambos cabecillas están hoy tras las rejas, sus estructuras continúan operando con plena autonomía, lo que demuestra que la captura de líderes no desmantela las redes criminales.
La política de ‘Paz Total’ del presidente Petro buscaba abrir diálogos con estas organizaciones para reducir la violencia. Sin embargo, los ceses al fuego pactados se han roto en repetidas ocasiones, y las bandas han utilizado las negociaciones como espacios para reorganizarse, armarse y expandir su control territorial. Expertos en seguridad advierten que la falta de una estrategia militar complementaria ha dejado a las comunidades más vulnerables sin protección efectiva del Estado.
El patrón de violencia no se limita a Buenaventura. En el departamento del Cauca, la vía Panamericana se ha convertido en una trampa mortal: un senador de la República sufrió un intento de secuestro y el alcalde de Santander de Quilichao fue despojado de su camioneta en un retén ilegal. En Cali, más de medio centenar de indígenas embera fueron desplazados de sus territorios y terminaron refugiados en una calle de la ciudad con colchonetas y ollas como único equipaje.
Los puntos clave
- El secuestro y asesinato de Alexánder Valencia en la playa La Bocana de Buenaventura evidencia que los turistas y civiles son blancos directos de las bandas criminales, sin importar el contexto de negociación de paz.
- Las estructuras de ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’ siguen operando activamente aunque sus líderes, alias ‘Optra’ y ‘Mapaya’, estén detenidos, lo que revela la solidez institucional de estas organizaciones criminales.
- La Fiscalía y la Policía han intensificado operativos con capturas de integrantes de bandas y decomisos de bienes en extinción de dominio, incluyendo seis viviendas en barrios de Cali avaluadas en más de 1.500 millones de pesos donde se ocultaban drogas y armas.
- El desplazamiento forzado de comunidades indígenas embera en Cali refleja cómo la crisis de seguridad desborda los municipios y golpea a las poblaciones más marginadas del país.
- El Tribunal del Valle admitió una acción popular que reactiva el debate sobre la reubicación de la base aérea de Cali, un debate que se cruza directamente con la dinámica del conflicto armado urbano en la región.
¿Qué significa esto?
El fracaso parcial —o cuando menos el estancamiento— de la Paz Total en el Pacífico colombiano tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cientos de miles de personas. No se trata solo de estadísticas de violencia: implica que las familias no pueden ir a la playa, que los comerciantes pagan extorsiones, que los líderes sociales son amenazados y que el turismo, una de las pocas fuentes de ingresos de Buenaventura, se derrumba. La imagen del secuestro en La Bocana circuló masivamente y generó pánico en potenciales visitantes, golpeando directamente la economía local.
Más allá del impacto inmediato, la situación plantea una pregunta de fondo sobre el modelo de seguridad del Estado colombiano: ¿puede una política de paz sostenerse sin una presencia institucional real en los territorios? Los expertos coinciden en que sin inversión social, sin justicia efectiva y sin una oferta estatal concreta para las comunidades, cualquier acuerdo con grupos armados será, en el mejor de los casos, un alivio temporal. El gobierno Petro tiene el desafío de demostrar que la Paz Total no es solo retórica.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es el único país latinoamericano que enfrenta el dilema de negociar con estructuras criminales enquistadas en el territorio. Ecuador ha visto cómo el crimen organizado tomó cárceles y asesinó candidatos presidenciales. México lleva décadas en una guerra contra el narcotráfico que ha cobrado más de 400.000 vidas. En todos estos casos, la pregunta es la misma: ¿cuándo el Estado negocia con el crimen, legitima al interlocutor o gana tiempo para fortalecer la institucionalidad? La experiencia de Buenaventura ofrece una lección amarga: sin Estado presente, sin economía legal y sin justicia, la paz no llega por decreto.
Para la región, el caso colombiano es también un espejo. Las rutas del narcotráfico que pasan por Buenaventura conectan con redes transnacionales que atraviesan Centroamérica, el Caribe y los países andinos. Lo que ocurre en ese puerto no solo afecta a Colombia: alimenta economías criminales que desestabilizan democracias enteras a lo largo del continente.
En las próximas semanas, la mirada estará puesta en la respuesta del gobierno nacional: si refuerza la presencia militar y policial en Buenaventura, si reactiva o suspende los diálogos con las bandas, y si el caso de Alexánder Valencia —y el video de su secuestro— logra lo que décadas de informes no consiguieron: que la crisis del Pacífico colombiano ocupe el centro de la agenda política del país.
