Colombia ha dado un paso estratégico para blindar su sistema eléctrico frente a una de sus amenazas más recurrentes: el fenómeno de El Niño. El gobierno y las autoridades del sector energético confirmaron la construcción de 15 nuevas plantas de generación que aportarán energía firme al sistema nacional, con el objetivo de tener esa capacidad operativa entre 2029 y 2030, justo cuando se proyecta que el país podría enfrentar otro episodio climático severo que reduzca el nivel de los embalses hidroeléctricos.
La decisión no es menor: Colombia depende en más del 65% de la generación hidroeléctrica, lo que convierte a las sequías en una amenaza directa para el suministro eléctrico de millones de hogares y empresas. El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad energética del país, luego de que el fenómeno de El Niño de 2023-2024 pusiera al límite la capacidad del sistema y encendiera todas las alarmas.
Contexto y antecedentes
El sistema eléctrico colombiano lleva años en una encrucijada estructural. Su altísima dependencia de las hidroeléctricas —plantas como Chivor, Betania, Guatapé o El Quimbo— lo hace vulnerable a los ciclos climáticos, especialmente al fenómeno de El Niño, que reduce las lluvias y baja los niveles de los embalses hasta niveles críticos. Durante el episodio más reciente, que se extendió entre 2023 y 2024, el país estuvo al borde de implementar racionamientos masivos de electricidad, algo que no ocurría desde el llamado ‘apagón’ de los años noventa, cuando Colombia vivió cortes diarios de hasta nueve horas.
Para evitar que ese escenario se repita, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía han impulsado mecanismos como las subastas de energía firme, que obligan a los generadores a garantizar un nivel mínimo de producción incluso en condiciones climáticas adversas. Sin embargo, los expertos han señalado repetidamente que la capacidad instalada de generación termoeléctrica y de otras fuentes no hidráulicas sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda en escenarios extremos. XM, el operador del mercado eléctrico, ha advertido que si los embalses llegan con niveles bajos al próximo verano, el agua simplemente no alcanzará.
A esto se suma la situación crítica de distribuidoras como Afinia, que atraviesa dificultades financieras y evalúa separar su mercado más problemático para buscar inversionistas externos. La combinación de una generación ajustada, una infraestructura de distribución debilitada y un clima cada vez más impredecible configura un escenario de alta presión para las autoridades energéticas colombianas.
Los puntos clave
- 15 nuevas plantas de generación serán construidas para aportar energía firme al sistema eléctrico colombiano, con entrada en operación prevista entre 2029 y 2030.
- El objetivo central es proteger el suministro eléctrico durante fenómenos de El Niño, cuyo próximo episodio se anticipa para finales de 2026, cuando los embalses podrían estar bajo presión.
- Colombia genera más del 65% de su electricidad con fuentes hidroeléctricas, lo que la hace especialmente vulnerable a las sequías prolongadas.
- XM, operador del mercado eléctrico, ha advertido sobre el riesgo real de desabastecimiento si los embalses no alcanzan niveles adecuados antes del próximo verano climático.
- La distribuidora Afinia enfrenta una crisis financiera que complica aún más el panorama del sector, al considerar separar su mercado más crítico para atraer inversión privada.
¿Qué significa esto?
La construcción de 15 nuevas plantas representa un reconocimiento explícito de que el modelo energético colombiano, tal como está diseñado, no es suficiente para garantizar un servicio confiable en el largo plazo. Más allá del dato técnico, lo que está en juego es la estabilidad económica y social del país: un racionamiento de energía eléctrica no solo afecta a los hogares, sino que paraliza fábricas, eleva costos para las empresas, golpea la productividad y puede disparar la inflación. Para un país que aspira a consolidar su crecimiento económico y atraer inversión extranjera, la seguridad energética es un requisito innegociable.
La apuesta por diversificar la generación —presumiblemente hacia fuentes térmicas a gas, solar y eólica— es también una señal de que Colombia busca reducir su dependencia climática. Sin embargo, los plazos son ajustados: si el próximo El Niño llega a finales de 2026, las nuevas plantas estarán listas recién en 2029-2030, lo que deja un período de vulnerabilidad de al menos tres años durante los cuales el país deberá gestionar el riesgo con la infraestructura existente. Ese es el verdadero desafío inmediato.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es un caso aislado en la región. América Latina enfrenta un dilema energético compartido: países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Paraguay también dependen en gran medida de la hidroelectricidad, lo que los expone a los mismos riesgos climáticos. El Niño de 2023-2024 afectó los embalses en toda la región andina y en partes de Centroamérica, generando apagones y alzas en las tarifas eléctricas. La decisión de Colombia de anticiparse con nueva infraestructura de generación puede convertirse en un modelo de referencia, aunque también pone sobre la mesa un debate urgente: la transición energética en la región no puede depender únicamente de las renovables intermitentes si no se garantiza respaldo firme para los momentos de crisis climática.
Para los países latinoamericanos que están diseñando sus matrices energéticas del futuro, el caso colombiano ofrece una lección clara: la diversificación de fuentes no es un lujo, sino una necesidad estratégica. La cooperación regional en interconexiones eléctricas —como las que ya existen entre Colombia, Ecuador y Venezuela— también será clave para distribuir los riesgos y garantizar el suministro cuando un país enfrente déficit de generación.
El proceso de licitación y aprobación de las 15 nuevas plantas será el próximo paso a seguir de cerca. La velocidad con que Colombia avance en estos proyectos, la capacidad de atraer financiamiento privado y las decisiones de la CREG sobre precios de cierre diferenciados marcarán si el país logra llegar al próximo ciclo de El Niño con una posición más sólida, o si nuevamente deberá improvisar soluciones de último minuto para mantener las luces encendidas.
