A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, el panorama para los periodistas que cubren la campaña es alarmante. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han encendido las alarmas ante una ola de hostigamientos, amenazas, ataques digitales e incluso asesinatos que tienen como blanco a comunicadores que intentan informar sobre el proceso electoral en curso.
Los casos registrados no son menores ni aislados: Bogotá, Antioquia y Arauca concentran la mayor parte de las denuncias, dibujando un mapa de la violencia que revela tanto las tensiones políticas regionales como la profunda fragilidad estructural en la que trabaja la prensa colombiana cuando se acerca al poder y a quienes lo disputan.
Contexto y antecedentes
Colombia ocupa históricamente uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras, el país ha registrado decenas de comunicadores asesinados en las últimas décadas, muchos de ellos en regiones donde grupos armados —guerrillas, paramilitares y bandas criminales— ejercen control territorial. Esta violencia estructural se intensifica de manera previsible durante los ciclos electorales, cuando los intereses en juego son más altos y la información se convierte en un recurso estratégico.
El caso del joven periodista Mateo Pérez, asesinado en el norte de Antioquia, se ha convertido en símbolo de esa guerra silenciosa que denuncia la FLIP. Su muerte ilustra la frase que él mismo habría pronunciado: ‘A nadie le importa lo que pasa acá’, una advertencia sobre el abandono institucional que sufren los periodistas en territorios periféricos. Arauca, por su parte, sigue siendo uno de los departamentos más volátiles, con presencia activa del ELN y disidencias de las FARC que imponen restricciones informales a la cobertura periodística.
A esto se suma un fenómeno más reciente: los ataques digitales. El acoso en redes sociales, las campañas de desinformación orquestadas y el doxing —la exposición pública de datos personales de periodistas— se han convertido en herramientas de intimidación que no dejan rastros físicos pero generan el mismo efecto: el silenciamiento por autocensura. La periodista Jineth Bedoya Lima, ella misma sobreviviente de una brutal agresión, ha exigido públicamente al presidente Gustavo Petro que rectifique sus señalamientos a comunicadores como ‘muñecos de la mafia’, señalando que ese tipo de discurso desde el poder legitima la violencia contra la prensa.
Los puntos clave
- Alertas institucionales activas: La MOE y la FLIP han documentado un número significativo de casos de violencia y hostigamiento contra periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
- Zonas de mayor riesgo: Bogotá, Antioquia y Arauca concentran la mayoría de los incidentes registrados, combinando amenazas urbanas con violencia armada en territorios rurales.
- Asesinato de Mateo Pérez: La muerte de este joven periodista en el norte de Antioquia exemplifica la violencia letal que enfrentan los comunicadores en regiones con presencia de grupos armados ilegales.
- Ataques digitales en aumento: El hostigamiento en línea, incluyendo campañas de desprestigio y amenazas en redes sociales, se ha consolidado como una nueva modalidad de agresión contra la prensa.
- Señalamientos desde el poder: Declaraciones del presidente Petro que equiparan a periodistas con actores del crimen organizado han generado una polémica de alto impacto, con un fallo judicial de por medio que exige rectificación.
¿Qué significa esto?
El efecto más grave de esta violencia no es solo el daño a los periodistas individuales, sino el vaciamiento informativo que produce en la democracia. Cuando un comunicador es amenazado, atacado o asesinado, no solo se vulnera un derecho humano fundamental: se le roba a la ciudadanía la información que necesita para votar de manera libre e informada. Una prensa silenciada o autocensurada durante una campaña electoral equivale a un proceso democrático deficitario, donde los poderes fácticos —armados, económicos o políticos— operan sin escrutinio.
El papel del Estado resulta aquí paradójico y preocupante. Por un lado, organismos como la MOE y la Unidad Nacional de Protección (UNP) tienen mandatos para proteger a periodistas en riesgo; por el otro, cuando la propia dirigencia política genera un clima de estigmatización hacia los comunicadores, el mensaje que se envía a los actores violentos es de permisividad implícita. La exigencia de rectificación al presidente Petro no es un asunto de sensibilidades: es una cuestión de responsabilidad institucional con consecuencias reales sobre la seguridad de personas concretas.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Colombia en estas semanas no es un fenómeno aislado: es el reflejo amplificado de una tendencia regional. México, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil han registrado en años recientes niveles históricos de violencia contra periodistas, muchos de ellos vinculados a la cobertura de procesos electorales o de actores del crimen organizado con influencia política. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para el periodismo, y cada ciclo electoral reaviva esa vulnerabilidad. La diferencia en Colombia es que las elecciones del 31 de mayo se dan en un contexto de negociaciones de paz en curso, lo que añade una capa adicional de tensión: informar sobre esos procesos puede convertir a un periodista en objetivo de cualquiera de las partes.
Para la audiencia hispanohablante global, el caso colombiano debe leerse como una señal de alerta sobre los costos reales de la democracia en entornos de violencia estructural. La libertad de prensa no es un lujo que se activa en tiempos de paz: es precisamente en los momentos más convulsos cuando más se necesita y más se ataca.
Con las urnas a días de abrirse, lo que hay que seguir de cerca es si el Estado colombiano toma medidas concretas y urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas en campo, si los organismos de observación electoral incorporan la violencia contra la prensa como un indicador de riesgo democrático, y si los candidatos presidenciales asumen compromisos públicos y verificables con la libertad de expresión. De eso dependerá no solo la integridad del proceso del 31 de mayo, sino la viabilidad del periodismo independiente en Colombia en los años por venir.
