Un excombatiente acogido al proceso de paz fue asesinado en el municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, luego de que un grupo de hombres armados interceptara el vehículo en el que se desplazaba junto a su escolta. Los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra y huyeron del lugar, dejando al escolta herido. El hecho se suma a una cadena de violaciones sistemáticas a las garantías de seguridad que el Estado colombiano se comprometió a brindar a los firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en 2016.
Este tipo de ataques no ocurren en el vacío. Mercaderes es un municipio ubicado en el sur del Cauca, una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y a disidencias de las extintas FARC. La geografía, la presencia del Estado y la economía cocalera configuran un escenario donde los excombatientes reincorporados son vistos, con frecuencia, como blancos prioritarios por quienes se oponen a la paz o buscan controlar territorios estratégicos.
Contexto y antecedentes
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, más de 400 firmantes han sido asesinados en todo el país, según registros de organizaciones de derechos humanos como Indepaz. Esta cifra convierte a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes dejaron las armas bajo un proceso de paz negociado, lo que representa un fracaso estructural en la implementación de las garantías de seguridad acordadas.
El Cauca concentra una proporción significativa de estos homicidios. La región ha sido escenario de una disputa permanente entre el Estado, las disidencias de las FARC agrupadas bajo el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales que se niegan a reconocer los acuerdos y ven en los excombatientes reincorporados una amenaza o un obstáculo. En Mercaderes, específicamente, se han registrado en el pasado asonadas contra el Ejército durante operativos antidrogas, lo que revela el nivel de control territorial que ejercen estas organizaciones sobre la población civil y los actores institucionales.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegó al poder en 2022 con una agenda de ‘paz total’, ha intentado retomar y ampliar los diálogos con múltiples grupos armados. Sin embargo, los resultados en materia de protección a los firmantes han sido objeto de críticas por parte de líderes sociales, organizaciones internacionales y el propio partido político surgido del proceso de reincorporación, la Colombia Humana. La brecha entre el discurso oficial y la realidad en el terreno sigue siendo alarmante.
Los puntos clave
- Un firmante del Acuerdo de Paz fue asesinado en el municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, en un ataque perpetrado por hombres armados que interceptaron su vehículo.
- El escolta que lo acompañaba resultó herido durante el ataque, en el que los agresores abrieron fuego y huyeron sin ser capturados.
- Más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de 2016, según datos de Indepaz, lo que expone la crisis de seguridad en el proceso de reincorporación.
- El Cauca es uno de los departamentos más afectados por esta violencia, dada la presencia de disidencias y grupos narco que disputan el territorio a sangre y fuego.
- El Estado colombiano tiene la obligación legal y moral de garantizar la vida de los firmantes, compromiso que fue central en las negociaciones de La Habana y que sigue sin cumplirse plenamente.
¿Qué significa esto?
Cada asesinato de un firmante de paz no es solo un crimen individual: es un mensaje político enviado a quienes consideran dejar las armas en el futuro. Si el Estado no puede proteger a quienes ya apostaron por la paz, el incentivo para que otros grupos armados negocien se reduce drásticamente. Esto tiene consecuencias directas sobre la viabilidad de la ‘paz total’ que promueve el gobierno Petro, ya que socava la confianza en las instituciones y en los mecanismos de protección establecidos en el Acuerdo.
Los afectados son múltiples: los excombatientes reincorporados y sus familias, las comunidades rurales atrapadas en zonas de conflicto, y el propio proyecto político de construcción de paz. Para las organizaciones internacionales de verificación, como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, este tipo de hechos representa un retroceso tangible que es documentado y denunciado ante la comunidad internacional, pero cuyo impacto en las decisiones de seguridad del Estado colombiano sigue siendo insuficiente.
Perspectiva para América Latina
Colombia es el laboratorio de paz más observado de América Latina. Su proceso con las FARC fue presentado durante años como un modelo replicable para otros conflictos armados en la región, incluyendo las negociaciones que se han intentado con el ELN o los procesos fallidos en otros países. Sin embargo, la persistente violencia contra los firmantes envía una señal preocupante a toda la región: los acuerdos de paz son frágiles si no van acompañados de una reforma estructural del Estado, control territorial efectivo y voluntad política sostenida. Para países como Venezuela, Ecuador o México, que enfrentan sus propias crisis de violencia armada, el caso colombiano es una advertencia sobre los límites de los acuerdos sin implementación real.
Organizaciones latinoamericanas de derechos humanos han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la impunidad que rodea estos crímenes. La mayoría de los responsables de los asesinatos de firmantes nunca son judicializados, lo que convierte al Cauca y otras zonas en territorios donde matar a un excombatiente no tiene consecuencias penales efectivas, un patrón que se repite, con variantes, en varios países de la región.
Las autoridades colombianas deben responder con celeridad sobre las investigaciones en curso, identificar a los responsables del ataque en Mercaderes y reforzar los esquemas de seguridad para los firmantes en zonas de alto riesgo. Lo que ocurra en las próximas semanas con este caso —si hay capturas, si se fortalecen las medidas de protección o si el hecho queda en el olvido como tantos otros— dirá mucho sobre el verdadero estado del proceso de paz en Colombia.
