La Alcaldía de Cali dio un paso sin precedentes en el manejo del espacio urbano al anunciar denuncias judiciales contra quienes pinten grafitis con contenido político en bienes públicos sin los permisos correspondientes. El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, hizo el anuncio durante la primera Rendición de Cuentas de 2026, celebrada en la capital del Valle del Cauca, señalando que las sanciones se aplicarán en el marco del Código Nacional de Policía.
La medida surge después de que el 25 de mayo la administración municipal ordenara el borrado de varios murales que no cumplieron con los trámites legales requeridos para su realización. La acción generó una fuerte controversia política y social en la ciudad, reabriendo el debate nacional sobre los límites entre la memoria histórica, la expresión artística y la propaganda política en el espacio público.
Contexto y antecedentes
Cali es una ciudad que lleva años conviviendo con una tensión particular en torno a los murales urbanos. Desde el estallido social de 2021, cuando la ciudad fue epicentro de las protestas más intensas del país, los grafitis y murales se convirtieron en una forma de expresión política y de duelo colectivo para sectores de la población. Algunos de esos murales permanecen hasta hoy como símbolos del movimiento social, mientras que otros han sido objeto de disputas entre comunidades, artistas y autoridades.
El Código Nacional de Policía y Convivencia, vigente desde 2017, establece que pintar sobre bienes públicos o privados sin autorización constituye una infracción sancionable con multas y trabajos comunitarios. Sin embargo, su aplicación ha sido históricamente irregular, especialmente cuando se trata de contenidos de carácter político o conmemorativo, donde la línea entre arte, memoria y propaganda resulta difusa.
La actual administración de Cali ha enfocado parte de su agenda de seguridad en recuperar el control del espacio público. La Rendición de Cuentas donde se hizo el anuncio también incluyó balances sobre videovigilancia, reducción de criminalidad, servicios de justicia y comisarías de familia, lo que ubica la medida contra los grafitis dentro de una estrategia de seguridad urbana más amplia.
Los puntos clave
- Denuncia penal y código de policía: La Alcaldía de Cali anunciará denuncias judiciales formales y aplicará sanciones del Código Nacional de Policía contra quienes realicen grafitis políticos en bienes públicos sin autorización.
- Murales borrados el 25 de mayo: La administración ordenó eliminar murales que no contaban con los permisos requeridos, acción que desató una polémica inmediata en la ciudad.
- Rendición de Cuentas 2026: El anuncio fue realizado por el secretario Javier Garcés durante la primera Rendición de Cuentas del año, en la que también se presentaron cifras de gestión en seguridad y videovigilancia.
- Debate entre memoria e ilegalidad: El trasfondo político de la medida abre una discusión sobre si ciertos murales representan memoria histórica legítima o constituyen propaganda política ilegal en espacios comunes.
- Contexto de seguridad ampliado: La medida se enmarca en un paquete más amplio de control del espacio público y gestión de la seguridad ciudadana en Cali durante 2026.
¿Qué significa esto?
Más allá del aspecto legal, la decisión de la Alcaldía de Cali tiene implicaciones políticas y simbólicas de considerable peso. Criminalizar los grafitis políticos en una ciudad que vivió uno de los episodios de protesta más intensos de la historia reciente de Colombia puede interpretarse como un intento de borrar narrativas que incomodan al poder institucional, pero también como un esfuerzo legítimo por recuperar el orden urbano y garantizar que el espacio público sea de todos y no de ningún grupo en particular. La clave está en la aplicación: si la norma se aplica de forma selectiva según la orientación política del mensaje, la medida perdería toda legitimidad jurídica y democrática.
Para los ciudadanos caleños, el impacto es doble. Por un lado, quienes habitualmente expresan su descontento o memoria a través del arte urbano enfrentarán consecuencias legales más severas. Por otro, quienes demandan espacios públicos libres de propaganda partidista podrían ver en esta medida una respuesta esperada. El reto para la administración será demostrar que actúa con criterios claros, transparentes e igualitarios, independientemente del color político del grafiti en cuestión.
Perspectiva para América Latina
La tensión entre autoridades y grafiteros políticos no es exclusiva de Cali. En toda América Latina, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, pasando por Bogotá, Lima y Santiago, los murales urbanos han sido un campo de batalla simbólico entre movimientos sociales y gobiernos de distinto signo. En Chile, tras el estallido de 2019, miles de murales surgieron en las calles y posteriormente fueron objeto de disputas similares. En México, los colectivos feministas han protagonizado confrontaciones directas con autoridades por sus intervenciones en espacios públicos. Lo que ocurre en Cali es, en ese sentido, un capítulo local de un debate regional que no tiene resolución sencilla: ¿quién decide qué mensajes pueden ocupar las paredes de una ciudad?
Lo que viene
En los próximos días será fundamental observar cómo la Alcaldía de Cali implementa concretamente las denuncias anunciadas, qué criterios técnicos y jurídicos utiliza para distinguir un mural cultural de uno político ilegal, y cómo responden los sectores afectados. La reacción de organizaciones sociales, artistas y partidos políticos marcará si esta medida se convierte en un precedente de gestión urbana o en un nuevo foco de conflicto en una ciudad que todavía carga con las tensiones no resueltas del pasado reciente.
