El mar del Norte se ha convertido en uno de los escenarios más tensos de la Europa contemporánea, no por batallas convencionales, sino por una amenaza silenciosa que crece bajo las olas y en los cables submarinos. El Ejército alemán, la Bundeswehr, ha elevado su nivel de alerta ante la posibilidad de nuevos sabotajes contra infraestructuras críticas marinas, incluyendo los parques eólicos que abastecen de energía a millones de hogares. Desde 2024, los países de la OTAN registran un aumento perceptible —aunque difícil de atribuir— de intentos de sabotaje contra instalaciones energéticas y de transporte.
El ministro federal de Defensa alemán, Boris Pistorius, lo expresó con una frase que resume la paradoja del momento: ‘No estamos en guerra, pero tampoco vivimos ya en una paz completa’. Esa zona gris entre la paz y el conflicto abierto define lo que los expertos llaman guerra híbrida: una combinación de desinformación, drones, ciberataques y sabotajes físicos diseñados para desestabilizar sociedades sin cruzar el umbral formal de una declaración de guerra.
Contexto y antecedentes
El punto de inflexión fue el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cuando explosiones submarinas inutilizaron las tuberías que transportaban gas ruso hacia Europa a través del mar Báltico. Aquel ataque —cuya autoría sigue siendo disputada— demostró que la infraestructura energética submarina era vulnerable y que ningún país estaba completamente preparado para defenderla. Desde entonces, la percepción de seguridad en toda Europa cambió de forma radical.
Un portavoz del Mando Operativo de la Bundeswehr confirmó a ‘Euronews’ que ‘desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania se observa un aumento de actividades híbridas que muy probablemente persiguen desestabilizar a las sociedades occidentales’. Esta dinámica no se limita a Alemania: cables submarinos de telecomunicaciones han sido dañados en el mar Báltico y el mar del Norte en incidentes que generaron sospechas inmediatas sobre sabotaje deliberado, aunque las investigaciones rara vez han concluido con señalamientos definitivos.
Lo que ha cambiado en los últimos años es la valoración estratégica de los parques eólicos marinos. Estas instalaciones, concebidas inicialmente como infraestructura puramente energética en el marco de la transición verde europea, han adquirido una dimensión de seguridad nacional que hasta hace poco nadie hubiera imaginado. La Bundeswehr los considera ahora expresamente como infraestructura crítica desde el punto de vista de la Defensa.
Los puntos clave
- La Bundeswehr clasifica los parques eólicos marinos como infraestructura crítica de seguridad nacional, lo que refleja un cambio profundo en la doctrina de defensa alemana.
- Desde 2024 se registra un aumento de intentos de sabotaje contra instalaciones energéticas y de transporte en Alemania y otros países de la OTAN, aunque la atribución a actores concretos es extremadamente difícil.
- La responsabilidad principal de proteger estas infraestructuras recae sobre los propios operadores privados, no sobre el ejército, lo que genera interrogantes sobre la capacidad real de respuesta ante amenazas sofisticadas.
- La Bundeswehr tiene poderes de intervención muy limitados en territorio alemán en tiempo de paz, y solo puede actuar con plenas facultades en situaciones de tensión o defensa declaradas.
- El sabotaje del Nord Stream en 2022 marcó un antes y un después en la percepción europea sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras submarinas y energéticas.
¿Qué significa esto?
Las implicaciones de esta situación van mucho más allá de Alemania. Europa ha apostado de forma decisiva por la energía eólica marina como pilar de su transición energética y como herramienta para reducir la dependencia de los combustibles fósiles —especialmente del gas ruso—. Si los parques eólicos del mar del Norte se convierten en blancos sistemáticos de sabotaje, no solo se pone en riesgo el suministro eléctrico de países como Alemania, Dinamarca o los Países Bajos, sino también la propia estrategia de seguridad energética del continente. Un apagón prolongado o un daño masivo a estas instalaciones podría tener consecuencias económicas y sociales de enorme magnitud.
El segundo nivel de preocupación es institucional y jurídico. El hecho de que la protección de infraestructuras críticas recaiga principalmente en operadores privados —empresas energéticas con capacidades de seguridad limitadas— frente a amenazas estatales o paraestatales sofisticadas revela una brecha estructural. Alemania está trabajando en una nueva ley marco para crear un marco jurídico unificado, pero la velocidad legislativa raramente acompaña a la velocidad de la amenaza. Mientras tanto, la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Bundeswehr y los operadores privados sigue siendo un desafío complejo.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, este escenario europeo ofrece una lección urgente sobre vulnerabilidades propias. La región alberga infraestructura crítica igualmente expuesta: gasoductos en el Cono Sur, cables submarinos de fibra óptica que conectan al continente con el mundo, represas hidroeléctricas que abastecen países enteros y, cada vez más, instalaciones de energías renovables. Brasil, Chile, México y Colombia, entre otros, han ampliado considerablemente sus capacidades eólicas y solares, muchas de ellas en zonas remotas con escasa vigilancia. La pregunta que deberían hacerse los gobiernos latinoamericanos es si sus marcos legales y sus capacidades de defensa están a la altura de amenazas que ya no son ciencia ficción, sino realidad documentada en Europa.
Además, la guerra híbrida que describe Alemania —con campañas de desinformación, ciberataques y sabotajes difícilmente atribuibles— ya tiene antecedentes en América Latina. Varios países de la región han reportado operaciones de influencia extranjera en sus procesos electorales y ataques a sistemas críticos. La diferencia es que Europa está tomando estas amenazas con una seriedad institucional creciente, mientras que en muchos países latinoamericanos el debate sobre seguridad híbrida aún es marginal en las agendas de defensa nacional.
En las próximas semanas, Alemania espera avanzar en la aprobación de su nueva ley marco de protección de infraestructuras críticas, un proceso legislativo que será observado de cerca por sus socios de la OTAN. Paralelamente, los ejercicios de vigilancia naval en el mar del Norte se han intensificado, y varios países europeos estudian fórmulas para reforzar la cooperación entre sectores público y privado en materia de seguridad energética. Lo que está en juego no es solo la seguridad de unos cables y turbinas: es la capacidad de Europa —y por extensión del mundo democrático— para defender su modelo energético y su estabilidad social frente a una amenaza que opera precisamente en la ambigüedad.
