Cinco activistas propalestinos se sientan en el banquillo de una sala de alta seguridad dentro de la prisión de Stammheim, en Stuttgart, el mismo recinto donde en los años setenta fueron juzgados los militantes de la violenta Fracción del Ejército Rojo. El dato no es menor: sus abogados argumentan que el escenario mismo del juicio los presenta ante la opinión pública como individuos peligrosos, comprometiendo su derecho a un proceso justo. El caso, conocido como el de los ‘cinco de Ulm’, ha generado una controversia que va mucho más allá del daño material causado en las instalaciones de una empresa armamentística israelí.
Los acusados —ciudadanos de Reino Unido, España, Irlanda y Alemania vinculados al grupo Palestine Action Germany— enfrentan cargos por daños a la propiedad valorados en más de 1,1 millones de dólares y, lo que resulta mucho más polémico, por pertenecer a una organización criminal. Permanecen en prisión preventiva desde septiembre de 2024, cuando irrumpieron en las instalaciones de Elbit Systems en Ulm, uno de los mayores fabricantes de armamento de Israel. El caso ha abierto un debate profundo sobre los límites entre la protesta política legítima y la criminalidad organizada en un país cuya relación con Israel está marcada por décadas de compromiso histórico e identitario.
Contexto y antecedentes
Alemania sostiene desde la posguerra un vínculo especial con Israel, forjado sobre la culpa histórica del Holocausto y convertido en piedra angular de la política exterior alemana. Esa ‘razón de Estado’, como la han llamado sucesivos cancilleres, se tradujo en apoyo diplomático, cooperación en defensa y restricciones internas a cualquier forma de expresión que pudiera percibirse como antisemita. Sin embargo, el estallido del conflicto en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 tensó esa postura: las manifestaciones propalestinas se multiplicaron y el Estado alemán respondió con una mano notablemente más dura que otros países europeos.
Elbit Systems, la empresa atacada en Ulm, es uno de los contratistas de defensa más importantes de Israel, con filiales en varios países europeos, incluido el Reino Unido. Su presencia en suelo alemán ya había sido cuestionada por sectores pacifistas y de izquierda. Palestine Action Germany, el grupo al que pertenecen los acusados, es la rama alemana de una organización originada en el Reino Unido que ha llevado a cabo acciones directas contra instalaciones de esta misma empresa en distintos países, combinando activismo simbólico con sabotaje material.
El artículo 129 del Código Penal alemán, que tipifica la pertenencia a organizaciones criminales, está en el centro de la controversia jurídica. Esta disposición, diseñada históricamente para combatir el crimen organizado y el terrorismo, ha sido aplicada con creciente frecuencia contra movimientos de protesta. El grupo ecologista Última Generación ya fue objeto de investigaciones bajo esta figura, lo que generó críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos. El caso de los cinco de Ulm escala esa tendencia a un nivel sin precedentes.
Los puntos clave
- Los cinco activistas fueron detenidos en septiembre de 2024 tras irrumpir en las instalaciones de Elbit Systems en Ulm y causar daños valorados en más de 1,1 millones de dólares, publicando videos de la acción en redes sociales.
- La fiscalía los acusa no solo de daños a la propiedad, sino de pertenecer a una organización criminal bajo el artículo 129 del Código Penal alemán, un cargo que sus abogados consideran completamente desproporcionado.
- Los acusados también enfrentan cargos por utilizar símbolos de Hamás, organización considerada terrorista y proscrita en Alemania, lo que agrava significativamente su situación penal.
- El juicio se celebra en la misma sala de Stammheim donde fueron procesados en los años setenta los miembros de la Fracción del Ejército Rojo, una circunstancia que Amnistía Internacional y los defensores consideran simbólicamente intimidatoria.
- Yasmin Khuder, de Amnistía Internacional, advirtió públicamente que este caso representa el riesgo de que herramientas legales concebidas para el crimen organizado se usen para criminalizar la protesta política legítima.
¿Qué significa esto?
El caso de los cinco de Ulm no es simplemente un proceso penal por daños materiales: es un termómetro político que mide hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado alemán para controlar la disidencia en torno al conflicto de Gaza. Si la fiscalía obtiene una condena bajo el cargo de organización criminal, se establecerá un precedente legal que podrá aplicarse a cualquier grupo de activistas cuyas acciones coordinadas incluyan actos considerados delitos graves, aunque su motivación sea política. Esto podría desincentivar formas de protesta directa en toda Alemania y en el contexto europeo más amplio.
El impacto es también simbólico a escala internacional. Que ciudadanos europeos de cuatro países distintos sean juzgados en condiciones de alta seguridad por protestar contra un fabricante de armas revela las tensiones internas de una democracia que se enfrenta al dilema de equilibrar su compromiso con Israel, sus obligaciones constitucionales de garantizar la libertad de expresión y la presión creciente de una sociedad civil que exige accountability sobre las cadenas de suministro militar en tiempos de conflicto activo.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, región con una tradición histórica de movimientos sociales criminalizados mediante legislaciones amplias o figuras penales originalmente diseñadas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, el caso alemán resuena con particular fuerza. Países como Chile, Colombia, Brasil o México han enfrentado críticas de organismos internacionales precisamente por aplicar leyes antiterroristas contra comunidades indígenas, activistas medioambientales o manifestantes. Ver a una democracia consolidada como Alemania recurrir a lógicas similares ofrece, paradójicamente, tanto una advertencia como un espejo: la criminalización del activismo no es exclusiva de regímenes autoritarios.
Además, el conflicto en Gaza ha generado en América Latina un debate político muy activo, con varios gobiernos de la región —entre ellos Colombia, Bolivia, Cuba y Nicaragua— adoptando posiciones críticas hacia Israel y algunos rompiendo o tensando relaciones diplomáticas. El juicio alemán alimentará ese debate regional sobre soberanía política, libertad de expresión y los límites que los Estados establecen cuando la disidencia incomoda alianzas estratégicas.
El juicio continúa su curso en Stuttgart y se espera que la sentencia siente jurisprudencia relevante en Alemania. Lo que hay que seguir de cerca es la decisión del tribunal sobre si Palestine Action Germany cumple realmente los criterios legales de ‘organización criminal’, así como las posibles apelaciones y la respuesta de la Unión Europea ante un caso que pone a prueba los estándares comunitarios de protección a la protesta política. El veredicto podría redefinir los márgenes del activismo en Europa durante años.
