Cuba enfrenta uno de los golpes más duros a su industria turística en años recientes. El grupo hotelero español Iberostar y la cadena canadiense Blue Diamond han cesado total o parcialmente sus operaciones en la isla, una decisión que refleja la confluencia de dos fuerzas devastadoras: el colapso energético interno y la presión económica ejercida por la administración Trump sobre las empresas que operan con el aparato militar cubano.
En conjunto, las dos cadenas controlaban decenas de hoteles en los principales destinos turísticos del país, desde La Habana hasta Varadero y Cayo Largo del Sur. Su salida no es solo un golpe comercial: es un síntoma de la desintegración del modelo económico que el gobierno cubano ha sostenido durante décadas sobre la base del turismo internacional y las alianzas con empresas extranjeras.
Contexto y antecedentes
El turismo ha sido durante más de treinta años uno de los principales pilares de la economía cubana, especialmente desde que el derrumbe de la Unión Soviética obligó al gobierno de Fidel Castro a abrir la isla al capital extranjero en los años noventa. Cadenas europeas y canadienses encontraron en Cuba un mercado atractivo, operando bajo un esquema en el que el Estado cubano, a través de entidades como Gaesa —el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas— retenía la propiedad de los inmuebles y recibía una parte sustancial de los ingresos.
Gaesa es la clave para entender la coyuntura actual. Este conglomerado gestiona una porción mayoritaria de la economía formal cubana, desde hoteles y tiendas hasta importaciones de alimentos. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con sanciones a partir del 5 de junio a cualquier persona o empresa con vínculos económicos con Gaesa. Para compañías como Iberostar, que operaba 12 de sus 16 hoteles cubanos bajo la filial Gaviota —directamente ligada a Gaesa—, continuar significaba arriesgarse a quedar excluidas del sistema financiero internacional.
A esto se suma un embargo petrolero de varios meses de duración impuesto por Washington, que ha llevado al país a una crisis energética sin precedentes recientes. A mediados de mayo, el propio ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la isla no tenía absolutamente nada de petróleo crudo ni diésel, y que las reservas de gas dependían exclusivamente de la producción nacional. El resultado: apagones de entre 20 y 22 horas diarias en zonas de La Habana, hospitales al límite y escuelas paralizadas.
Los puntos clave
- Iberostar retira la gestión de 12 hoteles: El segundo mayor operador hotelero en Cuba dejará de gestionar, comercializar o promocionar los establecimientos vinculados a Gaviota a partir del 1 de junio de 2026, aunque mantiene presencia en cuatro hoteles no relacionados con Gaesa.
- Blue Diamond se va con efecto inmediato: La cadena canadiense, tercera en importancia en Cuba, anunció el cese total de sus operaciones bajo las marcas Royalton, Resonance, Starfish, Memories y Mystique, alegando ‘continuas limitaciones operativas y condiciones del mercado’.
- La orden ejecutiva de Trump presiona a las empresas globales: La amenaza de sanciones a quienes mantengan vínculos con Gaesa a partir del 5 de junio ha acelerado la salida de operadores internacionales que no pueden arriesgarse a perder acceso al mercado estadounidense o al sistema financiero global.
- El sector energético está en colapso total: Cuba no cuenta con reservas de crudo ni diésel, según admitió el ministro de Energía, y la situación impide ofrecer los estándares mínimos que los turistas internacionales exigen en un hotel.
- Otras empresas también se retiran: La minera canadiense Sherritt suspendió su joint venture de níquel y cobalto, y varias aerolíneas europeas cancelaron vuelos a La Habana por la imposibilidad de repostar combustible en la isla.
¿Qué significa esto?
La salida de Iberostar y Blue Diamond no es simplemente una decisión empresarial: marca un punto de inflexión en la viabilidad del modelo turístico cubano tal como fue concebido. Durante décadas, el gobierno de La Habana utilizó las alianzas con cadenas extranjeras para atraer divisas sin ceder control político ni propiedad. Ese esquema dependía de que las empresas internacionales estuvieran dispuestas a tolerar las condiciones impuestas por el Estado cubano. Cuando esas condiciones se vuelven incompatibles con el cumplimiento regulatorio internacional, el modelo se rompe. Y sin turismo funcional, una de las pocas fuentes de divisas del país se evapora.
El impacto más inmediato y brutal, sin embargo, recae sobre la población cubana. Los trabajadores del sector hotelero —que representan decenas de miles de empleos directos e indirectos— quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero más allá del turismo, los apagones prolongados ya están afectando a hospitales, cadenas de frío para alimentos y agua potable. La crisis no es abstracta: se traduce en vidas concretas que se deterioran día a día en una isla donde la capacidad de protestar o emigrar también está siendo restringida por múltiples frentes.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, el caso cubano funciona como un espejo de las tensiones más amplias entre soberanía económica, sanciones internacionales y la influencia de Washington sobre las decisiones empresariales globales. Países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, que mantienen relaciones estrechas con La Habana o que han sido objeto de sanciones similares, observan con atención cómo la combinación de presión exterior y mala gestión interna puede desencadenar un colapso sistémico. La región también debe considerar que muchas empresas turísticas y extractivas que operan en Latinoamérica tienen exposición al mercado estadounidense, lo que las hace vulnerables a mecanismos de presión similares.
Desde una perspectiva más amplia, el caso de Cuba ilustra cómo las sanciones económicas —independientemente del juicio moral que merezcan— tienen efectos devastadores sobre las poblaciones civiles antes que sobre los gobiernos que son su objetivo declarado. Es un debate que en América Latina tiene resonancias históricas profundas y que vuelve a la actualidad con renovada urgencia.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en si el gobierno cubano logra asegurar algún suministro alternativo de combustible —posiblemente a través de Rusia o China—, en cómo gestiona la operación de los hoteles que Iberostar y Blue Diamond dejan atrás, y en si la fecha del 5 de junio marcada por la orden ejecutiva de Trump desencadena nuevas retiradas de empresas internacionales. La ventana para una estabilización se estrecha con cada día que pasan los apagones.
