Un general de la Fuerza Aérea de Ecuador pidió disculpas públicas este jueves ante las familias de cuatro menores afrodescendientes que desaparecieron en diciembre de 2024 y fueron hallados muertos y con señales de tortura. El jefe de la institución, el general Mauricio Salazar, reconoció con palabras que marcaron un momento histórico para el país: ‘el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes’. Once militares ya fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión.
El acto se realizó en el malecón de Guayaquil, donde los retratos de Josué, Ismael, Steven y Nehemías presidieron una ceremonia cargada de simbolismo, pero también de ausencias significativas: ningún otro alto mando militar ni representante ministerial del gobierno del presidente Daniel Noboa estuvo presente. La disculpa formal es parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró al Estado y a los militares culpables de violaciones graves a los derechos humanos.
Contexto y antecedentes
El 8 de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, junto a sus amigos Saúl y Steven, salieron a jugar fútbol en un barrio popular del sur de Guayaquil y no regresaron. Días después, cuatro cuerpos carbonizados con señales de tortura aparecieron en un río cercano a la base aérea de Taura, a 35 kilómetros de la ciudad. La última señal de vida llegó por teléfono: uno de los niños le dijo a su padre Luis Arroyo, ‘los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo. Papá, por favor ven, sálvame’.
La respuesta inicial del Estado fue evasiva y contradictoria. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó primero la desaparición a ‘grupos delincuenciales’, una versión que sostuvo durante días hasta que la presión pública y la difusión de videos que confirmaban la participación de una patrulla de 16 militares lo obligaron a cambiar el relato. Este patrón —negar, dilatar y luego reconocer ante la evidencia— fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
En marzo de 2026, tras un proceso judicial que expuso las fallas estructurales en el control civil sobre las fuerzas armadas, once militares fueron condenados. La Corte Constitucional reafirmó la responsabilidad estatal y ordenó medidas de reparación que incluyen, precisamente, las disculpas públicas de este jueves. Ecuador atraviesa desde 2023 una profunda crisis de seguridad que llevó al gobierno de Noboa a otorgar poderes ampliados a las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, un contexto que vuelve aún más delicado el análisis de este caso.
Los puntos clave
- El general Mauricio Salazar, jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, ofreció disculpas públicas formales y reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y muerte de los cuatro menores afrodescendientes.
- Once militares fueron condenados en marzo de 2026 a 34 años y ocho meses de prisión por su participación en los hechos, mientras la Corte Constitucional declaró culpable al Estado por violaciones a los derechos humanos.
- La última señal de vida de los niños fue una llamada telefónica en la que uno de ellos le rogó a su padre que los rescatara de manos de militares que los acusaban de robo.
- Las disculpas son parte del cumplimiento de una sentencia constitucional e incluyen el compromiso de implementar protocolos de actuación frente a menores y formación permanente en derechos humanos dentro de las fuerzas armadas.
- El acto se realizó sin la presencia de otros altos mandos ni representantes del gobierno de Daniel Noboa, lo que generó críticas sobre el nivel de compromiso institucional con la reparación.
¿Qué significa esto?
La disculpa del general Salazar es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Ecuador: pocas veces un alto cargo militar de ese país ha comparecido públicamente a reconocer la responsabilidad institucional en una violación grave de derechos humanos. Pero el reconocimiento, aunque necesario, llega envuelto en tensiones. La ausencia del gobierno de Noboa en el acto revela una fractura entre lo que ordena el poder judicial y la voluntad política del ejecutivo de asumir el costo simbólico de este crimen. Las familias, representadas por el padre Luis Arroyo, recibieron las palabras, pero el dolor, como dijo el propio general, es ‘irreparable’.
El caso también expone una contradicción peligrosa en la estrategia de seguridad ecuatoriana. Mientras el gobierno amplía los poderes de las fuerzas armadas en las calles para enfrentar a los carteles, el caso de los ‘cuatro de Guayaquil’ demuestra que esa presencia militar sin controles suficientes puede convertirse en una amenaza para los ciudadanos más vulnerables: jóvenes, pobres y afrodescendientes. La pregunta que queda sin responder es si los protocolos prometidos serán suficientes para cambiar una cultura institucional que, ante la evidencia, primero mintió.
Perspectiva para América Latina
El caso de Guayaquil no es un hecho aislado en el continente. A lo largo de América Latina, las fuerzas de seguridad han sido señaladas repetidamente por abusos contra comunidades afrodescendientes e indígenas, jóvenes de barrios populares y sectores históricamente marginados. Desde las favelas de Brasil hasta las periferias de Colombia, México o Honduras, el perfil de las víctimas se repite con una consistencia que habla de patrones estructurales, no de casos esporádicos. Lo que hace diferente —y valioso— el desenlace en Ecuador es que existió una sentencia judicial y una disculpa formal: mecanismos de rendición de cuentas que en muchos países de la región siguen siendo excepcionales.
Para la región, este caso plantea también una reflexión urgente sobre el modelo de ‘mano dura’ que varios gobiernos latinoamericanos han adoptado frente al crimen organizado. La militarización del orden público, sin reformas institucionales profundas y sin mecanismos de supervisión civil robustos, puede derivar en abusos sistemáticos. Ecuador lo vivió en carne propia con cuatro niños que solo querían jugar fútbol.
El camino que tiene por delante Ecuador incluye garantizar que los compromisos del general Salazar se traduzcan en políticas concretas dentro de las fuerzas armadas, que la reparación integral a las familias se materialice más allá del gesto simbólico y que el proceso de reforma institucional anunciado sea monitoreado por organismos independientes. La memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías exige, como mínimo, que nada de esto quede en palabras.
