Un conductor de autobús baleado en piernas y abdomen, más de 30.000 extorsiones denunciadas en un solo año y 239 choferes asesinados en 2024. Estas cifras no son estadísticas abstractas: son el telón de fondo de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Perú, un país que enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves en décadas. El miedo se ha instalado en la vida cotidiana de millones de peruanos y ha redefinido las prioridades del electorado.
La jornada electoral enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, quien compite por cuarta vez a la presidencia, contra el izquierdista Roberto Sánchez. Ambos candidatos representan visiones radicalmente distintas sobre cómo gobernar un país que, pese a su relativa estabilidad económica, acumula ocho presidentes en la última década y una crisis de gobernabilidad que parece estructural. Para muchos votantes, la pregunta no es solo quién ganará, sino si alguien puede realmente cambiar algo.
Contexto y antecedentes
Perú lleva años atrapado en una paradoja política desconcertante: su economía, sustentada en la exportación de minerales estratégicos como el cobre, ha mantenido una estabilidad macroeconómica envidiable para la región, mientras su sistema político se desmorona. Desde 2016, el país ha atravesado una sucesión de escándalos de corrupción, destituciones presidenciales e inestabilidad institucional que han erosionado la confianza ciudadana en el Estado. Esta disfunción política ha dejado un vacío que el crimen organizado ha sabido aprovechar.
La ola de inseguridad no es un fenómeno aislado. Las bandas criminales —muchas vinculadas al narcotráfico y a redes transnacionales— han penetrado sectores vulnerables como el transporte, la construcción y el comercio informal, imponiendo sistemas de extorsión sistemáticos. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, se ha convertido en un símbolo de esta crisis: terminales de autobuses custodiadas por policías armados, conductores que trabajan con escolta y familias que evalúan emigrar. El Estado, históricamente débil en los márgenes urbanos, no ha logrado responder con eficacia.
En este contexto, Keiko Fujimori construyó una campaña centrada en la seguridad y el orden, evocando deliberadamente la figura de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000. Aunque el fujimorismo está marcado por condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción, una parte significativa del electorado lo recuerda como el hombre que derrotó a Sendero Luminoso y estabilizó la economía. Esa memoria, selectiva y cargada de simbolismo, sigue siendo políticamente potente.
Los puntos clave
- Crisis de seguridad sin precedentes: Perú registró cerca de 30.000 denuncias por extorsión en 2025, con 239 conductores de transporte asesinados solo en 2024, según un observatorio independiente de criminalidad.
- Cuarta candidatura de Keiko Fujimori: La candidata derechista propone desplegar al ejército contra el crimen organizado, tomar el control de las cárceles y bloquear financieramente a las redes de extorsión.
- Propuesta alternativa de Roberto Sánchez: El candidato izquierdista plantea revisar contratos mineros, elevar impuestos corporativos, aumentar el salario mínimo y ampliar el rol del Estado en los recursos naturales.
- Inestabilidad política crónica: Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, lo que refleja una crisis institucional profunda que trasciende a cualquier candidato individual.
- Economía relativamente estable pero en tensión: Las propuestas de Sánchez han generado inquietud en los mercados financieros, mientras los seguidores de Fujimori apuestan por el libre mercado y la atracción de inversión extranjera.
¿Qué significa esto?
El resultado de estas elecciones tendrá consecuencias que van más allá de quién ocupe el Palacio de Gobierno. Si Fujimori gana, Perú podría experimentar un giro hacia políticas de seguridad de mano dura con posibles tensiones en materia de derechos civiles, una historia que ya conoce el país. Si Sánchez triunfa, los mercados financieros y el sector minero —columna vertebral de la economía peruana— podrían enfrentar una incertidumbre considerable, al menos en el corto plazo. En ambos casos, el reto estructural seguirá siendo el mismo: reconstruir la legitimidad del Estado ante una ciudadanía profundamente desconfiada.
El dato más revelador de este momento político es quizás el testimonio del conductor Toño: ‘Si tuviera dinero, me iría del país’. Esa frase condensa algo más que desesperanza individual; refleja el fracaso acumulado de un sistema político que no ha sabido proteger a sus ciudadanos más vulnerables. El voto del domingo no será solo una elección entre dos candidatos, sino un diagnóstico sobre cuánta fe le queda a la sociedad peruana en sus propias instituciones.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Perú no es un caso aislado: es parte de un patrón regional. El miedo a la inseguridad ha reconfigurado el mapa político de América Latina en los últimos años, impulsando el ascenso de líderes con discursos de mano dura en países como El Salvador con Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa o Argentina con Javier Milei. La región enfrenta un dilema profundo: cómo combatir el crimen organizado sin sacrificar las garantías democráticas. Perú será la próxima prueba de hasta dónde llega esa tensión.
Para los países latinoamericanos que observan estas elecciones, el caso peruano también plantea una advertencia sobre los riesgos de la inestabilidad institucional prolongada. Cuando el Estado no funciona, el vacío lo llena el crimen. Y cuando el crimen se expande, el electorado tiende a premiar a quien promete más fuerza, independientemente de los costos. Es un ciclo que la región conoce bien y que aún no ha logrado romper de forma sostenida.
A la espera de los resultados, lo que habrá que seguir de cerca no es solo el nombre del ganador, sino si el próximo gobierno peruano logra traducir sus promesas en políticas concretas que reduzcan la violencia sin erosionar el Estado de derecho. El desafío es mayúsculo: restaurar la confianza ciudadana en un país donde ocho presidentes en diez años han dejado una huella de escepticismo difícil de borrar. La cuenta regresiva comenzó este domingo.
