Más de 27 millones de peruanos acudieron este domingo 7 de junio a las urnas para decidir entre dos candidatos que generan más rechazo que entusiasmo: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La jornada electoral comenzó a las 7:00 de la mañana y cerró a las 17:00 hora local, en lo que puede ser una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país andino.
El dato más revelador de este proceso no está en los candidatos sino en el contexto que los rodea: Perú lleva casi una década atrapado en una espiral de inestabilidad política donde cambiar de presidente se ha convertido en algo cercano a la rutina. La apatía es tan profunda que en la primera vuelta del 12 de abril, con sufragio obligatorio y 35 candidatos en competencia, más de 7 millones de ciudadanos simplemente no fueron a votar.
Contexto y antecedentes
Desde la salida forzada de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, Perú ha visto desfilar mandatarios destituidos por el Congreso, investigados por corrupción y, en el caso de Pedro Castillo, condenado a más de once años de prisión por su fallido intento de disolver el Legislativo en 2022. Esta sucesión de crisis ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y ha instalado una resignación colectiva que define el clima electoral de 2026.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en el eje central del debate. El aumento de homicidios y extorsiones, combinado con la expansión de redes criminales locales e internacionales, ha desplazado a las propuestas económicas del centro de la discusión. No es casual: según el Instituto de Estudios Peruanos, el porcentaje de peruanos que se identifican ideológicamente con la derecha pasó del 29% en 2021 al 41% en 2026, un desplazamiento que refleja el agotamiento ante la violencia y la demanda de mano dura.
La sombra de la corrupción no abandona a ninguno de los dos finalistas. Fujimori enfrenta su cuarta candidatura presidencial tras perder ante Humala en 2011, Kuczynski en 2016 y Castillo en 2021, con el peso de investigaciones por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, aunque el Tribunal Constitucional anuló la causa a finales de 2025. Sánchez, por su parte, fue el único ministro que sobrevivió a los cinco gabinetes del gobierno de Castillo, y la semana pasada la justicia reabrió una causa en su contra por supuesta falsa declaración sobre financiamiento de campaña, con una petición fiscal de más de cinco años de prisión.
Los puntos clave
- Cuarta candidatura de Fujimori: Keiko Fujimori llega a este balotaje habiendo perdido las tres ediciones anteriores, lo que convierte esta elección en su última oportunidad real de llegar a la presidencia con respaldo político suficiente.
- Sánchez hereda el legado Castillo: Roberto Sánchez llegó al balotaje con el capital político del voto rural que apoyó a Castillo, pero ese mismo vínculo le cierra las puertas del centro urbano, obligándolo a moderar su discurso a último momento.
- Ausentismo masivo en primera vuelta: Más de 7 millones de peruanos no votaron en la primera vuelta pese a la obligatoriedad del sufragio, una señal clara del desencanto democrático que atraviesa el país.
- El Congreso fragmentado dictará el ritmo: Fuerza Popular tiene el mayor número de escaños sin mayoría absoluta, Juntos por el Perú es la segunda fuerza, y el Partido del Buen Gobierno permanece sin comprometerse, lo que hace incierta cualquier coalición de gobierno.
- Regresa el Senado: Perú reincorpora la cámara alta, eliminada por referéndum y restituida por el Congreso, con la esperanza de que el bicameralismo ofrezca un freno institucional a la inestabilidad crónica.
¿Qué significa esto?
Ganar las elecciones en Perú no equivale a gobernar. Esa es quizás la lección más dura que han dejado los últimos años. El nuevo presidente deberá jurar el cargo el 28 de julio y desde el primer día enfrentará un Congreso en el que ninguna fuerza tiene mayoría, donde los acuerdos son volátiles y donde el mecanismo de destitución presidencial ha sido utilizado como herramienta política con una facilidad preocupante. Quien gane este balotaje heredará no solo el sillón presidencial, sino también una institucionalidad fragilizada que convierte en desafío incluso las reformas más modestas.
La polarización no termina con el conteo de votos. La mitad del país que no respalde al ganador llegará al 28 de julio con desconfianza profunda, y eso incluye a sectores organizados con capacidad de movilización. Si el resultado es tan ajustado como anticipan las encuestas, cualquier cuestionamiento al proceso podría desencadenar una crisis de legitimidad antes de que el nuevo gobierno cumpla su primer mes. El escenario no es hipotético: ya ocurrió en 2021, cuando el resultado entre Fujimori y Castillo tardó semanas en definirse en medio de denuncias cruzadas de fraude.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Perú es, en muchos sentidos, un espejo de tensiones que recorren buena parte de América Latina: el desgaste de los partidos tradicionales, el ascenso del voto castigo, la inseguridad como combustible electoral y la corrupción sistémica que deslegitima a toda la clase política. La región observa este proceso con atención porque el resultado puede marcar la dirección del eje político peruano en un momento en que el mapa ideológico latinoamericano está en permanente reconfiguración, con gobiernos de izquierda en México, Colombia y Brasil, y un giro conservador visible en Argentina y Ecuador.
Para los países vecinos, especialmente Bolivia y Ecuador, la estabilidad peruana tiene implicaciones directas en materia de comercio, flujos migratorios y seguridad fronteriza. Un gobierno débil en Lima, incapaz de construir alianzas legislativas, agudizaría los problemas de gobernabilidad que ya afectan la cooperación regional en asuntos tan urgentes como el narcotráfico y la minería ilegal.
Lo que queda por seguir de cerca es si el ganador de este balotaje logra construir en los próximos días una coalición legislativa mínima que le permita gobernar, si la reinstauración del Senado actúa realmente como contrapeso institucional, y si la justicia peruana mantiene su independencia frente a los casos abiertos contra ambos candidatos. El 28 de julio, día de toma de posesión, será la primera prueba real de cuánto poder efectivo tiene quien haya ganado hoy.
