Yesenia Ruano llevaba 14 años construyendo su vida en Wisconsin cuando el miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la obligó a tomar una decisión que ninguna madre debería enfrentar: abandonar el país donde nacieron sus hijas gemelas y regresar a El Salvador, una tierra que las niñas ni siquiera conocían. Ahora, un año después de ese éxodo forzado, un juez federal le devuelve la esperanza, aunque no la certeza.
El 20 de mayo, el juez André Birotte Jr. del Distrito Central de California emitió un fallo que ordena al gobierno del presidente Donald Trump permitir el reingreso de Ruano a Estados Unidos ‘con el mismo estatus migratorio que tenía antes de su expulsión forzosa’. La resolución también suspende detenciones y deportaciones de todas las personas con trámites activos de visa T y visa U, categorías diseñadas para proteger a víctimas de crímenes graves y de trata de personas, precisamente el perfil de quienes forman parte de esta demanda colectiva.
Contexto y antecedentes
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, su administración intensificó de manera drástica las operaciones de deportación a través de ICE, generando un clima de terror entre comunidades migrantes en todo el país. Las redadas se multiplicaron, incluso en espacios antes considerados sensibles, y miles de personas con procesos migratorios pendientes fueron deportadas sin que las autoridades esperaran la resolución de sus casos.
La visa U está destinada a víctimas de crímenes violentos o abuso físico y mental que colaboran con las autoridades, mientras que la visa T protege a víctimas de trata de personas. Ambas categorías implican que los solicitantes son personas vulnerables cuya protección es obligación expresa del Estado. Sin embargo, según la demanda colectiva presentada ante el tribunal californiano, ICE y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deportaron ilegalmente a solicitantes de estas visas con trámites aún vigentes, violando sus propios procedimientos internos.
El caso de Ruano no es aislado. La demanda incluye a otras personas de distintas nacionalidades que atravesaron situaciones similares: procesos migratorios activos ignorados, deportaciones ejecutadas sin verificar el estado de las solicitudes y familias separadas o desplazadas de forma abrupta. La resolución del juez Birotte Jr. representa una de las respuestas judiciales más directas a esta práctica sistemática.
Los puntos clave
- El fallo del juez André Birotte Jr. ordena al gobierno de Trump permitir el reingreso de Yesenia Ruano con el mismo estatus migratorio previo a su deportación, considerada forzosa por el tribunal.
- La resolución suspende detenciones y deportaciones de todas las personas con solicitudes activas de visa T (víctimas de trata) y visa U (víctimas de crímenes violentos), mientras sus trámites estén pendientes.
- ICE queda impedido de iniciar un nuevo proceso de deportación contra Ruano hasta que se resuelva su solicitud de visa T, según establece explícitamente el fallo.
- El esposo de Ruano, Miguel Guerra, quien se autodeportó voluntariamente para reunirse con su familia, no forma parte de la demanda colectiva, lo que deja su situación migratoria en una zona de mayor incertidumbre.
- La familia vendió su casa en Estados Unidos para financiar la construcción de una vivienda en El Salvador, lo que significa que el regreso implicará reconstruir su estabilidad económica prácticamente desde cero.
¿Qué significa esto?
El fallo tiene un valor doble: simbólico y jurídico. En términos prácticos, protege a un grupo de personas que el propio sistema migratorio estadounidense reconoce como vulnerables y a quienes les había prometido un proceso legal antes de cualquier acción de expulsión. Que un juez federal deba ordenar lo que la ley ya exigía revela la magnitud de las irregularidades cometidas durante las operaciones de deportación masiva de la administración Trump. Este tipo de resoluciones judiciales se convierte en un freno institucional ante políticas migratorias que han operado, según los demandantes, por fuera del propio marco legal estadounidense.
Sin embargo, el alivio es parcial. El reingreso no garantiza la aprobación de la visa, y la familia Ruano lo sabe. ‘Da miedo, en el fondo, de que el Gobierno se tome algo en venganza’, admite Yesenia con una honestidad que resume la fragilidad del momento. Para miles de familias en situaciones similares, este fallo abre una ventana, pero no cierra la incertidumbre. La situación del esposo, fuera del alcance de la demanda colectiva, ilustra perfectamente cómo las soluciones judiciales parciales pueden dejar cabos sueltos en historias de vida que no se ajustan a los límites de un expediente legal.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, y especialmente para El Salvador y los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, este caso condensa una paradoja dolorosa y cotidiana: personas que huyeron de la violencia, construyeron una vida digna en otro país y son expulsadas de regreso a territorios que sus propios hijos no reconocen como hogar. Las hijas gemelas de Ruano nacieron en Estados Unidos, son ciudadanas americanas, y sin embargo terminaron cursando quinto grado en una escuela salvadoreña, adaptándose a una realidad que les fue impuesta. Este desplazamiento forzado de familias mixtas, con hijos ciudadanos y padres indocumentados o en proceso de regularización, es uno de los impactos más invisibles y más profundos de las políticas migratorias restrictivas.
En el contexto regional, el fallo también envía una señal a las comunidades migrantes latinoamericanas en Estados Unidos: el sistema judicial puede actuar como contrapeso a políticas ejecutivas agresivas, pero el camino es largo, costoso y emocionalmente agotador. Organizaciones de derechos humanos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador monitorean de cerca estos precedentes legales porque definen, en la práctica, qué protecciones reales tienen sus compatriotas al norte de la frontera.
Lo que sigue para la familia Ruano es terminar la construcción de su casa en Tamanique, reunir el dinero suficiente para reinstalarse en Milwaukee y esperar que la justicia no se detenga en la orden de reingreso, sino que avance hasta una resolución definitiva sobre la visa T. Sus hijas, que lloraban días antes del fallo pidiendo volver, son ahora el termómetro más honesto de lo que está en juego: no solo un trámite migratorio, sino la posibilidad de que una familia viva junta, sin miedo, en el lugar que eligió como propio.
