Un pequeño municipio del área metropolitana de Zúrich se ha convertido en el símbolo más elocuente del dilema que enfrenta Suiza este domingo en las urnas. Dübendorf, con casi 33.000 habitantes y un horizonte partido por rascacielos de más de 100 metros, resume en su paisaje urbano la tensión entre crecimiento y límite que divide al país: los suizos decidirán en referéndum si se fija un tope legal de 10 millones de habitantes para el año 2050, cuando hoy ya son 9,1 millones.
La propuesta, impulsada por la derecha populista, responde a un dato que genera alarma en ciertos sectores: Suiza ha incorporado 1,7 millones de personas desde 2002, uno de los incrementos de población más acelerados de toda Europa. La mayor parte de ese crecimiento proviene de ciudadanos comunitarios que llegaron al amparo del acuerdo de libre circulación que el país mantiene con la Unión Europea, un tratado que le garantiza acceso al mercado único sin ser miembro de pleno derecho del bloque. El resultado es un país próspero que se pregunta si puede seguir creciendo sin romper su tejido social, su infraestructura y su paisaje.
Contexto y antecedentes
Suiza tiene una relación históricamente compleja con la inmigración. En 2014, los ciudadanos aprobaron en referéndum una iniciativa similar que buscaba restringir la libre circulación de personas con la UE, lo que generó una grave crisis diplomática con Bruselas y obligó al Gobierno a buscar una interpretación flexible del acuerdo bilateral. Aquella votación mostró que el rechazo al crecimiento demográfico acelerado tiene raíces profundas en parte de la sociedad helvética, especialmente entre los votantes del Partido Popular Suizo (SVP/UDC), la formación de derecha nacionalista que impulsa la iniciativa actual.
El acuerdo de libre circulación, vigente desde 2002, ha sido motor económico indiscutible: los sectores de construcción, gastronomía, sanidad y tecnología dependen en gran medida de trabajadores europeos. Hoy, el 27,6% de la población residente en Suiza es extranjera, una proporción que en municipios como Dübendorf asciende al 38%. Frente a esa realidad, el Gobierno federal, los principales partidos de centro e izquierda y las asociaciones empresariales han hecho campaña conjunta contra la iniciativa, argumentando que un tope demográfico legal es incompatible con los acuerdos bilaterales con la UE y con las necesidades del mercado laboral.
El caso de Dübendorf ilustra la complejidad del debate. Su alcalde, André Ingold, miembro del SVP pero alejado del discurso antiinmigración de su partido, ha apostado por la densificación urbana como respuesta al crecimiento: rascacielos con huella ecológica reducida, zonas verdes integradas y hasta aulas escolares instaladas en plantas bajas de torres residenciales para que los niños ‘bajen a clase en zapatillas’. Un parque tecnológico en construcción promete además 12.000 empleos adicionales en la zona.
Los puntos clave
- El referéndum propone fijar en 10 millones el límite de habitantes que Suiza podría albergar hasta 2050, frente a los 9,1 millones actuales, lo que implicaría una restricción drástica a la inmigración neta.
- Suiza ganó 1,7 millones de personas desde 2002, principalmente gracias al acuerdo de libre circulación con la UE, registrando uno de los crecimientos poblacionales más altos de Europa occidental en ese período.
- El Gobierno, los partidos mayoritarios y el sector empresarial rechazan la iniciativa, advirtiendo que un tope legal chocaría frontalmente con los tratados bilaterales firmados con Bruselas y pondría en riesgo el acceso al mercado único.
- Los trabajadores extranjeros son pilares de sectores esenciales como la sanidad, la construcción y la gastronomía, ámbitos donde la mano de obra local resulta insuficiente para cubrir la demanda existente.
- La tensión social es visible en municipios como Dübendorf, donde residentes de larga data expresan inquietud por la desaparición de zonas verdes, el aumento del tráfico y la transformación acelerada del paisaje urbano conocido.
¿Qué significa esto?
Si la iniciativa prosperara en las urnas, Suiza enfrentaría un escenario sin precedentes: tendría que renegociar o incluso romper su acuerdo de libre circulación con la UE, lo que pondría en riesgo el conjunto de los tratados bilaterales que sostienen su acceso preferencial al mercado europeo. Las consecuencias económicas serían significativas en un país cuya prosperidad está profundamente entrelazada con el intercambio comercial y humano con sus vecinos comunitarios. La presión sobre los salarios y la disponibilidad de servicios esenciales podría aumentar si la oferta de trabajadores se reduce abruptamente.
Más allá de los números, el referéndum visibiliza una fractura social latente: la que separa a quienes perciben el crecimiento como oportunidad y a quienes lo viven como amenaza a una identidad y una calidad de vida construidas durante décadas. El dentista jubilado de 78 años que ya no se siente ‘en casa’ en Dübendorf y el residente británico de 88 años que dice ‘hay que adaptarse’ representan dos visiones de Suiza igualmente auténticas. La clave está en si las instituciones logran gestionar ese cambio con infraestructura, integración y planificación, o si la velocidad del crecimiento supera la capacidad de respuesta del Estado.
Perspectiva para América Latina
El debate suizo resuena con fuerza en América Latina, una región que históricamente ha sido emisora de migrantes hacia Europa y que en los últimos años también ha experimentado movimientos masivos de población entre sus propios países, como la diáspora venezolana en Colombia, Perú y Chile. La pregunta que se hace Suiza —¿cuántos somos demasiados?— es el espejo invertido de la que se hacen muchos latinoamericanos que emigran: ¿hasta dónde seremos bienvenidos? El resultado de este referéndum marcará señales concretas sobre la dirección que podría tomar la política migratoria en uno de los países más ricos del mundo y con mayor presencia de trabajadores extranjeros cualificados procedentes de todas las latitudes.
Además, el modelo suizo de gestión urbana que plantea Dübendorf —densificación vertical con planificación ecológica y social— ofrece lecciones prácticas para ciudades latinoamericanas que enfrentan crecimientos poblacionales aún más acelerados y con recursos públicos mucho más limitados. La diferencia está en que en Suiza el debate es sobre si frenar un crecimiento que el Estado aún puede costear; en América Latina, el desafío es gestionar crecimientos que ya superaron hace tiempo la capacidad instalada de sus sistemas públicos.
Este domingo, cuando cierren las urnas en Suiza, el resultado no solo definirá el futuro demográfico de un país alpino de 9 millones de personas. Enviará también un mensaje sobre cómo las democracias ricas procesan el miedo al cambio y la demanda de límites en un mundo cada vez más interconectado. Lo que siga después —en las relaciones con Bruselas, en el mercado laboral, en barrios como los de Dübendorf— será tan importante como el propio resultado.
