En plena recta final de la campaña presidencial colombiana, el movimiento ‘Defensores de la Patria’ del candidato Abelardo de la Espriella lanzó una alerta urgente a la ciudadanía para advertir sobre la existencia de personas que estarían recolectando dinero de manera fraudulenta usando su nombre. El comunicado fue enfático: la campaña no solicita ni recibe contribuciones económicas de ningún tipo por parte de particulares.
La denuncia llega en un momento de máxima tensión electoral. Según una encuesta de Atlas Intel, De la Espriella lidera las intenciones de voto de cara a la segunda vuelta del 21 de junio con un 52,2%, frente al 44,5% de su rival Iván Cepeda. Esa visibilidad lo convierte también en blanco ideal para aprovechadores que buscan lucrar con la expectativa política generada alrededor de su figura.
Contexto y antecedentes
Abelardo de la Espriella, abogado penalista de alto perfil conocido por haber defendido a figuras controvertidas del panorama jurídico y político colombiano, emergió como una de las candidaturas más inesperadas y disruptivas del ciclo electoral de 2026. Su irrupción en la escena política generó tanto entusiasmo en sectores de centro-derecha como controversia en otros sectores del espectro ideológico, lo que le ha dado una exposición mediática inusualmente alta para un candidato sin trayectoria política previa en cargos de elección popular.
Esa notoriedad ha venido acompañada de episodios que reflejan la polarización del momento: desde la difusión de una fotografía manipulada con inteligencia artificial en la que supuestos futbolistas de la Selección Colombia aparecían respaldando su candidatura —desmentida en la sección de verificación ‘#ElFiltro’—, hasta la suspensión de un congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, tras declaraciones relacionadas con De la Espriella. La campaña también se ha visto envuelta en debates legales sobre si los tarjetones de la segunda vuelta deben reimprimir por un fallo judicial que involucra a su movimiento.
En ese contexto de alta visibilidad y controversia, las estafas en nombre de candidatos políticos no son un fenómeno nuevo en Colombia ni en América Latina. Sin embargo, adquieren una dimensión especialmente preocupante cuando ocurren en las semanas previas a una segunda vuelta presidencial, cuando la movilización ciudadana y la disposición a ‘aportar a la causa’ suelen estar en su punto más alto.
Los puntos clave
- La campaña fue categórica: el movimiento ‘Defensores de la Patria’ afirmó que ninguna persona está autorizada para recibir dinero a nombre de Abelardo de la Espriella ni de su organización electoral.
- El llamado a la denuncia es activo: el comunicado no solo advierte, sino que exhorta a los ciudadanos a reportar ante las autoridades cualquier caso de recolección económica fraudulenta que invoque el nombre del candidato.
- El escenario electoral es de alta tensión: con De la Espriella liderando en encuestas con 52,2% frente al 44,5% de Iván Cepeda, la segunda vuelta del 21 de junio se perfila como una de las más reñidas y polarizadas en años recientes en Colombia.
- La desinformación ya es un patrón en esta campaña: la circulación de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que vinculan figuras populares con el candidato evidencia una campaña organizada de manipulación informativa.
- El entorno legal también es turbulento: decisiones de la Procuraduría, fallos judiciales y declaraciones del propio De la Espriella sobre la suspensión del presidente Gustavo Petro configuran un panorama institucional sumamente volátil en las semanas previas al balotaje.
¿Qué significa esto?
Más allá del hecho puntual, esta alerta revela la vulnerabilidad de los procesos electorales ante la explotación de la confianza ciudadana. Cuando una campaña debe salir a desmentir públicamente que está recibiendo dinero, el daño a la credibilidad ya está parcialmente hecho. Las estafas políticas no solo perjudican económicamente a quienes caen en ellas —generalmente ciudadanos de estratos medios y bajos movilizados emocionalmente—, sino que erosionan la confianza en el proceso electoral en su conjunto y pueden ser utilizadas por adversarios para sembrar dudas sobre la transparencia financiera de una candidatura.
El fenómeno también pone en evidencia las limitaciones del ecosistema digital colombiano para frenar este tipo de fraudes. En un entorno donde circulan imágenes generadas por inteligencia artificial, cadenas de WhatsApp sin verificar y perfiles falsos en redes sociales, la desinformación y la estafa viajan a una velocidad que las instituciones y los propios equipos de campaña difícilmente pueden contrarrestar en tiempo real. La combinación de alta polarización, redes sociales sin regulación efectiva y una ciudadanía emocionalmente invertida en el resultado electoral crea el caldo de cultivo perfecto para este tipo de delitos.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es un caso aislado. En toda América Latina, los períodos electorales han demostrado ser momentos de especial vulnerabilidad frente a las estafas políticas digitales. En México, Brasil, Argentina y Perú se han registrado casos similares de recolección fraudulenta de fondos en nombre de candidatos o movimientos políticos, especialmente en campañas con fuerte arraigo popular y alta movilización en redes sociales. La región comparte no solo el problema, sino también la escasez de herramientas legales ágiles para perseguir estos delitos en el entorno digital.
Lo que ocurre en Colombia en estas semanas es, en ese sentido, un termómetro regional. La capacidad —o incapacidad— de las autoridades electorales y judiciales para actuar con rapidez ante estas denuncias enviará una señal sobre la solidez institucional del país en uno de sus momentos políticos más definitorios en la última década.
A medida que se acerca el 21 de junio, todos los focos estarán puestos en la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda. Pero más allá del resultado, el comportamiento del ecosistema informativo, la respuesta del Estado ante los fraudes denunciados y la capacidad de la ciudadanía para navegar la desinformación serán indicadores igualmente relevantes de la salud democrática de Colombia. Seguir estas señales es tan importante como seguir las encuestas.
