La captura de alias ‘Chalá’, señalado sicario del grupo disidente Calarcá FARC y presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez de Yarumal, sacudió este viernes la agenda de seguridad en Colombia. El Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía Nacional ejecutó el operativo en el departamento del Tolima, logrando dar con el paradero de uno de los hombres más buscados en el contexto del conflicto armado que azota el norte de Antioquia.
La noticia desató de inmediato una reacción política de alto voltaje. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró el resultado pero lanzó un reclamo directo al presidente Gustavo Petro: ‘Que ahora no lo vaya a soltar’. La frase, publicada en redes sociales, resume la tensión profunda entre las administraciones regionales y el Gobierno nacional en torno a la política de ‘Paz Total’ y el tratamiento judicial a combatientes capturados.
Contexto y antecedentes
El periodista Mateo Pérez era un comunicador que ejercía su labor en el municipio de Yarumal, en el nordeste antioqueño, una de las zonas más convulsionadas de Colombia por la presencia de grupos armados ilegales. Su asesinato generó indignación nacional y fue catalogado como un ataque directo a la libertad de prensa en un territorio donde los periodistas trabajan bajo amenaza permanente. Colombia se mantiene como uno de los países más peligrosos de América Latina para el ejercicio del periodismo.
Alias ‘Chalá’ es identificado por las autoridades como sicario al servicio de la disidencia conocida como Calarcá FARC, facción que opera en varias regiones del país y que no se acogió a los acuerdos de paz de 2016 ni a las negociaciones posteriores. Este grupo hace parte del entramado de estructuras armadas que el Gobierno Petro ha intentado involucrar en su política de ‘Paz Total’, una estrategia que busca negociaciones simultáneas con múltiples actores ilegales, pero que ha sido duramente criticada por gobernadores, alcaldes y sectores de oposición que la acusan de generar impunidad.
El operativo en el Tolima pone de relieve la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, pero también evidencia las fricciones entre el ejecutivo nacional y los mandatarios regionales que exigen garantías de que los capturas se traduzcan en condenas efectivas y no en liberaciones derivadas de acuerdos políticos con grupos armados.
Los puntos clave
- Alias ‘Chalá’ fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía en el departamento del Tolima, luego de una ofensiva planeada de las fuerzas de seguridad.
- El capturado es señalado como sicario de la disidencia Calarcá FARC y como el presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, de Yarumal, Antioquia.
- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, felicitó a la fuerza pública pero advirtió que vigilarán de cerca el proceso judicial ante la Fiscalía para garantizar la judicialización efectiva.
- La captura aviva el debate sobre la política de ‘Paz Total’ del presidente Petro y el riesgo de que combatientes capturados sean liberados en el marco de negociaciones con grupos armados.
- El nordeste de Antioquia es una región crítica en materia de seguridad, con presencia activa de disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales que amenazan a periodistas, líderes sociales y comunidades.
¿Qué significa esto?
Más allá del hecho policial, esta captura expone una fractura institucional que atraviesa a Colombia: la desconfianza entre los gobiernos territoriales y el ejecutivo nacional respecto a la gestión del orden público. El reclamo del gobernador Rendón no es solo retórica política; refleja una preocupación legítima y extendida entre las autoridades locales que han visto cómo, en el marco de la ‘Paz Total’, algunos actores armados capturados han obtenido beneficios procesales que se perciben como incompatibles con la gravedad de sus crímenes. Para las familias de las víctimas, y en particular para los colegas de Mateo Pérez, la captura de su presunto asesino es un momento de alivio parcial, condicionado a que el sistema judicial garantice una respuesta proporcional.
El impacto también es simbólico para el gremio periodístico colombiano. Mateo Pérez representaba a esos comunicadores que trabajan en los márgenes del país, lejos de las grandes redacciones, en territorios donde informar tiene un costo que puede ser la vida. Que su presunto asesino haya sido capturado envía una señal importante, pero la pregunta que se instala —y que el propio gobernador formuló públicamente— es si el Estado colombiano está dispuesto a sostener esa señal hasta las últimas consecuencias judiciales.
Perspectiva para América Latina
El caso resuena con fuerza en una región donde la violencia contra periodistas sigue siendo una crisis estructural. Según organizaciones como RSF (Reporteros Sin Fronteras) y CPJ (Comité para la Protección de Periodistas), América Latina concentra año tras año algunos de los índices más altos de periodistas asesinados en el mundo, con México, Honduras y Colombia a la cabeza. La captura de alias ‘Chalá’ ilustra una realidad que muchos países de la región comparten: la impunidad es el principal enemigo de la libertad de prensa, y cuando se logra una captura, la batalla legal apenas comienza.
Para el observador latinoamericano, el episodio también plantea un debate más amplio sobre los modelos de negociación con grupos armados. La tensión entre ‘paz negociada’ e ‘impunidad’ es un dilema que países como Ecuador, Venezuela y El Salvador han enfrentado —y resuelto de maneras radicalmente distintas— en los últimos años. La forma en que Colombia maneje el proceso judicial de alias ‘Chalá’ será seguida de cerca como un termómetro del estado real de la ‘Paz Total’.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en la Fiscalía General de la Nación y en los tribunales que deberán definir los cargos formales contra el capturado. El gobernador Rendón anunció que su administración vigilará de cerca cada paso del proceso. Para la prensa colombiana y para las organizaciones de libertad de expresión, este es un caso que no puede perderse de vista: la justicia para Mateo Pérez está aún pendiente de dictarse.
