El Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro avanza en uno de sus movimientos más audaces en materia energética: la liquidación de Air-e, la empresa privada que presta el servicio eléctrico en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, una región donde las fallas, los cortes y las tarifas abusivas han sido una constante durante años. La apuesta oficial es fusionar los activos resultantes con Gecelca, la generadora eléctrica del Estado, para crear una empresa pública que asuma el suministro en el Caribe colombiano.
La medida, anunciada en medio de una intensa disputa política, no surge de la nada: es el último capítulo de una batalla que el Ejecutivo viene librando desde hace meses y que ha chocado repetidamente con el Congreso y con la propia Corte Constitucional. El propio Petro lo reconoció en su cuenta de X, donde denunció que la propuesta ‘ha sido bloqueada una y otra vez’ por congresistas del Caribe alineados con la familia Char, uno de los clanes políticos más influyentes del país.
Contexto y antecedentes
Air-e opera desde 2020 en el norte de Colombia tras la liquidación de Electricaribe, la empresa española que durante décadas prestó un servicio deficiente en la región. El cambio de operador, sin embargo, no trajo el alivio prometido. Los usuarios de La Guajira, Magdalena y Atlántico han seguido sufriendo cortes prolongados, infraestructura obsoleta y tarifas de las más altas del país, una paradoja dolorosa en territorios donde la pobreza energética convive con una riqueza natural enorme: La Guajira es el mayor productor de energía eólica y solar de Colombia.
El Gobierno Petro intentó intervenir la situación a través de una emergencia económica en 2024, pero la Corte Constitucional tumbó varios de los decretos asociados. Paralelamente, el Congreso ha negado respaldo legislativo a las iniciativas de estatización o reestructuración del sector eléctrico en el Caribe. Desde el Ejecutivo, se señala directamente a la influencia del clan Char —cuya familia controla el Banco Popular y tiene amplia representación parlamentaria— como el principal obstáculo político a la reforma.
Gecelca, por su parte, es una empresa de generación eléctrica de propiedad mixta estatal que opera principalmente con termoeléctricas en el Caribe. Su eventual fusión con los activos de Air-e implicaría un salto cualitativo: pasar de solo generar energía a también distribuirla y comercializarla, lo que la convertiría en un jugador integral del sistema en la región.
Los puntos clave
- El Gobierno Nacional planea liquidar Air-e, la empresa privada que distribuye energía en La Guajira, Magdalena y Atlántico, tres departamentos del Caribe colombiano con graves déficits en el servicio.
- La propuesta oficial contempla fusionar los activos de Air-e con Gecelca para crear una empresa pública de energía que asuma la distribución y comercialización en la región.
- El presidente Petro acusó a congresistas aliados de la familia Char de haber bloqueado sistemáticamente iniciativas similares, lo que convierte esta decisión en un choque político de alto voltaje.
- La Corte Constitucional ya había frenado medidas previas del Ejecutivo en materia energética en el Caribe, lo que anticipa posibles nuevos choques jurídicos alrededor de esta liquidación.
- Los habitantes del Caribe colombiano pagan algunas de las tarifas eléctricas más altas del país, a pesar de vivir en una región con enorme potencial de generación renovable.
¿Qué significa esto?
Si el Gobierno logra concretar la liquidación de Air-e y la creación de la empresa pública, sería el cambio estructural más profundo en el sector eléctrico del Caribe colombiano en al menos dos décadas. Implicaría que el Estado vuelve a ser el actor central en la distribución de energía en una zona históricamente desatendida por los operadores privados. Para los cerca de cuatro millones de usuarios del área, la expectativa sería una mejora en la calidad del servicio y una moderación de tarifas, aunque los antecedentes de empresas públicas en el sector invitan a la cautela: la gestión estatal no es garantía automática de eficiencia.
El impacto político, en cambio, es inmediato y contundente. La medida profundiza el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las élites políticas regionales del Caribe, un conflicto que tiene dimensiones económicas, electorales y de poder territorial. Si la liquidación prospera, sería interpretada como una victoria ideológica del gobierno Petro en su proyecto de ampliar el rol del Estado en servicios esenciales; si es bloqueada nuevamente, reforzará la narrativa del presidente sobre los ‘poderes oscuros’ que, según él, impiden las reformas estructurales en Colombia.
Perspectiva para América Latina
El caso Air-e no es un fenómeno aislado en la región. América Latina ha sido escenario de un debate recurrente sobre la provisión privada versus estatal de servicios básicos de energía. Países como Argentina, Bolivia y México han atravesado procesos de renacionalización o estatización de activos energéticos en las últimas dos décadas, con resultados mixtos. Lo que hace particular el caso colombiano es que ocurre en un marco democrático con fuerte contrapeso institucional —Congreso y Corte Constitucional activos— lo que distingue este proceso de las estatizaciones más unilaterales vistas en otros contextos latinoamericanos.
Para los observadores regionales, Colombia se convierte en un laboratorio político relevante: ¿puede un gobierno de izquierda reformar la estructura de un servicio público esencial sin mayorías legislativas y con una justicia constitucional vigilante? La respuesta que dé este caso tendrá resonancia más allá de las fronteras colombianas, especialmente en países donde el debate sobre la energía como derecho versus bien de mercado sigue abierto.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno materializa jurídicamente la liquidación de Air-e, qué mecanismo legal utiliza para sortear los bloqueos anteriores y si la oposición política y los grupos empresariales afectados recurren nuevamente a la Corte Constitucional. El futuro energético del Caribe colombiano —y la consistencia del proyecto reformista de Petro— se juega en esta partida.
