La muerte del ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, a manos de una operación conjunta entre Venezuela y Estados Unidos, no es un hecho aislado: es la expresión más reciente de una doctrina intervencionista que la administración de Donald Trump lleva ejecutando sistemáticamente desde su regreso al poder en enero de 2025. La operación confirma que Washington ha decidido actuar sobre América Latina con una intensidad y una audacia que no se veía desde las décadas más oscuras de la Guerra Fría.
El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del continente, con tentáculos que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas, se convirtió en el pretexto perfecto para que la Casa Blanca legitimara una nueva arquitectura de intervención regional. Pero el caso venezolano es apenas la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia que afecta a más de diez países latinoamericanos y que redefine las reglas del juego geopolítico en el hemisferio.
Contexto y antecedentes
El primer andamiaje teórico de esta nueva política exterior llegó semanas después de que Trump asumiera su segundo mandato. El Departamento de Estado incluyó al Tren de Aragua, junto a los carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y la pandilla salvadoreña MS-13, en la lista de ‘organizaciones terroristas extranjeras’, la misma categoría reservada para el ISIS o Al-Qaeda. Esa decisión semántica y legal fue deliberada: al equiparar el crimen organizado latinoamericano con el terrorismo yihadista, la administración se otorgó a sí misma el marco jurídico para perseguirlos sin respetar fronteras ni protocolos diplomáticos convencionales, incluyendo el uso de medios militares.
Establecido ese marco, comenzó una campaña de ejecuciones extrajudiciales de tripulantes de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, acusados de narcotráfico. Más de 200 personas han muerto en esas operaciones, declaradas culpables sin juicio ni pruebas de delitos que ni siquiera contemplan la pena de muerte en el propio sistema legal estadounidense. La campaña, al principio interpretada como presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, reveló con el tiempo una vocación mucho más amplia. En diciembre, la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional formalizó el objetivo: ‘restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental’.
El documento fue, en la práctica, la resurrección de la Doctrina Monroe, aquella proclama del siglo XIX que rezaba ‘América para los americanos’. Su versión actualizada, bautizada irónicamente como la ‘Doctrina Donroe’, incorpora lo que analistas denominan el ‘corolario Trump’: una restauración ‘sensata y contundente’ del poder e influencia de Estados Unidos sobre la región, sin eufemismos ni mediaciones multilaterales.
Los puntos clave
- La operación contra el Niño Guerrero fue una acción conjunta entre fuerzas venezolanas y estadounidenses, lo que evidencia la colaboración del régimen de Delcy Rodríguez con Washington tras la captura del presidente Maduro en enero de 2025.
- Más de 200 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente en operaciones navales en el Caribe y el Pacífico bajo la justificación del combate al narcotráfico, sin juicio ni proceso legal alguno.
- La clasificación del Tren de Aragua como organización terrorista le otorgó a la administración Trump el paraguas legal para operar militarmente en territorio soberano de otros países sin declaración de guerra formal.
- Washington ha intervenido en procesos electorales en al menos seis países latinoamericanos, apoyando a candidatos afines como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia.
- Venezuela se ha convertido en el caso más extremo de esta nueva doctrina: tras la captura de Maduro, el país opera bajo una tutela de facto de Estados Unidos, con una apertura económica orientada a los beneficios petroleros y mineros para Washington.
¿Qué significa esto?
Lo que está ocurriendo trasciende la narrativa oficial del combate al narcotráfico y al terrorismo. La administración Trump ha construido un modelo de intervención escalonada que combina la presión económica, el apoyo a candidatos afines, las operaciones militares encubiertas y la amenaza de fuerza directa. El resultado es una reconfiguración del poder en la región donde la soberanía de los estados latinoamericanos queda subordinada, en distintos grados, a los intereses estratégicos de Washington. La ‘Doctrina Donroe’ no distingue entre gobiernos de izquierda y de derecha: presiona a Cuba y Venezuela, pero también maniobra en México, Guatemala, Honduras y Chile.
Las consecuencias para las democracias de la región son profundas. Cuando Trump bastó un mensaje en su red social Truth para influir decisivamente en las elecciones de Honduras, quedó claro que la interferencia no necesita ya de golpes de Estado ni de operaciones de la CIA tan elaboradas como las del siglo XX. La nueva intervención es abierta, descarada y casi celebrada públicamente. Esto normaliza una dinámica peligrosa: los actores políticos locales aprenden que el camino al poder puede pasar por Washignton antes que por sus propios electores, erosionando la legitimidad democrática desde adentro.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, la ‘Doctrina Donroe’ representa el mayor desafío a la autonomía regional en décadas. La región lleva años construyendo, con tropiezos y contradicciones, una identidad política propia a través de organismos como la CELAC o la UNASUR. Ese proceso, ya debilitado por las tensiones ideológicas internas, enfrenta ahora un embate externo que lo fragmenta aún más. Países como Brasil, México y Colombia, que históricamente han actuado como contrapesos a la influencia norteamericana, se encuentran en posiciones incómodas: o negocian con Washington desde una posición subordinada, o asumen los costos económicos y diplomáticos de la resistencia.
El caso venezolano debería ser una advertencia para toda la región: la lógica de la ‘Doctrina Donroe’ no busca democracia ni estabilidad en sí mismas, sino acceso a recursos y control geoestratégico. El petróleo y los minerales venezolanos explican mejor la intervención que cualquier retórica sobre libertad o derechos humanos. En ese sentido, países con grandes reservas naturales, desde Bolivia hasta Ecuador o Brasil, tienen razones propias para observar con atención lo que está sucediendo.
Lo que queda por ver es si la región latinoamericana encontrará mecanismos colectivos de respuesta o si cada gobierno optará por negociar bilateralmente con Washington, fragmentando aún más cualquier posibilidad de una postura común. La suerte del Tren de Aragua es hoy noticia; la suerte de la soberanía latinoamericana es la historia que hay que seguir de cerca en los próximos meses.
