La decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e, la empresa distribuidora de energía eléctrica que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, encendió las alarmas en el Caribe colombiano. La medida, anunciada sin un plan de transición claro, fue calificada de ‘irresponsable, imprudente y carente de sustento jurídico’ por la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, un organismo conformado por los principales gremios empresariales de la región.
El mandatario propuso trasladar la operación a GECELCA, la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, una empresa de carácter estatal. Sin embargo, expertos del sector advierten que una liquidación abrupta dejaría sin electricidad de manera automática a millones de hogares y negocios en tres departamentos, agravando una crisis de prestación del servicio que ya es considerada una de las más graves del país.
Contexto y antecedentes
Air-e lleva años acumulando una deuda operativa, financiera y administrativa que la ha llevado al borde del colapso. La empresa, que nació de la escisión de Electricaribe en 2020 tras su intervención por parte del Estado, nunca logró consolidarse como un operador eficiente. Las pérdidas de energía no técnicas —es decir, el robo del fluido eléctrico— superan niveles históricos, y el rezago en infraestructura ha convertido los cortes programados en una rutina que afecta la calidad de vida de la población costeña.
El Gobierno Nacional intervino formalmente la empresa, y desde entonces la Veeduría Ciudadana —integrada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena— ha monitoreado el proceso. Estos gremios, junto con el bloque corporativo del Caribe, señalan directamente al Gobierno como responsable del deterioro, al no haber adoptado medidas estructurales durante la intervención para sanear las finanzas de la compañía ni reducir las pérdidas operativas.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (ANDEG), por su parte, advirtió públicamente que liquidar Air-e sin un operador sustituto idóneo ya en funcionamiento equivale a ‘apagar la Costa Caribe de manera automática’. Su presidente, Alejandro Castañeda, fue enfático al calificar el anuncio como un acto que desconoce las realidades técnicas y jurídicas del sector eléctrico colombiano.
Los puntos clave
- La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e rechazó el anuncio presidencial al considerarlo ‘irresponsable, imprudente y carente de sustento jurídico’, exigiendo que antes de cualquier liquidación se garantice la existencia de un operador idóneo que evite un apagón regional.
- El presidente Petro propuso trasladar la operación a GECELCA, empresa estatal, pero ni el sector ni los gobiernos locales han recibido detalles técnicos, financieros ni jurídicos de cómo se ejecutaría esa transición.
- Mandatarios del Caribe colombiano exigen al Gobierno Nacional la creación de un fondo de salvamento y el desmonte del régimen tarifario actual, que consideran el principal detonante de la crisis financiera de la empresa.
- La ANDEG alertó que una liquidación inmediata dejaría sin servicio eléctrico a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, afectando a varios millones de colombianos y paralizando la actividad económica de la región.
- Los gremios empresariales del Caribe responsabilizan directamente al Gobierno de la crisis, argumentando que durante la intervención no se implementaron los correctivos necesarios para sanear la operación de Air-e.
¿Qué significa esto?
Más allá del debate político, lo que está en juego es la garantía de un derecho fundamental: el acceso a la energía eléctrica para millones de colombianos que ya viven con un servicio deficiente. Liquidar una empresa distribuidora de electricidad sin tener un operador de reemplazo listo y capacitado no es solo un riesgo técnico; es una amenaza directa a hospitales, acueductos, pequeñas empresas y hogares que dependen del suministro eléctrico para su funcionamiento cotidiano. El sector empresarial y los expertos coinciden en que el derecho energético colombiano exige continuidad del servicio como condición innegociable de cualquier proceso de liquidación o cambio de operador.
El impacto también es económico y político. La propuesta de estatizar la distribución a través de GECELCA reaviva el debate sobre el modelo energético en Colombia: ¿puede el Estado gestionar eficientemente la distribución en regiones históricamente complejas como el Caribe? La experiencia con Electricaribe y la propia Air-e sugiere que el problema no es solo de propiedad, sino de gobernanza, inversión en infraestructura y combate al robo de energía. Sin abordar esas causas de fondo, cambiar el nombre del operador podría no resolver nada.
Perspectiva para América Latina
El caso de Air-e no es excepcional en la región. América Latina ha debatido durante décadas el dilema entre la privatización y la estatización de los servicios públicos esenciales. Países como Argentina, Bolivia y Venezuela han transitado por ciclos de nacionalización de sus sectores eléctricos con resultados mixtos, en muchos casos agravando los problemas de cobertura y calidad. La discusión que hoy ocurre en Colombia —sobre quién debe operar la distribución de energía en zonas con alta vulnerabilidad social y elevadas pérdidas no técnicas— es un espejo de tensiones que se repiten en toda la región, donde el acceso equitativo a la energía sigue siendo una asignatura pendiente.
Para los observadores latinoamericanos, el desenlace del caso Air-e será una referencia importante. Si Colombia logra ejecutar una transición ordenada hacia un nuevo modelo de operación con tarifas justas y servicio confiable, podría servir como modelo; si, por el contrario, el proceso deriva en un apagón o en una nueva empresa estatal ineficiente, reforzará los argumentos de quienes advierten sobre los riesgos de las decisiones energéticas tomadas sin planificación técnica rigurosa.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en si el Gobierno Nacional presenta un plan de transición detallado, si el Congreso y los entes de control intervienen para frenar o condicionar la liquidación, y si GECELCA tiene realmente la capacidad operativa para asumir el servicio en tres departamentos sin interrupciones. Lo que ocurra en el Caribe colombiano marcará un precedente clave para la política energética del país y para el futuro de las empresas intervenidas en el sector.
