Durante décadas, Islandia vivió en una burbuja de seguridad que parecía inquebrantable. Este pequeño Estado insular ártico de apenas 400.000 habitantes es, hasta hoy, el único miembro fundador de la OTAN que nunca tuvo un ejército regular, y confiaba ciegamente en que sus aliados —en especial Estados Unidos— garantizarían su integridad territorial. Pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con sus amenazas sobre Groenlandia y sus cuestionamientos a la alianza atlántica, ha sacudido esa certeza histórica como pocas veces antes.
El impacto ha sido tan profundo que el gobierno islandés ha convocado un referendo para el 29 de agosto sobre la reapertura de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea, un proceso que llevaba años congelado. La pregunta que flota sobre Reikiavik es tan simple como inquietante: ¿puede un país sin fuerzas armadas propias seguir dependiendo indefinidamente de la buena voluntad de sus aliados?
Contexto y antecedentes
Islandia obtuvo su independencia de Dinamarca en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y apenas cinco años después fue uno de los Estados fundadores de la OTAN en 1949. Desde el inicio, su membresía fue una anomalía: era el único miembro que no aportaba ni soldados ni tanques a la alianza. Lo que sí aportaba era su posición geográfica privilegiada, a unos 2.300 kilómetros del Polo Norte, en el medio del Atlántico Norte. El histórico líder británico Winston Churchill lo entendió perfectamente cuando describió la isla como ‘un portaaviones imposible de hundir’.
Esa posición estratégica fue suficiente para que los aliados aceptaran un arreglo sin precedentes: garantizar la defensa de Islandia a cambio de acceso a su territorio. El acuerdo se formalizó con un tratado bilateral con Estados Unidos en 1951, y desde entonces cazas estadounidenses, noruegos y de otros países de la OTAN han patrullado rutinariamente sus cielos. Durante la Guerra Fría, la base aérea de Keflavík fue uno de los principales puntos de vigilancia de los movimientos de submarinos soviéticos en el Atlántico.
La ausencia de ejército propio no es solo una decisión política: es también un reflejo de la geografía y la demografía del país. Con una densidad de apenas 3,8 habitantes por kilómetro cuadrado —el país más deshabitado de Europa—, y con el 80% de su territorio formado por glaciares, desiertos de lava y volcanes inhóspitos, el criterio predominante siempre fue que la población simplemente no alcanzaba para sostener unas fuerzas armadas convencionales estables y eficientes.
Los puntos clave
- Islandia es el único miembro fundador de la OTAN sin ejército regular, apoyándose desde 1949 en la alianza y desde 1951 en un tratado bilateral con Estados Unidos para garantizar su defensa.
- Las amenazas de Trump sobre Groenlandia y su actitud hacia la OTAN han generado una alarma inédita en la sociedad islandesa, que nunca había cuestionado seriamente su modelo de seguridad.
- El gobierno islandés convocó un referendo para el 29 de agosto sobre la reapertura de negociaciones de adhesión a la Unión Europea, un proceso que había permanecido congelado durante años.
- Un 72% de los islandeses se opone a crear unas fuerzas armadas convencionales, según una encuesta reciente, aunque el debate sobre la seguridad nacional gana terreno en la agenda pública.
- Los guardacostas islandeses actúan como única fuerza de seguridad nacional, gestionando la base de Keflavík, realizando vigilancia fronteriza y liderando operaciones de salvamento marítimo en condiciones extremas.
¿Qué significa esto?
El caso islandés ilustra una vulnerabilidad que muchos países pequeños prefieren no ver: la dependencia excesiva de garantías externas de seguridad puede convertirse en una fragilidad estratégica cuando el contexto geopolítico cambia. Trump no solo ha cuestionado el valor de la OTAN, sino que ha puesto sus ojos en Groenlandia, territorio danés que bordea el espacio de influencia islandés en el Ártico. Si Washington decide priorizar sus propios intereses en la región sin considerar a sus aliados más pequeños, Islandia quedaría en una posición extraordinariamente expuesta, sin capacidad militar propia para responder.
La búsqueda de un acercamiento a la Unión Europea es, en ese sentido, una señal clara de diversificación estratégica. Islandia intenta reducir su dependencia de un único garante —Estados Unidos— y explorar el paraguas de seguridad colectivo europeo, especialmente en un momento en que la UE debate con urgencia su propia autonomía defensiva. Pia Hansen, directora del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad de Islandia, lo resume con precisión: los islandeses conocen la presencia de ejércitos extranjeros, pero jamás han tenido experiencia con uno propio. Construir esa cultura desde cero, en caso de que fuera necesario, sería un desafío generacional.
Perspectiva para América Latina
El dilema islandés tiene resonancias claras para varios países latinoamericanos que históricamente han apostado por la diplomacia y el multilateralismo como sustitutos de una capacidad militar robusta. Costa Rica, que abolió su ejército en 1948 y cuya seguridad descansa en acuerdos regionales e internacionales, es el ejemplo más evidente. Pero también países como Panamá, que eliminó sus fuerzas militares tras la invasión estadounidense de 1989, o incluso naciones más pequeñas del Caribe, enfrentan una pregunta similar: ¿qué ocurre cuando el sistema de alianzas que garantiza tu seguridad comienza a agrietarse?
La segunda presidencia de Trump ha enviado señales perturbadoras no solo a Europa, sino también a toda la arquitectura de seguridad multilateral que el mundo construyó después de 1945. Para América Latina, que también depende en buena medida de la estabilidad del orden internacional liderado por Washington, el caso islandés es un espejo incómodo que vale la pena observar con atención.
El referendo del 29 de agosto será el primer termómetro real de hasta dónde están dispuestos los islandeses a replantear su lugar en el mundo. La consulta no resolverá por sí sola el dilema de seguridad del país, pero marcará el inicio de un debate que ya no puede postergarse. Lo que Islandia decida en las próximas semanas podría ser una señal para otros países pequeños que hoy se preguntan si el paraguas de sus alianzas tradicionales seguirá protegiéndolos mañana.
