En Colombia, miles de niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia directa del feminicidio, el crimen más extremo de la violencia de género. Sin embargo, la ley diseñada específicamente para protegerlos enfrenta un obstáculo que no es de voluntad ciudadana ni de consenso legislativo: es burocrático y político. Marcela Boyacá, lideresa de la Fundación Huérfanos y Familias Víctimas por Feminicidio Colombia (Hufafem), denunció en entrevista con EL TIEMPO que la reglamentación de esta norma ha caído en un limbo jurídico que la mantiene inoperante, dejando a sus beneficiarios sin el amparo que el Estado prometió.
Con un cambio de gobierno en el horizonte, Hufafem lanza un llamado directo: le piden al próximo presidente de Colombia que haga lo que las administraciones anteriores no lograron o no priorizaron, implementar de manera efectiva la Ley de Huérfanos por Feminicidio. El pedido no es ideológico ni partidista; es humanitario. Detrás de cada cifra hay un menor de edad que perdió a su madre a manos de un agresor y que hoy navega un sistema que, en papel, dice protegerlo, pero en la práctica lo abandona.
Contexto y antecedentes
Colombia aprobó la tipificación del feminicidio como delito autónomo mediante la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, en honor a una mujer víctima de un crimen atroz en Bogotá en 2012. Desde entonces, el país ha avanzado en el reconocimiento legal del problema, pero el avance normativo no siempre se ha traducido en protección real. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, cada año decenas de mujeres son asesinadas por razones de género en Colombia, dejando a su paso una generación de huérfanos invisibilizados por el sistema.
La Ley de Huérfanos por Feminicidio fue concebida precisamente para cubrir ese vacío: garantizar atención psicosocial, acceso a educación, apoyo económico y acompañamiento jurídico a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio. Sin embargo, su reglamentación, es decir, el conjunto de decretos y protocolos que permiten que la ley opere en la realidad, nunca fue completada de forma adecuada. La norma existe, pero no funciona. Y en las regiones apartadas del país, donde la justicia llega tarde o no llega, la situación es aún más crítica.
Un factor adicional agrava el panorama: la liquidación del Ministerio de la Igualdad, entidad que en teoría debía articular buena parte de las políticas de género en Colombia, ha generado incertidumbre sobre qué institución asumirá las funciones relacionadas con esta ley. Hufafem ha señalado que esta transición institucional no puede convertirse en una excusa para seguir postergando derechos.
Los puntos clave
- La Ley de Huérfanos por Feminicidio existe legalmente en Colombia, pero su reglamentación está incompleta, lo que la convierte en letra muerta para quienes debería proteger.
- Hufafem exige al próximo gobierno colombiano que priorice la implementación efectiva de la norma, señalando que los cambios de administración no pueden seguir siendo motivo de parálisis institucional.
- La desaparición del Ministerio de la Igualdad deja sin un hogar institucional claro a las políticas de género, lo que eleva el riesgo de que esta ley quede aún más huérfana que sus propios beneficiarios.
- En zonas rurales y de conflicto, donde la violencia contra la mujer es más intensa y la justicia más débil, los hijos de víctimas de feminicidio quedan especialmente desprotegidos y sin acceso a redes de apoyo.
- La demanda de Hufafem forma parte de un movimiento más amplio de organizaciones de derechos humanos que reclaman coherencia entre las leyes aprobadas y su aplicación concreta en el terreno.
¿Qué significa esto?
Que una ley exista sin reglamentación es, en términos prácticos, casi lo mismo que si no existiera. Los menores huérfanos por feminicidio no pueden presentarse ante una oficina del Estado con el texto legal bajo el brazo y reclamar atención: necesitan protocolos, presupuestos asignados, funcionarios capacitados y rutas de acceso claras. Sin eso, la ley es apenas una declaración de buenas intenciones. Esta situación expone una falla estructural del Estado colombiano: la tendencia a legislar con visibilidad política pero a reglamentar con lentitud o negligencia, dejando a las poblaciones más vulnerables sin el respaldo prometido.
El impacto humano es profundo. Un niño que pierde a su madre por feminicidio no solo sufre un trauma devastador, sino que muchas veces queda a cargo de familiares sin recursos, o incluso bajo la tutela del Estado en condiciones precarias. Sin atención psicológica oportuna, sin garantías educativas y sin acompañamiento legal para enfrentar procesos judiciales relacionados con el crimen, estas infancias quedan marcadas por una doble victimización: primero como testigos o sobrevivientes del crimen, y luego como olvidados del sistema.
Perspectiva para América Latina
Colombia no está sola en este desafío. A lo largo de América Latina, varios países han avanzado en la tipificación del feminicidio, México, Argentina, Guatemala, Perú y Bolivia entre ellos, pero la brecha entre la norma escrita y su implementación real es un problema regional persistente. En muchos casos, las leyes de protección a huérfanos por violencia de género son inexistentes o están apenas en etapas embrionarias. El caso colombiano, con su ley aprobada pero sin reglamentar, puede servir tanto como advertencia como laboratorio: si logra resolverse, ofrecerá un modelo replicable para otros países de la región que enfrentan el mismo desafío de proteger a las víctimas invisibles del feminicidio.
Para las organizaciones de mujeres latinoamericanas, el llamado de Hufafem resuena con fuerza. La exigencia de que los gobiernos no solo aprueben leyes sino que las implementen con rigor y presupuesto es una batalla común que atraviesa fronteras. En un continente donde el feminicidio sigue siendo una epidemia, garantizar el bienestar de los hijos e hijas de las víctimas es también una forma de interrumpir ciclos de violencia y exclusión que se transmiten de generación en generación.
Con las elecciones presidenciales en el horizonte, Colombia tiene una oportunidad concreta de demostrar que la protección a los huérfanos del feminicidio no es una promesa de campaña sino una obligación del Estado. Lo que hay que seguir de cerca es si el próximo gobierno incluirá la reglamentación de esta ley entre sus prioridades de los primeros cien días, y qué entidad asumirá las competencias que dejó vacantes el desmantelado Ministerio de la Igualdad.
