Un total de 99 combatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, fracción disidente de las antiguas FARC, entregaron 105 armas y más de 24.000 municiones antes de ingresar a una Zona de Ubicación Transitoria (ZUT) en Colombia. El arsenal incluye fusiles, pistolas, morteros artesanales, lanzagranadas y una ametralladora, todo el material destinado a ser destruido por la Fuerza Pública colombiana en un acto que representa uno de los gestos de desarme más concretos dentro del proceso de paz con esta estructura armada.
La entrega, registrada fotográficamente por medios internacionales como AFP, ocurre en un momento en que el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa su política de ‘Paz Total’, una ambiciosa estrategia que busca negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados que aún operan en el territorio colombiano. La imagen de los combatientes deponiendo las armas antes de acceder a la zona de reincorporación marca un hito simbólico y operativo en ese proceso.
Contexto y antecedentes
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una de las facciones que surgieron tras la ruptura que se produjo dentro del movimiento disidente de las FARC. Después de que la guerrilla original firmara el Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano en 2016, un sector rechazó los términos pactados y optó por continuar en armas. Con el paso de los años, estas disidencias se fragmentaron en distintas estructuras, siendo el Estado Mayor Central y la Coordinadora Nacional las dos principales corrientes en tensión tanto entre sí como con el Estado colombiano.
El gobierno Petro, que asumió en agosto de 2022, apostó desde el inicio por retomar los diálogos con todos los actores armados. Con la Coordinadora Nacional, los acercamientos han sido particularmente complejos dado que esta facción opera en zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que eleva el costo político y económico de cualquier acuerdo. Los diálogos han tenido avances y retrocesos, con ceses al fuego bilaterales que en ocasiones se han visto comprometidos por hechos de violencia en los territorios.
Las Zonas de Ubicación Transitoria son espacios habilitados por el Estado para que los combatientes concentren sus fuerzas mientras avanzan las negociaciones, siguiendo un modelo similar al utilizado durante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Su activación implica compromisos logísticos, de seguridad y humanitarios por parte del gobierno, así como la suspensión de operaciones ofensivas en la zona por parte del grupo armado.
Los puntos clave
- 99 combatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ingresaron a una Zona de Ubicación Transitoria en el marco del proceso de paz con el gobierno colombiano.
- 105 armas fueron entregadas para su destrucción, entre ellas fusiles, pistolas, morteros artesanales, lanzagranadas y una ametralladora, lo que representa un arsenal significativo para una unidad de ese tamaño.
- Más de 24.000 municiones fueron incluidas en la entrega, dato que subraya la capacidad operativa que tenía esta fracción antes de su incorporación al proceso.
- La destrucción del material estará a cargo de la Fuerza Pública colombiana, garantizando que las armas no puedan reincorporarse a ningún circuito de violencia armada.
- El proceso forma parte de la política de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca negociaciones paralelas con el ELN, el Estado Mayor Central y otras estructuras criminales del país.
¿Qué significa esto?
Más allá del valor simbólico, la entrega de armas y municiones tiene consecuencias prácticas inmediatas: reduce la capacidad ofensiva de una unidad armada en territorios donde la población civil ha sufrido históricamente los efectos del conflicto. Para las comunidades rurales que conviven con la presencia de grupos armados, cada arma destruida representa una amenaza potencial menos. Sin embargo, los expertos en seguridad advierten que el desarme de una fracción no garantiza la paz en la región si otras estructuras armadas permanecen activas o si el Estado no logra consolidar su presencia institucional en los territorios liberados.
El proceso también envía una señal política interna y externa: demuestra que la ‘Paz Total’ puede producir resultados tangibles, aunque el camino hacia acuerdos definitivos sigue siendo largo y lleno de incertidumbres. El verdadero desafío para el gobierno no es solo conseguir que los combatientes entreguen las armas, sino garantizar condiciones de reincorporación sostenibles, justicia para las víctimas y transformación estructural de las economías ilegales que alimentaron el conflicto durante décadas.
Perspectiva para América Latina
Colombia sigue siendo el laboratorio de paz más complejo de América Latina. Su experiencia acumula décadas de ensayos, fracasos y aprendizajes que otros países de la región observan con atención. El modelo de Zonas de Ubicación Transitoria, la destrucción verificada de armamento y los mecanismos de reincorporación tienen lecciones aplicables a contextos como Venezuela, Ecuador o incluso Centroamérica, donde la violencia armada organizada continúa siendo un desafío estructural. Para la comunidad internacional, que aporta cooperación técnica y financiera al proceso colombiano, noticias como esta justifican la inversión en diplomacia y construcción de paz.
Al mismo tiempo, la región latinoamericana enfrenta el riesgo de que el tráfico de armas que abastece a los grupos colombianos tenga ramificaciones transfronterizas. El control y destrucción verificada del armamento no solo es relevante para Colombia, sino también para países vecinos como Ecuador, Perú y Venezuela, que han visto cómo la dinámica del conflicto colombiano permea sus fronteras.
El proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entra ahora en una etapa crítica: la vida dentro de la ZUT, las negociaciones sobre los términos definitivos de la paz y la prueba de fuego sobre si el Estado puede garantizar lo prometido a quienes deponen las armas. Lo que ocurra en las próximas semanas en esa zona de ubicación será un termómetro clave para medir la viabilidad de la ‘Paz Total’ como proyecto político y humanitario.
