Jose Guadalupe Ramos llevaba casi tres décadas viviendo en Estados Unidos cuando murió en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de California. Tenía 52 años. Sus compañeros de celda vieron cómo se ponía morado, cómo sus ojos se le iban hacia atrás. Gritaron pidiendo ayuda. El personal médico tardó diez minutos en aparecer.
Cuando finalmente llegaron las enfermeras, se encontraron con un tanque de oxígeno defectuoso que no funcionaba. Los intentos de reanimación fracasaron. Ramos fue cubierto con una manta, sacado en camilla y declarado muerto poco después. Era el 25 de marzo.
‘Todavía siento que algún día va a volver’, dijo su viuda, Antonia Tovar, desde la casa del área de Los Ángeles donde ambos se casaron hace 29 años y donde hoy vive con sus dos hijos. Una familia destrozada que se niega a aceptar una pérdida que, según expertos, pudo haberse evitado.
Un año negro bajo la custodia del ICE
El caso de Ramos no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón alarmante documentado por una investigación periodística: desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó a impulsar deportaciones masivas, casi 50 personas han muerto bajo custodia del ICE.
El año 2025 se convirtió en el más letal en al menos dos décadas para los detenidos de esta agencia federal. Y las proyecciones para 2026 apuntan a cifras aún más elevadas.
Una revisión exhaustiva de informes de autopsia, registros judiciales y testimonios de detenidos y especialistas revela que muchas de esas muertes podrían haberse prevenido. En más de una docena de casos, los desenlaces fatales parecen vinculados, al menos en parte, a una atención médica deficiente prestada por equipos con escaso personal que enfrentan poblaciones de detenidos en constante crecimiento.
Centros saturados, médicos insuficientes
Las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las empresas contratistas que gestionan los centros de detención han contribuido directamente a esta crisis, según la investigación. Mientras las órdenes de la administración Trump inflaban las poblaciones de reclusos por encima de la capacidad prevista en varias instalaciones, el número de profesionales médicos disponibles no aumentó al mismo ritmo.
Un informe de la oficina del fiscal general de California, compartido en exclusiva, ilumina las condiciones internas de varios centros. En el Adelanto ICE Processing Center, donde murió Ramos junto a otros tres detenidos desde principios de 2025, se registró una paradoja inquietante: en julio de ese año albergaba a más de 2.000 personas, pero contaba con menos médicos y profesionales avanzados que en febrero de 2021, cuando su población era inferior a 100 internos.
Un equipo de inspección estatal describió una situación de ‘falta de personal de atención médica a nivel de crisis’ en otro centro del estado. Los inspectores también hallaron que el personal médico frecuentemente omitía evaluaciones obligatorias y no derivaba a los detenidos con enfermedades crónicas o agudas hacia la atención especializada que requerían.
Opacidad y desmantelamiento de la supervisión
El problema se agrava por la falta de transparencia del DHS y sus contratistas. Tanto GEO Group como CoreCivic, las dos mayores empresas privadas que operan estos centros, rechazaron proporcionar datos sobre el personal médico disponible. Investigadores estatales, legisladores y medios de comunicación se han topado repetidamente con la negativa a divulgar información básica.
A esto se suma el desmantelamiento de oficinas de supervisión interna diseñadas precisamente para detectar riesgos de seguridad y exigir responsabilidades a funcionarios y contratistas. Una directiva del DHS también desincentivaba la liberación anticipada de detenidos ancianos o gravemente enfermos, colectivos especialmente vulnerables a la falta de atención médica adecuada.
Una viuda y dos hijos esperando respuestas
Antonia Tovar sigue esperando explicaciones. Su marido cruzó fronteras, construyó una vida y una familia durante tres décadas en suelo estadounidense. Murió en un centro de detención, en una cama prestada, mientras sus compañeros gritaban sin que nadie respondiera a tiempo.
Su historia, como la de otras decenas de familias, pone rostro a una crisis humanitaria que avanza en silencio dentro de los centros de detención de la primera potencia mundial.
