El luchador iraní Saleh Mohammadi tenía apenas 19 años cuando fue ahorcado el pasado 19 de marzo. Meses antes, en septiembre de 2024, había conquistado la medalla de bronce en la Copa Saytev celebrada en Krasnoyarsk, Rusia. Su ejecución, vinculada a su supuesta participación en protestas en las que murieron dos agentes de policía, no fue un caso aislado: fue la cara visible de una tendencia global alarmante.
Irán, el mayor ejecutor del mundo
Según el informe anual ‘Condenas a muerte y ejecuciones 2025’ de Amnistía Internacional, el año pasado se registraron al menos 2.707 ejecuciones en todo el mundo, la cifra más alta desde 1981, cuando fueron ajusticiadas 3.191 personas. Esto supone un incremento del 78% respecto a las 1.518 ejecuciones documentadas en 2024.
Irán fue el responsable del 80% de esas muertes, con 2.159 ejecuciones confirmadas. ‘Es un incremento espeluznante’, afirma Beatriz Martos, experta en pena de muerte de la organización.
Detrás de Irán se sitúan Arabia Saudí, con al menos 356 ejecuciones; Yemen, con 51; y Estados Unidos, con 47. Estos datos, sin embargo, no incluyen a China, Corea del Norte ni Vietnam, países que clasifican esta información como secreto de Estado. Amnistía Internacional estima que China ejecuta a miles de personas cada año, una cifra que podría superar a la iraní.
La aceleración tras los ataques de junio de 2025
La organización señala un punto de inflexión claro. ‘Desde los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán en junio de 2025, la República Islámica comenzó a ejecutar a detenidos de manera mucho más ágil’, explica Martos.
Los datos lo confirman: en el primer semestre del año, las autoridades iraníes habían ejecutado a 654 personas. En la segunda mitad del año, esa cifra se disparó hasta las 1.505 ejecuciones, más del doble. Y las organizaciones iraníes de derechos humanos advierten de que esta tendencia se mantiene en 2026, lo que augura un año aún más sombrío.
La experta denuncia que los juicios se celebran ‘en tribunales revolucionarios, sin abogados de confianza ni garantías procesales mínimas’. Muchos condenados enfrentan cargos de ‘alta traición’, espionaje o ‘cooperación con fuerzas extranjeras hostiles’, delitos que fueron penados con la muerte tras un cambio legislativo aprobado el pasado verano. No obstante, una parte significativa de las condenas está relacionada con delitos de drogas.
La guerra contra las drogas y las minorías étnicas
‘Se criminaliza a las personas con menos recursos económicos, que en la República Islámica coinciden con las minorías étnicas’, subraya Martos. El informe señala que 1.257 ejecuciones en cinco países respondieron a delitos relacionados con narcóticos, más del doble que el año anterior, fruto de lo que la ONG describe como ‘un recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la guerra contra las drogas’.
Una tendencia que se extiende por el mundo
Irán no fue el único país donde aumentaron las ejecuciones. En Estados Unidos, el único de América que mantuvo la pena capital, las ejecuciones casi se duplicaron, pasando de 25 a 47. Singapur pasó de 9 a 17 casos; Kuwait casi triplicó su cifra, de 6 a 17; y Egipto subió de 13 a 23.
Además, cuatro países que habían abandonado en la práctica la pena de muerte la retomaron en 2025: Japón, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Sudán del Sur.
Más de 25.000 personas en el corredor de la muerte
El panorama global es desolador. En la actualidad, más de 25.000 personas aguardan su ejecución en corredores de la muerte repartidos por medio centenar de países.
Desde Amnistía Internacional advierten de que los Estados que recurren a la pena capital son, en su mayoría, aquellos donde el autoritarismo está en auge. Se trata de un grupo ‘reducido y aislado’ de gobiernos que emplean la ejecución ‘como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar el poder del Estado sobre las personas más desfavorecidas’.
