Las autoridades indígenas del pueblo Wayúu expresaron este miércoles su rechazo frontal al decreto emitido por el presidente Gustavo Petro en torno a la denominada ‘Línea Negra’, un territorio de profundo valor espiritual y cultural para los pueblos originarios del norte de Colombia. La protesta se concentró frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
Una medida que divide a las comunidades
Los líderes y autoridades tradicionales Wayúu argumentan que la decisión del Ejecutivo nacional no solo desconoce sus derechos ancestrales, sino que también contraría una resolución emitida por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia. Según los manifestantes, el decreto presidencial habría sido expedido sin respetar los términos establecidos por dicha corporación judicial, lo que constituiría un presunto incumplimiento de una orden de carácter vinculante.
Las comunidades exigen que la medida sea suspendida de inmediato y que se abra un proceso de consulta previa, libre e informada con todos los pueblos indígenas involucrados antes de tomar cualquier decisión sobre este territorio.
Qué es la Línea Negra y por qué es tan importante
La Línea Negra, conocida también como Jaba Shama en lengua Wayúu, es un perímetro sagrado que delimita el territorio espiritual de varios pueblos indígenas del Caribe colombiano, entre ellos los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que también tiene implicaciones directas para comunidades de La Guajira.
Este espacio no solo representa un límite geográfico, sino que constituye la base de la cosmovisión y la identidad cultural de estas comunidades. Cualquier modificación a su delimitación o a las normas que lo protegen genera una respuesta inmediata por parte de los pueblos originarios.
Movilización frente a la Defensoría
Durante la jornada de este miércoles, decenas de miembros de la comunidad Wayúu, vestidos con sus trajes tradicionales y portando símbolos de su cultura, se apostaron frente a la Defensoría del Pueblo en Riohacha para hacer visible su inconformidad. Los manifestantes entregaron un documento oficial en el que solicitan la intervención del Defensor del Pueblo para mediar ante el Gobierno nacional.
Voceros de las autoridades indígenas advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, escalarán las protestas y acudirán a instancias internacionales de derechos humanos para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales.
Un contexto de tensiones crecientes
Esta situación se enmarca en un periodo de creciente tensión entre el Gobierno Petro y varios pueblos indígenas del país. En semanas recientes, comunidades Emberá en Cali han denunciado amenazas y desplazamientos forzados, mientras que en Nariño se han entregado tierras a los pueblos Awá, Pastos y Quillasingas como parte de procesos de restitución.
Además, Colombia se prepara para reconocer su responsabilidad internacional por la violencia histórica ejercida contra el pueblo U’wa, en un acto que ha sido calificado como un hito en materia de justicia para las comunidades originarias del país.
La situación en La Guajira seguirá siendo observada de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos y por la comunidad internacional, en un momento en que el debate sobre la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas en Colombia cobra una relevancia sin precedentes.
