Colombia enfrenta una carrera contra el tiempo para blindar su sistema eléctrico antes de que el fenómeno de El Niño golpee con toda su fuerza. Los proyectos de regasificación que Ecopetrol y TGI prometían tener listos para inicios de 2027 han quedado paralizados por un laberinto de permisos cruzados, dejando al país sin el respaldo de gas natural licuado que necesita para evitar un racionamiento energético de proporciones históricas.
El estancamiento de estos proyectos abre paso a iniciativas alternativas en Cartagena, donde operadores privados y terminales portuarias ven una ventana de oportunidad para suplir el vacío que dejaron las dos grandes empresas estatales. La urgencia es real: con embalses bajo presión y las plantas térmicas como última línea de defensa, Colombia no puede darse el lujo de seguir esperando.
Contexto y antecedentes
Colombia depende de un sistema energético con una doble vulnerabilidad estructural: el 70% de su generación eléctrica proviene de fuentes hídricas, lo que la expone directamente a los ciclos climáticos. Cada vez que El Niño reduce las lluvias y baja los embalses, el país debe recurrir a sus plantas termoeléctricas, que funcionan principalmente con gas natural. El problema es que Colombia produce cada vez menos gas propio, y sus reservas domésticas han caído de forma sostenida en la última década.
Consciente de esta fragilidad, el gobierno y las empresas del sector habían apostado por terminales de regasificación —instalaciones que convierten gas natural licuado importado en gas utilizable— como solución estratégica. Ecopetrol, la petrolera estatal, y TGI, su filial de transporte de gas, anunciaron con entusiasmo sus respectivos proyectos en los últimos dos años, prometiendo que estarían operativos a principios de 2027. Sin embargo, los cronogramas se desmoronaron ante una burocracia que no logró alinear los permisos ambientales, portuarios y sectoriales necesarios para avanzar.
El caso del plan en Coveñas es ilustrativo: el proyecto encalló específicamente por un permiso de tipo ambiental y de uso de aguas que no pudo resolverse a tiempo. Este tipo de bloqueos regulatorios no son nuevos en Colombia, pero su costo en esta coyuntura particular resulta especialmente alto, pues el país entra a la temporada de El Niño sin el colchón energético que tanto necesita.
Los puntos clave
- Ecopetrol y TGI no cumplirán sus plazos: ambas empresas prometían tener sus proyectos de regasificación operativos para inicios de 2027, pero los permisos cruzados postergaron indefinidamente esos cronogramas.
- Los proyectos privados en Cartagena toman el relevo: ante el vacío dejado por las estatales, iniciativas en el Puerto Bahía y la terminal Calamarí en Cartagena emergen como alternativas concretas para importar gas licuado.
- El sistema eléctrico colombiano está en máxima alerta: la combinación de embalses bajos, menor producción doméstica de gas y El Niño anticipado configura un escenario de riesgo real de racionamiento energético.
- Las termoeléctricas son el último recurso: Colombia podría depender de sus plantas térmicas durante un año y medio, pero su disponibilidad está amenazada por deudas millonarias de distribuidores como Air-e.
- El sector se transforma: mientras el gas enfrenta esta crisis, empresas como Promigás avanzan en energía solar mediante la compra de Zelestra, señalando una transición energética que aún convive con la urgencia del gas.
¿Qué significa esto?
El fracaso de los proyectos de Ecopetrol y TGI no es solo un problema de gestión empresarial: es una señal de alarma sobre la capacidad del Estado colombiano para ejecutar infraestructura crítica en tiempo y forma. Un racionamiento energético tendría consecuencias devastadoras para la economía: afectaría a industrias, elevaría costos para hogares y empresas, y golpearía desproporcionadamente a las regiones más pobres, que ya enfrentan problemas de acceso a la energía. La deuda de distribuidoras como Air-e agrega otra capa de riesgo, porque sin flujo de caja, las termoeléctricas que las abastecen podrían reducir su operación justo cuando más se las necesita.
La apuesta por Cartagena como hub regasificador es una solución pragmática, pero no está exenta de desafíos. Desarrollar estas infraestructuras con la rapidez que la crisis exige requiere voluntad política, agilidad regulatoria y financiación privada decidida. El ingreso de Promigás al sector solar, por otro lado, indica que los grandes actores del gas ya están mirando más allá del hidrocarburo, lo que podría traducirse en menor inversión en la infraestructura de corto plazo que Colombia hoy urgentemente necesita.
Perspectiva para América Latina
El dilema colombiano no es un caso aislado en la región. América Latina enfrenta un desafío energético compartido: la transición hacia renovables avanza, pero los países siguen dependiendo de infraestructura fósil para garantizar el suministro base cuando las fuentes limpias fallan. Argentina, Chile y Perú también han recurrido o estudian terminales de regasificación para importar GNL y cubrir sus brechas energéticas. Lo que ocurra en Colombia será un caso de estudio sobre cómo —o cómo no— gestionar esa transición sin dejar a millones de ciudadanos a oscuras.
Para los inversores y gobiernos latinoamericanos, la lección más urgente que deja este episodio es la de los ‘permisos cruzados’: cuando distintos organismos del Estado no coordinan sus aprobaciones, los proyectos de infraestructura crítica se paralizan incluso cuando hay voluntad y financiación. Simplificar los marcos regulatorios para proyectos de seguridad energética debería ser una prioridad regional, no solo colombiana.
En las próximas semanas será clave seguir la evolución de los proyectos privados en Cartagena, los niveles de los embalses colombianos y las señales meteorológicas sobre la intensidad del próximo ciclo de El Niño. De esos tres factores dependerá si Colombia logra sortear la crisis o si el espectro del racionamiento se convierte en una realidad que el país no supo evitar a tiempo.
