El Congreso de Colombia cerró su período legislativo 2022-2026 con un balance agridulce: aunque en las últimas semanas se lograron aprobar varias iniciativas importantes, la agenda quedó marcada por la dispersión propia de un año electoral y por la escasa presencia del Gobierno de Gustavo Petro en los debates parlamentarios. La Jurisdicción Agraria, una de las apuestas más simbólicas del oficialismo, quedó pendiente de su último debate y su suerte depende ahora de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.
El dato más revelador de este cierre legislativo no es lo que se aprobó, sino lo que no se pudo hacer. En un año en el que la campaña presidencial de segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda absorbió la atención política del país, el Capitolio operó a media máquina. Los congresistas, muchos de ellos comprometidos con maquinarias electorales y candidaturas propias, priorizaron las tarimas sobre las curules, dejando quórums débiles y debates a medio terminar.
Contexto y antecedentes
El cuatrienio que ahora concluye estuvo marcado desde su inicio por la ambiciosa agenda de reformas del gobierno Petro: salud, laboral, pensional y agraria fueron los cuatro grandes proyectos que el ejecutivo intentó sacar adelante con una coalición parlamentaria que, con el paso del tiempo, se fue erosionando. La reforma a la salud fue la más polémica y su trámite fracturó alianzas que el gobierno había construido con esfuerzo en los primeros meses. La laboral y la pensional corrieron suertes distintas, con aprobaciones parciales que dejaron inconformes tanto a sindicatos como a gremios empresariales.
La Jurisdicción Agraria, en cambio, era vista por el oficialismo como el proyecto bandera para el cierre del período: una estructura judicial especializada para resolver los históricos conflictos de tierras en el campo colombiano, un problema estructural que alimenta el conflicto armado desde hace décadas. El proyecto alcanzó a pasar su segundo debate, pero el tercer y último debate —el definitivo— no se pudo agendar a tiempo, en parte por la falta de gestión política del Gobierno y en parte por la agenda copada por el ruido electoral.
El contexto político inmediato tampoco ayudó. Con una segunda vuelta presidencial en curso entre De la Espriella, favorito con el 52,6% según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, e Iván Cepeda, candidato de la izquierda con el 45%, el Congreso se convirtió en un escenario secundario. Los legisladores alineados con uno u otro bando dedicaron sus energías a la campaña, relegando la función legislativa a un segundo plano en un momento crítico del calendario.
Los puntos clave
- La Jurisdicción Agraria quedó inconclusa: el proyecto aprobó su segundo de tres debates requeridos, pero no alcanzó a completar su trámite legislativo antes del cierre del cuatrienio, dejando en vilo una reforma esperada por comunidades campesinas y víctimas del conflicto.
- El año electoral fragmentó la agenda legislativa: la disputa presidencial entre De la Espriella y Cepeda concentró la atención de los congresistas, debilitando los quórums y la producción normativa en los últimos meses del período.
- El Gobierno tuvo presencia insuficiente en el Congreso: múltiples sesiones clave transcurrieron sin representantes del ejecutivo que impulsaran los debates, lo que fue señalado por congresistas de la coalición como un factor determinante en los retrasos.
- Se aprobaron varias iniciativas en la recta final: a pesar del contexto adverso, el Congreso sí despachó algunas leyes en los últimos días del período, aunque analistas consideran que el balance global es deficitario frente a lo prometido.
- La convocatoria a extras es incierta: el Gobierno no ha confirmado si llamará a sesiones extraordinarias para intentar salvar la Jurisdicción Agraria, una decisión que dependerá del resultado electoral y del contexto político de las próximas semanas.
¿Qué significa esto?
El cierre de este cuatrienio legislativo sin la Jurisdicción Agraria aprobada representa un golpe concreto para las comunidades rurales colombianas que llevan décadas esperando un sistema judicial especializado que resuelva los conflictos de tierras de forma ágil y con conocimiento del territorio. Colombia tiene uno de los índices de concentración de la propiedad rural más altos de América Latina —el coeficiente Gini de tierras supera el 0,8— y la ausencia de justicia agraria es señalada por expertos como uno de los motores estructurales del conflicto armado. Dejar este proyecto sin ley no es solo un fracaso político del Gobierno Petro; es también un costo que pagarán los más vulnerables.
Desde una perspectiva institucional, el comportamiento del Congreso en este último tramo del cuatrienio revela una patología recurrente en la democracia colombiana: la captura de la función legislativa por los ciclos electorales. Cuando los congresistas son, simultáneamente, actores de campaña y legisladores, el Parlamento pierde su función de contrapeso y deliberación. Esto debilita la calidad de las leyes que se aprueban —a veces de afán, sin suficiente debate— y deja sin tramitar aquellas que requieren más tiempo y consenso político.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es un caso aislado. En buena parte de América Latina, los congresos enfrentan el mismo dilema estructural: legislaturas que funcionan al ritmo de los calendarios electorales más que de las necesidades ciudadanas. México, Perú, Ecuador y Bolivia han vivido episodios similares en los que la agenda legislativa queda secuestrada por las campañas o por la polarización política. Lo que hace singular el caso colombiano es la magnitud de la deuda social pendiente: la reforma agraria es una asignatura que el país arrastra desde los años 60, y cada cuatrienio que pasa sin resolverla profundiza las desigualdades y alimenta los ciclos de violencia rural que también afectan a países vecinos como Venezuela y Ecuador a través del desplazamiento y el crimen transnacional.
Para la región, el desenlace de la segunda vuelta presidencial colombiana también tiene implicaciones. Un triunfo de De la Espriella representaría un giro hacia el centro-derecha con posibles repercusiones en los bloques regionales como la CELAC y en las relaciones comerciales con Venezuela, mientras que una victoria de Cepeda profundizaría el giro a la izquierda iniciado por Petro. En cualquier caso, el nuevo Congreso que se instale tendrá que recoger los proyectos caídos y decidir si retoma la agenda social inconclusa.
Lo que hay que seguir de cerca en las próximas semanas es si el Gobierno Petro convoca sesiones extraordinarias para intentar salvar la Jurisdicción Agraria antes del cambio de mando, cuál es el resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial y cómo el nuevo ejecutivo —sea del signo que sea— define su relación con un Congreso que renovó su composición y que tendrá sus propias prioridades legislativas para el cuatrienio 2026-2030.
