La crisis del servicio de aseo en Cali escala a un nuevo nivel político. El presidente Gustavo Petro tomó partido públicamente en la disputa entre Emsirva —la empresa municipal de servicios— y los cuatro operadores privados cuyos contratos no fueron renovados desde el 28 de enero de 2026, una situación que ha dejado a la tercera ciudad más grande de Colombia en una preocupante incertidumbre sobre la recolección de residuos. La intervención del jefe de Estado no solo agita el debate local: revela las tensiones estructurales entre el modelo público y el privado en la prestación de servicios básicos urbanos.
Para agravar el panorama, dos de esos operadores respondieron con medidas cautelares judiciales, una herramienta que busca proteger sus intereses mientras se resuelve el fondo del conflicto contractual. La ciudad de más de dos millones y medio de habitantes observa con alarma cómo la disputa entre actores institucionales y empresariales amenaza con convertirse en un problema sanitario de proporciones mayores si no se encuentra una salida negociada o judicial en el corto plazo.
Contexto y antecedentes
Emsirva, la Empresa de Servicios Varios de Cali, ha tenido una historia turbulenta durante las últimas décadas. Fundada para gestionar el aseo público de manera directa por el municipio, la empresa atravesó sucesivas crisis financieras y operativas que la llevaron a depender de operadores privados para cubrir zonas de la ciudad. Ese modelo mixto —empresa pública como coordinadora y privados como ejecutores— fue funcional durante años, pero acumuló tensiones contractuales y administrativas que hoy explotan en la escena pública.
El quiebre se produjo el 28 de enero de 2026, cuando los contratos de los cuatro operadores privados que apoyaban a Emsirva no fueron renovados. Desde entonces, la situación operativa del servicio de aseo en Cali se ha mantenido en una zona gris: sin claridad sobre quién asume la responsabilidad plena del servicio, con zonas que reportan irregularidades en la recolección y con una disputa jurídica que se libra simultáneamente en los tribunales. Las medidas cautelares interpuestas por dos de las empresas afectadas buscan, en principio, preservar el statu quo mientras la justicia define el conflicto de fondo.
La entrada del presidente Petro en la polémica no es casual. Su gobierno ha impulsado una visión de remunicipalización de servicios públicos y ha sido crítico de los modelos de concesión privada en sectores estratégicos. Su pronunciamiento sobre Cali encaja en esa narrativa ideológica, aunque también puede leerse como presión política sobre las autoridades locales y los actores privados en un momento de alta visibilidad del conflicto.
Los puntos clave
- Los contratos de los cuatro operadores privados que trabajaban con Emsirva no se renovaron desde el 28 de enero de 2026, dejando el servicio de aseo de Cali en una situación operativa incierta.
- Dos de los operadores afectados respondieron con medidas cautelares judiciales, lo que indica que el conflicto escala del plano administrativo al judicial y podría prolongarse por meses.
- El presidente Gustavo Petro intervino públicamente en la disputa, posicionándose en la puja entre la empresa pública Emsirva y los operadores privados, lo que eleva la dimensión política del conflicto.
- Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, con más de 2,5 millones de habitantes, lo que convierte cualquier interrupción en el servicio de aseo en un riesgo sanitario y de salud pública de gran escala.
- El modelo mixto público-privado para la gestión del aseo lleva años acumulando tensiones contractuales y administrativas que hoy se manifiestan en esta crisis abierta.
¿Qué significa esto?
Más allá de la disputa contractual y judicial, lo que está en juego en Cali es un modelo de gestión de servicios urbanos esenciales. Si las medidas cautelares prosperan, los operadores privados podrían recuperar temporalmente su rol mientras se resuelve el litigio de fondo, lo cual daría cierta estabilidad operativa pero no resolverá la pregunta estructural sobre quién gestiona el aseo en el largo plazo. Si en cambio Emsirva asume sola la operación sin la capacidad técnica y financiera suficiente, el riesgo de colapso parcial del servicio es real y los ciudadanos —especialmente en zonas periféricas— serán los primeros afectados.
La intervención de Petro añade una capa de complejidad política. Su respaldo implícito a la gestión pública puede fortalecer a Emsirva frente a sus acreedores y socios privados, pero también puede politizar aún más una crisis que requiere soluciones técnicas y administrativas urgentes. Los caleños necesitan que la basura sea recogida: el debate ideológico sobre quién debe hacerlo es legítimo, pero no puede ir a expensas de la salud pública de una ciudad entera.
Perspectiva para América Latina
La crisis de Cali resuena en toda América Latina porque replica un dilema que viven decenas de ciudades en la región: la tensión entre la gestión pública y la privada de los servicios básicos. En países como Argentina, México, Brasil o Perú, la recolección de residuos ha sido históricamente un campo de disputa entre municipios con recursos limitados y operadores privados que buscan rentabilidad. La diferencia con el caso colombiano es la visibilidad política que le otorga la intervención del presidente de la República, convirtiendo un conflicto local en un síntoma del debate nacional sobre el rol del Estado en la economía.
Para las ciudades latinoamericanas que evalúan modelos de gestión de residuos, el desenlace de Cali será una referencia ineludible. Si la remunicipalización prospera con resultados positivos, fortalecerá los argumentos de quienes abogan por recuperar el control estatal de los servicios. Si fracasa, reforzará la posición de quienes defienden la participación privada regulada como garantía de eficiencia operativa.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en las decisiones judiciales sobre las medidas cautelares, en la capacidad real de Emsirva para sostener el servicio sin los operadores privados y en si el gobierno nacional traduce el pronunciamiento de Petro en algún tipo de apoyo concreto —financiero o técnico— a la empresa pública. Lo que ocurra en Cali determinará no solo el futuro del aseo en la ciudad, sino también el rumbo del debate sobre la gestión de servicios públicos en Colombia.
