El sistema pensional colombiano atraviesa una de sus crisis más delicadas en años recientes. El Gobierno nacional encendió las alarmas al amenazar con incumplir el pago de las mesadas pensionales a los afiliados de Colpensiones, tras conocerse dos fallos del Consejo de Estado que complican el panorama financiero del sistema público de pensiones.
¿Qué originó esta controversia?
Todo comenzó con la reforma pensional impulsada por el gobierno Petro, que habilitó una llamada ‘oportunidad de traslado’: una ventana temporal para que los trabajadores pudieran cambiar de fondo de pensión, ya fuera desde los fondos privados hacia Colpensiones o viceversa.
Cientos de miles de colombianos aprovecharon esa ventana y tomaron la decisión de trasladarse. El problema surgió cuando el Consejo de Estado emitió dos sentencias que cuestionan la legalidad de ese mecanismo, dejando en un limbo jurídico a quienes ya habían realizado el cambio y, sobre todo, a los recursos económicos que debían moverse con ellos.
¿De cuánto dinero se habla?
La cifra en disputa no es menor: 26 billones de pesos, equivalentes al ahorro pensional acumulado por las personas que se trasladaron a Colpensiones durante ese período habilitado por la reforma. Ese dinero, que técnicamente pertenece a los trabajadores que optaron por el cambio, permanece retenido en los fondos privados mientras se resuelve la controversia judicial.
Los fallos del Consejo de Estado impiden, por ahora, que esos recursos sean transferidos a Colpensiones, lo que genera una tensión financiera directa sobre la entidad pública, que debe garantizar el pago mensual de pensiones a sus afiliados.
La respuesta del Gobierno
Ante esta situación, el ejecutivo adoptó una postura confrontacional. En lugar de acatar los fallos sin más, funcionarios del gobierno advirtieron que el no traslado de esos recursos podría comprometer el pago de las mesadas a pensionados actuales. Una declaración que generó alarma entre miles de colombianos que dependen de esa prestación para su sustento diario.
Críticos y expertos en derecho pensional señalaron que las sentencias judiciales no pueden utilizarse como pretexto para dejar de cumplir obligaciones con los pensionados, pues se trata de derechos adquiridos protegidos constitucionalmente.
¿Por qué no se entrega el dinero si ya pertenece a los trasladados?
Aquí radica uno de los nudos más complejos del debate. Aunque esos 26 billones corresponden al ahorro de personas que ya tomaron la decisión de cambiarse de fondo, la orden judicial suspende cualquier movimiento de esos recursos mientras se analiza si la ‘oportunidad de traslado’ fue legalmente válida desde su origen.
Si los tribunales determinan que el mecanismo fue irregular, los traslados podrían quedar sin efecto, obligando a devolver todo el proceso a su estado anterior. Si, por el contrario, se valida la legalidad del traslado, Colpensiones debería recibir esos fondos y el sistema continuaría su curso.
Los riesgos reales para los pensionados
El presupuesto de Colpensiones para cubrir las mesadas de sus afiliados es ajustado y depende en parte de los flujos de nuevos recursos. Una demora prolongada en la resolución de este conflicto podría generar dificultades de liquidez para la entidad, aunque especialistas insisten en que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el pago de pensiones con independencia del resultado del litigio.
Mientras tanto, los fondos privados siguen administrando e invirtiendo esos 26 billones en instrumentos financieros del mercado local e internacional, como bonos y acciones, a la espera de una decisión definitiva.
El desenlace de este pleito marcará un precedente clave para el futuro de la reforma pensional y para la estabilidad de millones de colombianos que construyeron sus ahorros durante toda una vida laboral.
