El Departamento de Justicia de Estados Unidos trabaja activamente para presentar cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, según fuentes cercanas al caso. La iniciativa podría concretarse en los próximos días si un gran jurado así lo aprueba.
Una investigación con raíces en una tragedia de 1996
Entre los posibles cargos que los fiscales federales han estado analizando figuran los relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados cubano-estadounidenses ‘Hermanos al Rescate’, ocurrido el 24 de febrero de 1996. En aquel ataque, perpetrado por las Fuerzas Armadas cubanas, murieron cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.
Según personas familiarizadas con las deliberaciones internas, fiscales federales del Distrito Sur de Florida llevan meses construyendo este caso. El fiscal federal Jason Reding Quiñones lideró el impulso, aunque no todos sus colegas estuvieron de acuerdo: algunos fiscales de carrera en la oficina de Miami expresaron dudas sobre si existían pruebas suficientes para sostener una acusación formal.
Presión política desde el Congreso
El movimiento judicial no llegó en el vacío. Legisladores republicanos de origen cubano han presionado durante meses al Departamento de Justicia para que actúe. En una carta enviada en febrero a la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi, varios congresistas, incluido el representante Mario Díaz-Balart, urgieron a procesar a Castro.
En dicha carta, los legisladores citaron como prueba clave la existencia de una supuesta grabación de tráfico de radio que involucraría a pilotos cubanos de MiG y que indicaría que Castro, quien era entonces ministro de Defensa de Cuba, ordenó personalmente el derribo de los aviones mientras estos se encontraban en espacio aéreo internacional.
Raúl Castro, de 94 años y hermano del histórico líder Fidel Castro, figura como el principal objetivo de esta investigación, según las fuentes consultadas. El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un contexto de creciente tensión bilateral
La iniciativa judicial se enmarca en un momento de aguda tensión entre Washington y La Habana. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado el embargo económico contra Cuba e incluyó nuevamente a la isla en la lista de países que promueven el terrorismo.
A principios de año, Estados Unidos cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba tras capturar al presidente de Venezuela en una operación militar y obligar a su gobierno a suspender los envíos. Luego amenazó con aranceles a cualquier nación que proveyera crudo a la isla. El resultado ha sido devastador: la economía cubana se encuentra al borde del colapso, y las Naciones Unidas han advertido sobre un posible ‘colapso’ humanitario en el país caribeño.
La CIA en La Habana
En medio de esta escalada, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba para reunirse con funcionarios del gobierno cubano. Los detalles de esa conversación no han sido revelados públicamente. Sin embargo, La Habana señaló que sus representantes subrayaron que Cuba ‘no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos’ y que no existen ‘razones legítimas’ para mantenerla en la lista de patrocinadores del terrorismo.
La posible acusación formal contra Raúl Castro marcaría un hito histórico sin precedentes en las relaciones entre ambos países, y añadiría una nueva dimensión legal a una rivalidad que lleva más de seis décadas definiendo la política exterior estadounidense en América Latina.
