El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio este miércoles un paso sin precedentes en su pulso con La Habana: la imputación formal de Raúl Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas pertenecientes a la organización anticastrista Hermanos al Rescate. El anuncio estaba previsto para las 13.00 horas locales desde Miami, salvo un giro inesperado de última hora.
Un episodio de hace treinta años como base legal
Los cargos presentados contra el histórico líder cubano se remontan a un incidente que marcó las relaciones entre Washington y La Habana: el derribo de dos pequeñas aeronaves civiles en el que perdieron la vida cuatro tripulantes. Sus nombres: Armando Alejandre, de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario de la Peña, de 24, y Pablo Morales, de 29.
Investigaciones independientes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades concluyeron que el incidente ocurrió en aguas internacionales, lo que lo convierte en un ataque contra civiles indefensos. Cuba siempre sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo, presentando la acción como un acto legítimo de autodefensa.
En el momento de los hechos, Raúl Castro ejercía como ministro de Defensa, lo que lo sitúa en el centro de la cadena de mando que ordenó el derribo.
El paralelismo con Venezuela y Maduro
La maniobra recuerda de forma evidente a lo ocurrido con Nicolás Maduro. En marzo de 2020, Estados Unidos imputó al presidente venezolano por cargos de narcotráfico. Aquella acusación sirvió posteriormente como justificación legal para la intervención del pasado 3 de enero en Venezuela, que terminó con Maduro ante un tribunal en Nueva York. Ahora, analistas y observadores internacionales señalan que Washington podría estar trazando una hoja de ruta similar para Cuba, aunque varios expertos cuestionan la legitimidad jurídica de aquel precedente venezolano.
La imputación será presentada por el fiscal Jason Reding Quiñones, del distrito judicial sur de Florida, figura alineada con el trumpismo. El paso definitivo depende de que un gran jurado valide la viabilidad de los cargos.
Una batería de presiones sobre La Habana
La acusación no llega de forma aislada. Forma parte de una estrategia más amplia de presión estadounidense contra el régimen cubano que incluye sanciones individuales a dirigentes, la cancelación de los envíos de petróleo venezolano que sostenían la economía de la isla y una orden ejecutiva firmada el 29 de enero que abre la puerta a aranceles y sanciones secundarias contra países que suministren combustible a Cuba.
Quiñones ya había creado en marzo un grupo de trabajo para investigar penalmente a representantes del gobierno cubano, una iniciativa que desde el principio fue leída como el preludio de acciones similares a las emprendidas contra el entorno de Maduro.
Trump deja la puerta abierta al diálogo
Pese a la dureza de las medidas, el presidente Donald Trump no cerró este martes la posibilidad de un acuerdo diplomático con La Habana. ‘Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda: es una nación fallida. Vamos a dársela’, declaró el mandatario. ‘No nos va a resultar difícil de resolver’, añadió.
La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita sorpresa a La Habana para reunirse con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como ‘El Cangrejo’. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Washington estaría dispuesto a trabajar con él en caso de un relevo en el liderazgo cubano, siguiendo el modelo aplicado tras la caída de Maduro en Venezuela.
La jugada estadounidense combina así la presión judicial máxima con una mano tendida al diálogo, una fórmula que ya demostró su efectividad en Caracas y que ahora se pone a prueba frente a uno de los regímenes más longevos del hemisferio occidental.
