El gobierno de Estados Unidos dio un paso significativo en su guerra contra el narcotráfico al sancionar este miércoles a 12 personas y dos empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, con foco particular en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de fentanilo. La medida, ejecutada por el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), representa una de las acciones más específicas hasta la fecha contra la infraestructura financiera digital del crimen organizado mexicano.
Lo que distingue a este operativo de sanciones anteriores no es solo el número de personas señaladas, sino la naturaleza del mecanismo que se persigue: el cártel habría sofisticado su modelo de lavado de dinero, abandonando en parte los esquemas tradicionales de efectivo para migrar hacia activos virtuales que cruzan fronteras de forma casi invisible. Según la OFAC, el dinero generado por la venta de fentanilo en suelo estadounidense era convertido en criptomonedas y transferido a México, dificultando el rastreo por parte de las autoridades convencionales.
Contexto y antecedentes
El Cártel de Sinaloa es considerado desde hace años la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, con ramificaciones en decenas de países. Su facción conocida como ‘Los Chapitos’, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha sido el centro de la política antinarcóticos de Washington durante el gobierno de Trump, quien en enero de 2025 designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta nueva ronda de sanciones se inscribe directamente en esa lógica.
El fentanilo se ha convertido en el eje de la crisis de sobredosis en Estados Unidos: más de 70.000 personas murieron por este opioide sintético solo en 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La presión política para actuar contra sus redes de distribución es enorme, y la administración Trump ha hecho de este tema una bandera tanto de política interior como exterior, vinculándolo incluso con las tensiones arancelarias con México y China.
La coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México marca un matiz importante: el gobierno mexicano del presidente Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de cooperación técnica con Washington en materia financiera, aunque ha rechazado públicamente la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. Esta colaboración institucional sugiere que, más allá de las fricciones diplomáticas, los canales de inteligencia financiera entre ambos países siguen activos.
Los puntos clave
- La OFAC sancionó a 12 individuos y dos empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa por su rol en el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero mediante criptomonedas.
- Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como miembro de ‘Los Chapitos’, es señalado como coordinador del esquema de conversión de efectivo en activos digitales para transferirlos a México.
- Jesús González Peñuelas es acusado de liderar una célula con redes de distribución activas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, con operaciones que datan desde 2007.
- La UIF de México participó en el análisis fiscal y corporativo de los sancionados, identificando posibles estructuras adicionales de lavado vinculadas a activos virtuales.
- El operativo fue coordinado con la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., lo que refleja un enfoque interagencial y binacional.
¿Qué significa esto?
Las sanciones del Tesoro no equivalen a arrestos, pero tienen un impacto financiero inmediato y simbólico de considerable peso. El congelamiento de activos y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con los señalados corta fuentes de financiamiento y dificulta la operación cotidiana de estas redes. Más relevante aún es la señal que envía al ecosistema cripto: las autoridades estadounidenses están dispuestas a rastrear transacciones en blockchain, romper el anonimato percibido de las criptomonedas y usar esa evidencia como base para sanciones internacionales. Esto pone en jaque la creencia extendida en el crimen organizado de que los activos digitales son un refugio seguro.
Para México, el impacto es doble. Por un lado, la presión diplomática y mediática sobre su capacidad para desmantelar estructuras criminales dentro de su territorio aumenta. Por el otro, la participación activa de la UIF en el análisis de los sancionados ofrece a Ciudad de México una narrativa de cooperación que puede amortiguar las críticas desde Washington. Sin embargo, el hecho de que redes con presencia en múltiples estados norteamericanos operen durante años sin ser desarticuladas pone en evidencia la magnitud del desafío institucional que enfrentan ambos gobiernos.
Perspectiva para América Latina
Para América Latina, esta operación tiene implicaciones que van más allá de México. El uso de criptomonedas para el lavado de dinero del narcotráfico es un fenómeno creciente en toda la región: desde las organizaciones colombianas hasta las pandillas centroamericanas, el crimen organizado latinoamericano ha comenzado a incorporar activos digitales en sus esquemas financieros. Las técnicas de rastreo desarrolladas por la OFAC y aplicadas en este caso podrían convertirse en el estándar que organismos como la UNODC o el GAFI exijan a los países de la región, acelerando reformas regulatorias en materia de criptoactivos que muchos gobiernos han postergado.
Además, el caso ilustra cómo la geopolítica del narcotráfico afecta directamente las relaciones bilaterales en el hemisferio. Colombia, Ecuador, Guatemala y otros países que sirven como corredores o zonas de producción observan de cerca cómo Washington usa herramientas financieras —más que militares— para presionar a sus socios regionales. La cooperación o resistencia ante estas medidas se convierte en un termómetro de las relaciones de cada gobierno con la administración Trump.
Las sanciones anunciadas este miércoles son un paso en una estrategia más amplia que la administración Trump ha prometido intensificar a lo largo de 2025. Lo que resta seguir de cerca es si estas medidas logran desarticular efectivamente las redes señaladas o si, como ha ocurrido históricamente, el cártel adapta sus estructuras y continúa operando bajo nuevas fachadas. La respuesta del gobierno mexicano, los avances en el rastreo cripto y los posibles arrestos derivados serán los indicadores que determinen si este operativo marcará un antes y un después en la lucha contra el narcolavado digital.
