El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que alcanzó un incremento del 23 % —uno de los más altos en décadas—, prometía ser un alivio para millones de trabajadores. Sin embargo, un reciente informe revela que el efecto real ha sido paradójico: los trabajadores informales, que representan más de la mitad de la fuerza laboral del país, terminaron ganando proporcionalmente menos, mientras que quienes están en el sector formal quedaron atrapados en una escala salarial que no puede crecer al mismo ritmo que el mínimo legal.
El documento califica el incremento como ‘desproporcionado’ y advierte que, lejos de reducir la desigualdad, ha profundizado la brecha entre quienes tienen acceso a un empleo con todas las garantías legales y quienes sobreviven al margen del sistema. Este fenómeno pone sobre la mesa uno de los debates más urgentes de la política económica colombiana: si subir el salario mínimo de forma agresiva, sin reformas estructurales que lo acompañen, puede terminar perjudicando a los más vulnerables.
Contexto y antecedentes
Colombia tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas de América Latina, con estimaciones que ubican entre el 55 % y el 60 % de los trabajadores fuera del sistema formal de empleo. Esta realidad no es nueva: durante décadas, el país ha debatido cómo formalizar su mercado laboral sin lograrlo de manera sostenida. El salario mínimo, que se negocia anualmente entre gobierno, empresarios y sindicatos, se convirtió en una herramienta política tanto como económica, y los aumentos por encima de la inflación se han vuelto una constante en los últimos años.
El incremento del 23 % para 2026 se dio en un contexto de alta inflación acumulada y presión sindical, pero también en medio de señales de alerta por parte de organismos internacionales. La OCDE ya había advertido sobre el repunte inflacionario en Colombia y la caída en la inversión privada, factores que hacen más frágil cualquier política de expansión salarial que no esté respaldada por mayor productividad o crecimiento económico real. A ello se suma que más de 8.000 empresas optaron por pagar una multa al SENA antes que contratar aprendices tras la reforma laboral, lo que revela un ambiente empresarial cada vez más reticente a asumir nuevos costos laborales.
La reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado tensiones adicionales. Mientras el ejecutivo ha buscado fortalecer los derechos de los trabajadores formales, los críticos sostienen que las medidas han desincentivado la contratación y acelerado la expulsión de trabajadores hacia la informalidad, cerrando un círculo vicioso difícil de romper.
Los puntos clave
- El aumento del 23 % del salario mínimo en Colombia para 2026 es calificado como ‘desproporcionado’ por el informe, al no ir acompañado de mejoras proporcionales en el resto de la escala salarial.
- Los trabajadores informales, que no están sujetos al salario mínimo legal, han visto deteriorarse su poder adquisitivo relativo frente al costo de vida, quedando en una posición peor que antes del incremento.
- Los empleados formales en rangos medios de la escala salarial enfrentan un estancamiento, ya que sus salarios no pueden crecer al mismo ritmo que el mínimo sin generar presiones insostenibles para las empresas.
- Más de 8.000 empresas prefirieron asumir sanciones económicas antes que contratar nuevos aprendices, evidenciando una resistencia creciente del sector privado a los costos laborales adicionales.
- La OCDE rebajó su proyección de crecimiento para Colombia y alertó sobre inflación persistente y baja inversión, un escenario que hace más vulnerable cualquier política salarial expansiva.
¿Qué significa esto?
El fenómeno descrito es lo que los economistas denominan ‘efecto faro’ distorsionado: cuando el salario mínimo sube más rápido que la capacidad productiva de la economía, las empresas no pueden trasladar ese costo a sus trabajadores de rangos medios, generando una compresión de la escala salarial. El resultado es que quien gana el mínimo mejora nominalmente, pero el resto de la pirámide laboral se congela. Y quienes están en la informalidad —sin acceso a ese piso legal— simplemente quedan más rezagados frente a una inflación que no distingue entre empleados formales e informales.
El impacto político y social de este diagnóstico es significativo, especialmente con el cambio de gobierno en el horizonte. El próximo ejecutivo heredará no solo un coctel de problemas fiscales —como ya han advertido analistas— sino también un mercado laboral más fragmentado, con menor incentivo a la formalización y mayor presión sobre las clases medias. Si el ciclo se repite, los incrementos agresivos del mínimo podrían convertirse en un arma de doble filo que beneficia a pocos y perjudica a muchos.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano no es aislado en la región. América Latina ha experimentado en los últimos años una ola de incrementos agresivos del salario mínimo como respuesta a la inflación postpandemia y a la presión de movimientos sociales. Argentina, Chile, México y Bolivia han transitado caminos similares, con resultados mixtos. La lección que emerge de estos procesos es consistente: sin políticas complementarias de formalización, reducción de cargas para las pequeñas empresas y mejora de la productividad, los aumentos salariales tienden a beneficiar principalmente a quienes ya tienen empleo formal, mientras excluyen o perjudican a la mayoría informal.
Para los gobiernos latinoamericanos que observan el experimento colombiano, el mensaje es claro: el salario mínimo es una herramienta poderosa, pero insuficiente por sí sola. La verdadera protección del trabajador vulnerable requiere políticas de formalización activas, incentivos para las pequeñas y medianas empresas, y una macroeconomía estable que permita que los salarios reales crezcan de manera sostenida, no solo en el papel.
En las próximas semanas, el debate sobre el modelo económico que adoptará el nuevo gobierno colombiano promete intensificarse. Los indicadores de informalidad, la postura de los gremios empresariales y las recomendaciones de organismos como la OCDE y el FMI serán los termómetros a seguir para entender si Colombia encontrará una salida a este laberinto salarial o si, una vez más, la política de buenas intenciones terminará afectando a quienes más necesita proteger.
