Una denuncia de alto voltaje político sacudió el escenario electoral colombiano este domingo. El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, publicó una columna en la que acusa al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de haberse beneficiado de una presunta ‘coalición electoral’ con grupos armados ilegales durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La denuncia apunta directamente a lo que Martínez llama el efecto perverso de la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la autonomía del voto en ciertas regiones del país.
El exfiscal, quien ejerció el cargo entre 2016 y 2019 y es una figura de peso en el establecimiento jurídico colombiano, sustentó su análisis en cifras electorales de municipios donde la presencia de organizaciones armadas es históricamente significativa. Su argumento central es que el constreñimiento electoral —es decir, la presión sobre los votantes para que sufraguen por un candidato determinado bajo amenaza o coacción— habría operado de manera sistemática en favor de Cepeda en zonas donde grupos ilegales mantienen control territorial.
Contexto y antecedentes
Colombia atraviesa un ciclo electoral extraordinariamente tenso. Iván Cepeda, senador y figura emblemática de la izquierda colombiana, conocido por décadas de activismo en derechos humanos y por sus históricas denuncias contra el paramilitarismo y la corrupción estatal, se lanzó como candidato del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022. Su candidatura representa, en buena medida, una apuesta por la continuidad del proyecto político de Petro, en un contexto donde el mandatario no puede reelegirse.
La política de ‘paz total’, bandera del gobierno Petro, ha sido objeto de críticas crecientes desde sectores de centro y derecha, que argumentan que las negociaciones con grupos armados —entre ellos disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales— han generado zonas grises de impunidad y han fortalecido territorialmente a estos actores. Los críticos sostienen que ese fortalecimiento se traduce en mayor capacidad de control social, incluyendo la manipulación del voto en comunidades rurales y periféricas.
El propio Ejército Nacional ha sido arrastrado a la controversia: el comandante de las Fuerzas Militares emitió un mensaje público pidiendo que no se utilice la imagen de soldados heridos con fines políticos, en aparente referencia a material de campaña del petrismo, lo que evidencia el nivel de crispación institucional que rodea este proceso electoral.
Los puntos clave
- El exfiscal Néstor Humberto Martínez publicó una columna dominical en la que denuncia una presunta ‘coalición electoral’ entre la campaña de Iván Cepeda y grupos armados ilegales durante la primera vuelta presidencial.
- Martínez señala que la política de ‘paz total’ del gobierno Petro habría facilitado el constreñimiento electoral en regiones bajo control de organizaciones armadas, favoreciendo al candidato del Pacto Histórico.
- El análisis se basa en cifras electorales de municipios con alta presencia de actores armados, donde Cepeda habría obtenido resultados superiores al promedio nacional.
- El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia pidió que no se instrumentalice a los soldados heridos en campaña política, en medio de tensiones entre el estamento militar y el gobierno.
- La figura de Westcol, influenciador digital invitado por la candidata a la vicepresidencia de Cepeda, rechazó participar en actos de campaña, alegando que su comunidad exige propuestas concretas, lo que refleja el difícil terreno comunicacional de la fórmula.
¿Qué significa esto?
La denuncia del exfiscal Martínez no es un hecho menor. En términos jurídicos, el constreñimiento electoral es un delito tipificado en Colombia y puede tener consecuencias sobre la validez de los resultados en los territorios afectados. Más allá del plano legal, la acusación instala una narrativa política que podría condicionar la segunda vuelta: si una parte del electorado colombiano percibe que los resultados de la primera ronda estuvieron contaminados por presión armada, la legitimidad del proceso queda en entredicho, independientemente de lo que dictaminen los organismos electorales.
Para Iván Cepeda, la acusación representa un golpe reputacional delicado, precisamente porque su trayectoria política ha estado ligada a la denuncia de crímenes de Estado y violencia parainstitucional. Que ahora se le señale de beneficiarse de la coacción armada —aunque sea en el terreno de las denuncias políticas sin sentencia judicial— invierte simbólicamente su narrativa histórica. Para el gobierno Petro, la situación refuerza las críticas a la ‘paz total’ y complica el tramo final de su mandato en el plano político.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Colombia tiene resonancias profundas en América Latina, una región donde la interferencia de actores armados no estatales en procesos electorales no es una anomalía sino un patrón documentado. Desde México, donde el crimen organizado ha impuesto candidatos y eliminado aspirantes, hasta Venezuela, Ecuador o Haití, la pregunta sobre cómo garantizar elecciones libres en territorios capturados por la violencia es una de las más urgentes de la democracia regional. El caso colombiano, con su singular historia de décadas de conflicto armado entrelazado con la política, ofrece un laboratorio brutal pero iluminador sobre los límites de la institucionalidad electoral cuando el Estado no ejerce el monopolio de la fuerza en todo el territorio.
Para los organismos multilaterales como la OEA y la CEPAL, así como para los observadores electorales internacionales que siguen el proceso colombiano, estas denuncias obligan a reforzar los mecanismos de verificación en zonas de conflicto. La credibilidad de las elecciones colombianas no solo importa para Colombia: importa para toda una región que busca consolidar la democracia como único camino legítimo de alternancia en el poder.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en si la Registraduría Nacional o la Misión de Observación Electoral de Colombia abren investigaciones formales sobre las denuncias de Martínez, y en cómo responde la campaña de Cepeda ante acusaciones que, de tomar forma jurídica, podrían alterar radicalmente el panorama de la segunda vuelta presidencial.
