El hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, en un descampado de las afueras de Córdoba el 30 de mayo, sacudió a Argentina con una brutalidad que dejó sin palabras a buena parte del país. Lo que hace aún más escalofriante el caso no es solo la crueldad del crimen, sino la negligencia institucional que lo precedió: la policía tardó cuatro días en iniciar su búsqueda, asumiendo que la joven simplemente se había escapado ‘con un noviecito’.
La indignación tomó rostro en la conferencia de prensa posterior, cuando la periodista Laura Vilches interrumpió al fiscal Raúl Garzón —quien, tras negarse a hacer ninguna autocrítica, elogió al perro policial que encontró los restos— para confrontarlo en vivo. El video de su furia se volvió viral de inmediato, canalizando una rabia colectiva que excede con creces este caso puntual y apunta directamente al funcionamiento de un sistema que, según denuncian activistas y periodistas, falla de manera sistemática a las mujeres.
Contexto y antecedentes
El caso de Agostina no ocurrió en el vacío. Apenas dos días antes de que fuera encontrada, apareció el cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, dentro de un tanque séptico en un edificio abandonado en Misiones. Había estado desaparecida dos semanas y también murió asfixiada. El mismo sábado en que hallaron a Agostina, Noelia Romero, de 30 años, llamó aterrorizada a la policía para reportar que su novio la tenía de rehén. Los agentes llegaron al lugar pero esperaron horas a la puerta en espera de una orden judicial. Cuando finalmente ingresaron, Noelia ya estaba muerta.
Hace once años, en 2014, el asesinato de otra niña de 14 años —Chiara Páez— fue el detonante del movimiento ‘Ni Una Menos’, que desde entonces convoca cada 3 de junio a miles de personas en las calles argentinas para exigir el fin de la violencia machista. En más de una década, la organización ha contabilizado más de 3.200 víctimas letales de violencia de género en el país. La magnitud del número evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una crisis estructural.
A ese contexto histórico se suma el presente político: el gobierno de Javier Milei ha implementado recortes significativos a los programas e instituciones dedicados a la protección de la mujer y la prevención de la violencia de género. Paralelamente, tanto Milei como sus seguidores han sostenido un discurso abiertamente antifeminista que, según analistas y activistas, ha permeado en ciertos sectores sociales y mediáticos, generando lo que en Argentina se denomina un ‘clima de época’ adverso para los derechos de las mujeres.
Los puntos clave
- Demora policial fatal: Agostina Vega desapareció el 23 de mayo, pero la policía no inició su búsqueda hasta el 27, cuatro días después, ignorando los pedidos desesperados de su familia bajo el supuesto de que se había ido voluntariamente con un chico.
- Triple femicidio en una semana: En el mismo período, también fueron asesinadas Dulce María Beatriz Candia (17 años, Misiones) y Noelia Romero (30 años), quien murió mientras la policía esperaba afuera de su domicilio una orden judicial.
- Impunidad institucional: El fiscal del caso de Agostina rechazó cualquier autocrítica en conferencia de prensa y en cambio elogió al perro policial que encontró los restos, actitud que desató la confrontación pública de la periodista Laura Vilches.
- Recortes del gobierno Milei: La administración actual ha reducido el presupuesto y el alcance de los organismos estatales de protección a la mujer, en medio de un discurso político que cuestiona abiertamente las políticas de género.
- Más de 3.200 víctimas letales: Desde la fundación del movimiento ‘Ni Una Menos’ en 2015, la organización ha documentado más de 3.200 muertes por violencia de género en Argentina, lo que subraya la dimensión sistémica del problema.
¿Qué significa esto?
Lo que revelan estos casos en simultáneo es la existencia de dos fallas que se potencian mutuamente: una institucional y una cultural. La primera se traduce en protocolos policiales que minimizan las denuncias de mujeres desaparecidas, fiscales que no asumen responsabilidad ante errores graves y un sistema judicial que actúa con una lentitud que puede costar vidas. La segunda se manifiesta en la revictimización mediática —cuestionando cómo vestía Agostina o por qué salió sola— y en un discurso público que, desde las más altas esferas del poder, deslegitima las demandas feministas como si fueran un capricho ideológico y no una respuesta ante muertes concretas.
El impacto se siente en millones de mujeres argentinas que ven cómo los logros conquistados en años de movilización —protocolos de búsqueda, líneas de emergencia, juzgados especializados— son desmantelados o debilitados. La pregunta que articula la indignación colectiva es directa: si el Estado recorta los recursos y el discurso oficial normaliza el antifeminismo, ¿quién protege a las mujeres?
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno aislado en la región. América Latina concentra algunos de los índices más altos de femicidio en el mundo, y el debate sobre el desmantelamiento de políticas públicas de género resuena en varios países donde gobiernos conservadores o libertarios han reducido presupuestos o eliminado ministerios de la mujer. El movimiento ‘Ni Una Menos’, nacido en Buenos Aires, se expandió rápidamente a Chile, México, Perú y otros países latinoamericanos, evidenciando que la violencia estructural contra la mujer es un problema regional compartido. Lo que hoy se discute en Argentina —si los recortes tienen consecuencias letales— es una pregunta que también deben hacerse otros gobiernos de la región.
Además, el fenómeno de la revictimización y la complicidad mediática en estos casos es un patrón reconocible en toda América Latina. La viralización de la reacción de la periodista Laura Vilches no solo movilizó a Argentina: tocó una fibra común en sociedades donde la exigencia de justicia para las mujeres sigue enfrentándose a instituciones que preguntan qué hizo la víctima para merecer lo que le pasó.
Argentina está en una encrucijada. Las movilizaciones del 3 de junio, que este año volvieron a llenar calles en todo el país, marcan que la sociedad civil no está dispuesta a retroceder en silencio. Lo que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas es el avance judicial en los casos de Agostina, Dulce y Noelia, la respuesta —o ausencia de ella— del gobierno de Milei ante las críticas al desmantelamiento de políticas de género y si la presión popular logra traducirse en cambios concretos en los protocolos de actuación policial ante mujeres desaparecidas.
