Una fundación con sede en Catar recibió uno de los reconocimientos más significativos que puede otorgar el poder legislativo colombiano. El Congreso de la República de Colombia distinguió a Education Above All (EAA), organización humanitaria fundada por la familia real catarí, por su labor en defensa del derecho a la educación en un país que lleva décadas enfrentando los estragos de un conflicto armado interno que ha convertido a niños y escuelas en víctimas colaterales.
Los números detrás de este galardón son contundentes: la fundación ha apoyado la matrícula de más de 42.400 niños que estaban fuera del sistema escolar en Colombia, y ha beneficiado a otros 26.700 menores en situación de riesgo de abandono educativo. En un contexto donde cada dos semanas, en promedio, una escuela era ocupada o utilizada con fines militares, el trabajo de EAA adquiere una dimensión que va mucho más allá de la filantropía convencional.
Contexto y antecedentes
Education Above All es una fundación establecida en 2012 bajo el liderazgo de Moza bint Nasser, madre del actual Emir de Catar. Desde su creación, la organización ha centrado su misión en garantizar el acceso a la educación en zonas de conflicto, emergencia humanitaria y extrema pobreza, operando en más de 50 países. Su programa insignia, Educate A Child, es reconocido por agencias de la ONU como uno de los mecanismos más eficaces para reinsertar a niños excluidos del sistema educativo en contextos bélicos.
Colombia representa uno de los escenarios más complejos de la región: décadas de conflicto armado entre el Estado, guerrillas y grupos paramilitares han dejado cicatrices profundas en la infraestructura educativa rural. Según datos del Ministerio de Educación colombiano, las regiones más afectadas por la violencia registran tasas de abandono escolar hasta tres veces mayores que el promedio nacional. El uso de escuelas como refugios o posiciones militares —práctica documentada y condenada por el derecho internacional humanitario— ha sido uno de los factores que EAA ha buscado contrarrestar activamente a través de alianzas con autoridades locales y organizaciones civiles.
El galardón otorgado por el Congreso colombiano llega en un momento político particular: el gobierno del presidente Gustavo Petro ha apostado por una política de ‘paz total’ que incluye negociaciones simultáneas con múltiples actores armados, lo que coloca la protección de la infancia y la educación en el centro del debate sobre la reconstrucción del tejido social en territorios históricamente marginados.
Los puntos clave
- Más de 42.400 niños fuera de la escuela fueron reintegrados al sistema educativo gracias al apoyo directo de EAA en Colombia, una cifra que equivale a poblar varias escuelas grandes de manera simultánea.
- Otros 26.700 niños en situación de riesgo recibieron intervenciones preventivas para evitar que abandonaran sus estudios en zonas de conflicto o vulnerabilidad social.
- En promedio, cada dos semanas una escuela era utilizada con fines militares en Colombia, una práctica que viola el derecho internacional humanitario y que EAA ha contribuido a documentar y combatir.
- El Congreso de Colombia otorgó el galardón reconociendo explícitamente la contribución de la fundación a reforzar la protección de la educación frente a ataques, un reconocimiento inusual para una organización extranjera de origen árabe.
- Mohammed Saad al Kubaisi, CEO de EAA, lideró la representación de la organización ante las autoridades colombianas, consolidando una relación diplomática y humanitaria entre Catar y Colombia que trasciende los vínculos comerciales tradicionales.
¿Qué significa esto?
El reconocimiento del Congreso colombiano a una fundación catarí no es un gesto meramente protocolario: es una señal de que Colombia está reconociendo públicamente la importancia de la cooperación internacional multilateral —más allá de los bloques geopolíticos tradicionales— para resolver sus desafíos internos más urgentes. La educación en zonas de conflicto no solo es un derecho humano; es también un instrumento de construcción de paz a largo plazo. Cada niño que regresa a las aulas es un eslabón menos en la cadena de reclutamiento forzado, trabajo infantil y perpetuación del ciclo de violencia.
Para las comunidades directamente beneficiadas —en su mayoría rurales, indígenas o afrocolombianas en regiones como el Pacífico, el Catatumbo o el Bajo Cauca— el impacto es tangible e inmediato. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo la sostenibilidad: los programas de organizaciones externas como EAA son fundamentales en la emergencia, pero requieren que el Estado colombiano fortalezca su propia capacidad institucional para garantizar que esos 42.400 niños matriculados no vuelvan a quedar fuera del sistema cuando el apoyo internacional se retire.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano abre una conversación urgente para el conjunto de América Latina: la región alberga a millones de niños fuera del sistema escolar, no siempre por razones de conflicto armado directo, sino también por pobreza estructural, migración forzada y desastres naturales. Países como Venezuela, Haití, Honduras y Guatemala enfrentan crisis educativas de dimensiones similares, con escasa presencia de organismos internacionales con la capacidad operativa de EAA. La visibilidad que genera este galardón puede abrir puertas para que la fundación catarí —y otras organizaciones humanitarias de países del Golfo— amplíen su presencia en la región, diversificando las fuentes de cooperación más allá de los socios históricos de Europa y Norteamérica.
Asimismo, este reconocimiento pone sobre la mesa la necesidad de que los parlamentos latinoamericanos adopten marcos legislativos más robustos para proteger las escuelas en contextos de violencia, siguiendo la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso internacional al que Colombia se adhirió en 2015 y que EAA ha apoyado activamente en su implementación práctica.
La distinción otorgada por el Congreso colombiano a Education Above All marca un hito en la relación entre Colombia y Catar, pero sobre todo interpela al Estado colombiano sobre su responsabilidad de mantener vivos los logros alcanzados. En los próximos meses, será clave seguir de cerca si el gobierno de Petro traduce este reconocimiento simbólico en políticas públicas concretas que garanticen la continuidad educativa de los niños beneficiados, así como la extensión del modelo a otras regiones del país que aún esperan su turno.
