El gobernador con licencia del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se presentó este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar como testigo, casi un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara formalmente de narcotráfico y de mantener presuntos vínculos con Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. La comparecencia, que tuvo lugar en las instalaciones de la FGR en Culiacán, capital sinaloense, se produjo apenas tres días después de que la propia fiscalía citara a Rocha y a otros nueve funcionarios señalados por Washington.
El mandatario, militante del partido oficialista Morena, se presentó con lo que describió como ‘la frente en alto’ y reiteró su inocencia. En sus redes sociales, Rocha aseguró tener ‘la firme determinación de acudir a todo llamado’ de las autoridades investigadoras y dijo confiar plenamente en el sistema de justicia mexicano. Su declaración, sin embargo, no despeja el denso panorama político y de seguridad que rodea a uno de los estados más convulsionados por la violencia del narcotráfico en México.
Contexto y antecedentes
El 29 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra Rocha y otras nueve personas, entre ellos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal de Sinaloa, a quienes señaló de narcotráfico y de supuesta colaboración con Los Chapitos. Esta facción del Cartel de Sinaloa ganó protagonismo tras la captura y posterior condena a cadena perpetua de ‘el Chapo’ Guzmán en 2019, y se ha convertido en uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del continente.
Washington no solo emitió los cargos, sino que también solicitó formalmente a México la detención provisional de los acusados con fines de extradición. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa petición argumentando que no existían pruebas suficientes para justificar tal medida. La mandataria instruyó a la FGR para que condujera su propia investigación y advirtió que, si no se encuentran evidencias sólidas, habrá elementos para concluir que las acusaciones estadounidenses tuvieron motivaciones políticas y buscaron interferir en asuntos internos de México.
Ante el escándalo desatado, Rocha solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo el 1 de mayo, alegando que así facilitaría el desarrollo de las investigaciones. El Congreso local de Sinaloa aprobó la solicitud al día siguiente. El gobernador, quien llegó al poder tras las elecciones locales de 2021 y cuyo mandato debía extenderse hasta 2027, quedó así alejado del ejercicio formal del gobierno mientras su situación jurídica permanece en el aire.
Los puntos clave
- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, declaró este martes como testigo ante la FGR en Culiacán, reiterando su inocencia frente a las acusaciones de narcotráfico formuladas por Estados Unidos.
- El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó el 29 de abril a Rocha y a otras nueve personas de narcotráfico y vínculos con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, y solicitó su detención provisional para extradición.
- México rechazó la solicitud de detención argumentando falta de pruebas suficientes, y la presidenta Sheinbaum advirtió que las acusaciones podrían tener motivaciones políticas.
- Uno de los acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya fue detenido en territorio estadounidense y tiene prevista una audiencia judicial en Nueva York para el 1 de junio.
- Rocha obtuvo licencia temporal del gobierno estatal el 2 de mayo, medida que él mismo solicitó para, según dijo, no obstaculizar las investigaciones en su contra.
¿Qué significa esto?
La comparecencia de Rocha ante la FGR representa un primer movimiento formal dentro de un proceso que promete ser largo, complejo y con enormes implicaciones diplomáticas. Que el propio gobernador haya acudido voluntariamente a declarar —aunque como testigo y no como imputado— puede interpretarse tanto como un gesto de colaboración institucional como una maniobra política para mostrar transparencia ante la opinión pública. Lo que está claro es que la investigación de la FGR será el termómetro clave para medir hasta qué punto México está dispuesto a cooperar con Washington en un caso que toca directamente la soberanía nacional y la integridad de sus instituciones.
El caso Rocha expone una tensión estructural en la relación México-Estados Unidos: la disputa sobre quién tiene jurisdicción para investigar y juzgar presuntos delitos que involucran a funcionarios electos mexicanos. Si la FGR concluye que no hay méritos suficientes, el conflicto diplomático se profundizará. Si, en cambio, encuentra evidencias que respalden los cargos, el país se enfrentará a un escenario políticamente explosivo: un gobernador de Morena, el partido en el poder, potencialmente vinculado al crimen organizado. A ello se suma el precedente que sienta la detención de Mérida Sánchez en suelo estadounidense, lo que muestra que Washington puede actuar de forma unilateral si considera que México no avanza con suficiente celeridad.
Perspectiva para América Latina
El caso del gobernador de Sinaloa resuena con fuerza en toda América Latina, donde la narrativa de funcionarios acusados de nexos con el narcotráfico no es nueva, pero sigue siendo profundamente desestabilizadora. Países como Honduras, Guatemala, Ecuador o Colombia han enfrentado escenarios similares en los que funcionarios de alto rango han terminado extraditados o procesados bajo presión de Estados Unidos. En ese contexto, la resistencia de México a aceptar la solicitud de detención de Washington marca una diferencia importante: a diferencia de naciones con menor margen de negociación, México posee el peso geopolítico y económico suficiente para disputar la narrativa y exigir que sus propias instituciones lideren la investigación.
Para la región, este caso también plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuán profunda es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder legítimas? La respuesta no es exclusiva de México. América Latina observa este proceso con atención, sabiendo que sus propias instituciones no están inmunes a dinámicas similares, y que la forma en que México maneje este episodio podría sentar un precedente sobre cómo los Estados de la región responden a la presión externa en materia de seguridad y soberanía.
El caso continuará desarrollándose en múltiples frentes simultáneos: la investigación interna de la FGR, la audiencia judicial de Mérida Sánchez en Nueva York el próximo 1 de junio, y la tensión diplomática latente entre México y Estados Unidos. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo el futuro político de Rubén Rocha, sino también el tono de la relación bilateral en uno de los temas más sensibles de la agenda compartida: el combate al narcotráfico y el respeto a la soberanía.
