Una voz entrecortada desde una prisión en el oeste de Irán. Palabras apresuradas, como si el tiempo se agotara. Así sonaba el último mensaje de Mehrab Abdollahzadeh, grabado desde el corredor de la muerte de la cárcel central de Oromiyeh.
‘Esta puede ser la última vez que escuchen mi voz’, decía el hombre en un audio obtenido por la Red de Derechos Humanos del Kurdistán. Aseguraba ser inocente, que sus confesiones habían sido arrancadas bajo tortura, y que los cargos en su contra eran completamente falsos.
No logró salvarse. Fue ejecutado a comienzos de este mes, tras 42 meses de detención, convirtiéndose en uno más dentro de una escalada brutal de ejecuciones con motivación política en Irán.
Una oleada de ejecuciones sin precedentes recientes
Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el pasado 28 de febrero, la ONU ha verificado la ejecución de al menos 32 presos políticos. La cifra total de ejecuciones por cargos de motivación política en lo que va de 2025 asciende a 45, según datos de Amnistía Internacional, lo que representa un incremento alarmante respecto al año anterior.
El año pasado, el régimen iraní ejecutó a 2.159 personas, la cifra más alta registrada desde 1989, aunque la gran mayoría correspondía a delitos relacionados con drogas o crímenes violentos. Ahora, la ONU teme que 2025 supere ese récord.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que la pena de muerte se está convirtiendo en una herramienta sistemática para silenciar la disidencia. Un portavoz del organismo confirmó a la BBC su preocupación de que algunas ejecuciones se estén llevando a cabo en secreto, sin ningún tipo de anuncio oficial.
El perfil de los condenados
Entre las personas ejecutadas este año hay casos que revelan la amplitud de la represión. Varias fueron acusadas de espiar para Israel o la CIA. Otras, de pertenecer a grupos de oposición en el exilio. Catorce de ellas fueron arrestadas en relación con el levantamiento popular de enero, sofocado con violencia letal que dejó miles de muertos.
Uno de los casos que más impacto generó fue el de Sasan Azadvar, un campeón de kárate de apenas 21 años, originario de la ciudad de Isfahán. La televisión estatal iraní emitió un reportaje sobre su ejecución. Había sido condenado por ‘moharabeh’, es decir, ‘declarar la guerra a Dios’, y por ‘colaboración efectiva con el enemigo’, tras atacar a fuerzas policiales durante las protestas de enero.
En su confesión televisada, se le ve admitiendo haber usado un palo para romper la ventanilla de un coche patrulla y haber solicitado gasolina para incendiarlo. Sin embargo, no fue acusado de ningún delito de sangre, que según el derecho internacional es el umbral mínimo exigido para aplicar la pena capital.
El miedo como herramienta de gobierno
Para los expertos en derechos humanos, la lógica detrás de esta escalada es clara. Kaveh Kermanshahi, de la Red de Derechos Humanos del Kurdistán, lo explica sin rodeos: el régimen busca proyectar una imagen de control en un momento de máxima fragilidad.
‘En un momento en que se enfrenta a múltiples crisis internas y externas, intenta mediante una represión intensificada hacer una demostración de poder y lanzar el mensaje: sigo aquí y sigo controlando la situación’, señala.
Nassim Papayianni, de Amnistía Internacional, describe la cotidianidad del horror: ‘La población iraní se despierta casi a diario con anuncios de ejecuciones. Las autoridades las utilizan como arma de represión política, para infundir miedo y aplastar cualquier forma de disidencia’.
Las ejecuciones se llevan a cabo al amanecer, por ahorcamiento. Algunos casos se anuncian públicamente. Otros, temen los organismos internacionales, ocurren en la más absoluta oscuridad.
Mientras la comunidad internacional observa con alarma creciente, en las prisiones de Irán siguen resonando voces que temen ser las últimas.
