El Parlamento israelí, conocido como la Knesset, aprobó este lunes la creación de un tribunal militar especial destinado a juzgar a palestinos sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que perdieron la vida aproximadamente 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas, según cifras oficiales israelíes.
Un tribunal con capacidad para aplicar la pena capital
La legislación aprobada contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte y está diseñada para procesar a entre 300 y 400 gazatíes que Israel mantiene bajo custodia desde aquella jornada, aunque hasta ahora sin cargos formales ni procedimientos judiciales que respaldaran esas detenciones.
El respaldo parlamentario fue amplio y transversal: 93 diputados, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, votaron a favor. Ningún legislador votó en contra, mientras que 27 se abstuvieron o no estuvieron presentes en la sesión.
Entre los delitos por los que el nuevo tribunal podrá condenar a los procesados figuran genocidio, traición, colaboración con el enemigo en tiempos de guerra, violación de la soberanía territorial y terrorismo. Quienes sean sentenciados quedarán automáticamente excluidos de cualquier futuro acuerdo de liberación de presos.
La última ejecución en Israel fue la de un nazi
La pena de muerte no se ha aplicado en Israel desde 1962, cuando fue ejecutado Adolf Eichmann, el oficial nazi capturado por los servicios de inteligencia israelíes en Buenos Aires. La nueva ley se apoya en la legislación israelí de prevención del genocidio de 1950 para habilitar esa sanción extrema.
Esta medida llega meses después de que Israel aprobara, el pasado 30 de marzo, otra norma que permite la pena capital para palestinos condenados por matar a israelíes. Sin embargo, esa ley no tiene carácter retroactivo, lo que impedía su aplicación a los detenidos tras el 7 de octubre. La normativa aprobada este lunes resuelve precisamente esa laguna legal.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
La iniciativa no ha estado exenta de controversia. Distintas organizaciones de derechos humanos han expresado en un comunicado conjunto su profunda preocupación por el proceso que se avecina. Denuncian que el tribunal carecerá de las garantías procesales mínimas y de independencia judicial real.
Además, advierten de que los procedimientos podrían estar viciados por el uso de confesiones obtenidas bajo tortura, tras más de dos años y medio de detención preventiva sin cargos. También critican que algunas fases del juicio serán retransmitidas a través de una página web creada específicamente para ello, lo que a su juicio convierte el proceso en un ‘juicio espectáculo’ con un marcado carácter ejemplarizante y vengativo.
Los expertos recuerdan, además, que este tribunal se integrará dentro del sistema judicial militar con el que Israel procesa a los palestinos en los Territorios Ocupados, un sistema que numerosos analistas y organismos internacionales describen como parte de una estructura de gobernanza discriminatoria.
Voces desde el hemiciclo
Simcha Rothman, uno de los impulsores de la ley y miembro del partido Sionismo Religioso, celebró la aprobación desde la tribuna y definió el nuevo marco como ‘histórico y destinado a impartir justicia’. Por su parte, Yulia Malinowski, parlamentaria de la formación opositora Israel Nuestro Hogar y coimpulsora de la iniciativa, aseguró que estos serán ‘los juicios de los nazis de la actualidad’.
Sin embargo, la sesión no transcurrió sin tensiones. Un grupo de familiares de víctimas del 7 de octubre se hizo escuchar desde la tribuna de visitantes para reclamar que la rendición de cuentas también alcance a quienes gobernaban Israel cuando ocurrió el mayor atentado de su historia. Una exigencia que, por ahora, el Parlamento no parece dispuesto a atender.
La aplicación práctica del tribunal podría retrasarse debido a disputas entre distintos ministerios sobre quién debe financiar su funcionamiento, según fuentes parlamentarias.
