Tres comisarios europeos han respaldado formalmente mediante carta la decisión de España de utilizar remanentes de los fondos Next Generation EU para financiar pensiones mínimas y pasivas. La misiva, dirigida a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, consolida por escrito una postura que ya había sido adelantada verbalmente días atrás.
Tres pesos pesados de Bruselas firman el respaldo
Los comisarios de Economía, Valdis Dombrovskis; de Presupuesto, Piotr Serafin; y de Cohesión y Reformas, Rafaelle Fitto, son los firmantes del documento. Su carta llega después de que el propio Fitto defendiera oralmente esta misma tesis ante la Eurocámara hace apenas una semana.
El vicepresidente italiano ya había señalado entonces que, si bien el pago de pensiones y otros gastos corrientes no son elegibles directamente para estos fondos, los Estados miembros sí pueden utilizar ‘temporalmente parte de la liquidez proveniente de los desembolsos del Mecanismo de Recuperación para cubrir otros gastos presupuestarios’. Estas operaciones, subrayó, ‘son temporales y no afectan la protección de los fondos de la UE’.
Una postura alineada con el Tribunal de Cuentas español
La carta de los tres comisarios, filtrada a varios medios de comunicación españoles, coincide en lo esencial con el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Cuenta General del Estado de 2024. Aquel organismo aprobó las cuentas en su conjunto, aunque no sin advertencias.
El Tribunal señaló que ‘la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados’, dado que existía una ‘incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio’. Una crítica de forma, no de fondo, que los comisarios parecen compartir en parte.
Bruselas pone el límite en la legalidad nacional
Dombrovskis, Serafin y Fitto dejan claro, sin embargo, que su conformidad está condicionada al respeto de la legislación presupuestaria española. ‘Si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron todas las normas aplicables en virtud de la legislación presupuestaria española es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna’, señalan en la carta.
Y concluyen de forma contundente: ‘Estos no ponen en duda la utilización legal de los fondos de NextGenerationEU con arreglo al Derecho de la Unión’. Un mensaje que cierra, al menos desde la perspectiva comunitaria, el debate sobre la legalidad europea de la operación.
Un asunto que divide a la Eurocámara
El asunto, no obstante, sigue generando tensión política. Partidos como el PP y Vox han presentado preguntas formales en el Parlamento Europeo sobre el presunto desvío de fondos comunitarios hacia el pago de pensiones. La controversia ha reabierto además el tradicional debate entre los países del norte y del sur de Europa sobre la gestión de los recursos europeos.
Con una cifra que ronda los 2.300 millones de euros en el punto de mira, el episodio pone de relieve las tensiones entre la flexibilidad que reclaman algunos gobiernos en el uso de los fondos de recuperación y la exigencia de transparencia y justificación que demandan los organismos de control, tanto nacionales como europeos.
